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Voces disidentes se levantan en Mendoza

La contumacia de los gobernantes mendocinos y de los estratos económicos más poderosos y renuentes a compartir el agua que también le pertenece a nuestra provincia, a menudo postergan las noticias relativas a posturas divergentes que, generalmente, proceden de otros sectores políticos y económicos. Algo de eso se pudo atisbar en el reciente «Encuentro por los ríos interprovinciales y el agua pura», organizado por la Coordinadora Pampeana por los Ríos y el Medio Ambiente -del que participan organizaciones de Río Negro, Neuquén, Mendoza, Buenos Aires y San Juan- que se realizara en nuestra ciudad. En esa oportunidad representantes de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, una entidad no oficial, declararon que el apoyo indiscriminado a Portezuelo del Viento «es solamente del gobierno de Rodolfo Suárez», y remarcaron la condición de bien común que tiene el agua y la necesidad del estudio de impacto ambiental en toda la cuenca. Esto confirma la percepción de que, por debajo de la persistente postura oficial, existe en Mendoza una opinión popular que apunta a una distribución equitativa de las aguas del río Atuel para ambas provincias.
Para más en la reciente audiencia pública sobre el tema en la provincia cuyana (que debió realizarse en forma virtual por las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional) los participantes no oficiales dieron a conocer una durísima declaración, coherente con lo ya señalado en la reunión de Santa Rosa, acerca de que la política oficial «prioriza las supuestas ganancias que traería aparejada la obra Portezuelo del Viento frente al derecho a participar de quienes seremos afectados por las obras» adjudicándole a la misma un carácter esencialmente económico que se desentiende de los perjuicios que ocasionaría en el resto de la cuenca.
Algunas de las voces disidente no vacilaron en afirmar que en ese concepto de la obra se advierte el lobby de las grandes empresas que, como es sabido, a la hora de operar no ahorran recursos y juegan cartas fuertes. La afectación de derechos que señala esa porción de mendocinos no es escasa: erradicación del pueblo de Las Loicas, que quedaría bajo el agua; nuevo trazado de la ruta que pasa por la localidad y la construcción de una línea de alta tensión que trasporte la energía producida por la represa, un aspecto del proyecto que los expertos ponen en duda. Un detalle no menor lo constituye el desconocimiento del tema por parte de los puesteros de la zona y de cómo los afectaría la construcción del dique. La obligada ausencia de representantes del sector en la audiencia virtual, fue notoria.
Es notable como en menos de seis meses la solitaria postura de La Pampa sosteniendo que el objetivo de la represa es beneficiar únicamente a Mendoza, en virtud de la divulgación informativa posibilitó que se manifiesten sectores disidentes en la provincia vecina, hasta ahora ignorados en forma sugestiva. Demás está decir que resulta positivo el hecho de que el concepto de «unidad de cuenca» haya prendido en base al razonamiento y sin prestar atención a concepciones unilaterales de un modelo inviable para el conjunto de las provincias condóminas.