¿Y la seguridad de los menores?

El relato del defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia ante los diputados no pudo ser más escalofriante. Hay que ser muy indiferente -o irresponsable- para no sensibilizarse con el cuadro que pintó el funcionario sobre lo que sucede en las calles de nuestra ciudad, a escasos metros de las rejas y candados que protegen nuestros domicilios.
Chicos que se extravían y aparecen al poco tiempo en el Lucio Molas con “signos de explotación sexual y abuso” no es algo de lo que estamos acostumbrados a hablar los pampeanos. Más bien resulta una descripción propia de la crónica roja que nos suele llegar de los grandes centros urbanos del país “tan alejados” de nuestro tranquilo paisaje provinciano y sus bucólicas siestas.
Los “niños” son uno de los blancos preferidos de los discursos políticos. No hay dirigente -o candidato, ya que estamos en vísperas electorales- que no se desviva por mostrar sensibilidad por ellos, que no busque endulzarnos los oídos con sus desvelos por “el futuro de la provincia” o “de la patria”, lo mismo da. Pero cuando el defensor nos advierte que la policía recibe la denuncia de, al menos, “un extravío por día” y que, para peor “no hay datos concretos sobre la cantidad de chicos perdidos en La Pampa” por la sencilla razón de que todavía no se ha habilitado un registro provincial de menores extraviados, aquellos edificantes discursos se desmoronan como un castillo de naipes.
En tanto tenemos a un ministro de Seguridad que disfruta el ejercicio de su poder ordenando a la policía husmear sobre las simpatías ideológicas de los estudiantes universitarios -llegando al extremo de encarcelarlos para averiguar sus “antecedentes”- o, como acaba de ocurrir, encerrando a una mujer policía privándola de amamantar a su hijo. Mientras el recio funcionario entiende que ésa es su misión en la vida ¿cuál es la “seguridad” que tienen hoy los chicos que se extravían en las calles de la ciudad? El defensor de menores fue absolutamente claro: ninguna. Y para hacer las cosas más difíciles ahí está el cepo informativo que el ministro ordenó para proteger su foja de servicios, aún al precio de mantener desinformada a la sociedad que le paga el sueldo.
Después de este bochorno institucional cuyas consecuencias pagan, desde luego, los sectores más vulnerables de la población, todos esperamos que, sin discursos de por medio -por favor- los señores legisladores no levanten sus asentaderas de sus cómodas bancas sin un proyecto de ley, que el Ejecutivo la promulgue en forma inmediata y que sus señorías de la Justicia se pongan a disposición -y no en “tiempos judiciales”- para poner en marcha este instrumento que nos diga cuál es la real magnitud de este horror que se vive en silencio en las calles de la ciudad a fin de luchar contra él con más energía y eficacia.
En la lista de las malas noticias que hemos recibido este año los pampeanos -muchas de ellas a causa de las políticas de un gobierno nacional insensible a los padecimientos de los sectores populares- ésta figura entre las que encabezan ese ránking ominoso.