Y lamentablemente el gobierno argentino coincidió con Trump

El 6 de octubre será recordado como un día funesto para la Patria Latinoamericana. Venezuela fue demonizada en Ginebra y Argentina le dio una puñalada trapera.
Por SERGIO ORTIZ

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU funciona en Ginebra y está integrado por representantes de 47 naciones, entre ellas Argentina. En ese sitio se libran batallas políticas entre distintos gobiernos con motivo de los Derechos Humanos. Éstos en definitiva son una cuestión política. De lo contrario sería inexplicable que el martes 6 el gobierno bolivariano haya sido demonizado como violador de aquellos derechos por países que se llevan muy bien con Washington. Y que, en cambio, las represiones antipopulares y contra afroamericanos decididas por el gobierno de Donald Trump, no fueran sentenciadas.
Las supuestas violaciones a las libertades que habría cometido Nicolás Maduro merecen la pena capital. En tanto el grito de «No puedo respirar» de George Floyd y los de tantas víctimas del racismo estadounidense no se escucharon en la ciudad suiza.
EE UU no está sentado formalmente en esa mesa de 47 representantes; en este tema como en otros habla por medio de sus asociados Brasil, Perú, Chile y otros vasallos del Cartel de Lima. El libreto es el que empezó a pergeñar en julio de 2019 en su viaje a Caracas, única visita «in situ», la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet.
Es un libreto repetido. En septiembre y luego en diciembre de aquel año la Alta o Baja Comisionada, según se mire su estatura moral y política, hizo en Ginebra una actualización oral de su racconto contra Venezuela. Reiteró que había represiones policiales, 118 presos políticos, secuestros y torturas, violaciones, diputados de la oposición desaforados y algunos de ellos detenidos como Juan Requesens, etcétera.
Una rara dictadura la bolivariana pues el Informe Bachelet afirmaba que su oficina «ha realizado nueve visitas a centros de detención gestionados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Ministerio de Defensa». «El equipo logró entrevistar de manera confidencial a más de 70 personas privadas de libertad», añadía.

Siempre Bachelet.
Esas facilidades gubernamentales no se las hubieran dado Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera, Martín Vizcarra ni la golpista Jeanine Añez, que sí tienen muchos visos dictatoriales. ¿Habría tenido esas franquicias de Trump para visitar centros de detención en EE UU y poder documentar las balaceras de las fuerzas policiales locales y federales contra el movimiento «Black Lives Matter» (Las vidas de negros importan)?
Siempre habrá políticos latinoamericanos y argentinos listos para alinearse con la Casa Blanca. El 23 de enero de 2019, anticipándose a Bachelet y buscando el aplauso de Trump, Sergio Massa tuiteó: «El mundo le da la espalda a la dictadura de Maduro y empiezan a soplar vientos de libertad en Venezuela».
De todos modos, más allá de los intentos de esos trumpistas, será difícil sacarle la «pole position» a Bachelet en la carrera por demonizar a Venezuela. Fue en inspección en julio de 2019 y elaboró su primer informe, presentado en septiembre y diciembre de ese año en Ginebra, siempre condenando a Caracas.
Y arrancó 2020 con otra actualización el 27 de febrero, con la reiteración de sus acusaciones sobre derechos humanos contra el país sudamericano. Las mismas se ampliaron en julio y septiembre de este año, con otro informe adverso a Maduro en la sede del Consejo de DDHH. Se afirmó que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco estaban sometidos a graves abusos y violencia que causaron 149 muertos desde 2016. El acusado directo no era el gobierno bolivariano sino «grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como sindicatos». Es más, el informe reconocía que «a pesar de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería». De todos, otra vez se lanzó fuego a granel contra la administración Maduro.
La última demonización ocurrió el 6 de octubre, cuando el Cartel de Lima presentó a votación una actualización oral del anterior Informe Bachelet, reiterando sus sesgadas y en gran medida falsos cargos contra el gobierno bolivariano. Fue aprobado con 22 votos a favor, 3 votos en contra (Venezuela, Eritrea y Filipinas) y 22 abstenciones. Otra puñalada a Maduro. Lo peor es que Argentina participó de ese crimen político, rompiendo su línea habitual no injerencista, a diferencia de México.

Argentina desleal.
El representante Federico Villegas Beltrán votó por lo amañado por el Cartel de Lima. Para que no se repitieran críticas a este diplomático y el canciller Felipe Solá, como había ocurrido el 26 de septiembre en este tema, esta vez el Palacio San Martín emitió un comunicado aclarando que las posiciones adoptadas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fueron por instrucción expresa del presidente Alberto Fernández. O sea una posición oficial del gobierno, cuyos motivos son fácilmente advertibles si se repara que ese mismo día, el martes 6, arribaba a Buenos Aires una nueva misión del FMI que viene a tomar examen y requerir el pago de los 45.000 millones de dólares que Mauricio Macri les quedó debiendo.
La resolución del Consejo de Derechos Humanos extiende por dos años el mandato de la Misión Internacional creada en 2019 para investigar violaciones de los derechos humanos en Venezuela. O sea que la campaña de mentiras y difamación tiene otros dos años de extensión a pesar que el 31 de agosto Maduro indultó a 110 presos políticos.
A manera de premio consuelo por aquella derrota, Venezuela logró votar en el Consejo una resolución que destacaba los «progresos registrados en el país en los últimos tiempos». El límite fue que resultó aprobado sólo con 14 votos contra 7 rechazos. La mayoría se abstuvo, Argentina entre los 25 países que ni siquiera dieron un petit consuelo a Caracas.
Numerosas voces políticas y mediáticas se alzaron en crítica a lo que se considera una deslealtad argentina. Una de las más escuchadas, Alicia Castro, quien renunció como embajadora designada en Rusia; el Frente Grande, PC, PL, ATE, Comisión de Solidaridad con Venezuela, Víctor Hugo Morales, Cynthia García, Carlos Aznarez, Fernando Borroni y muchísimos más. Ese amplio espectro denunció el bloqueo norteamericano reforzado desde 2015 contra Venezuela, con todas las consecuencias negativas económicas y sociales. Y también puso de resalto todo lo que ayudó Venezuela a nuestro país en los duros años post crisis de 2001-2002.
Solamente un comunicado del PRO, firmado por Patricia Bullrich y Fulvio Pompeo podía salir públicamente a saludar lo votado por los Fernández, al dar ese giro pro-norteamericano. Aclararon que ellos, los amarillos, eran los padres de esa criatura. Sí. No hace falta hacer el ADN para saber que Macri es el padre y Bullrich la madre de ese mal nacido.