El futuro de la libertad de expresión en internet

La Corte Suprema de los EEUU comenzó a debatir esta semana dos casos cuya resolución podría reformular todo el sistema. Se trata de las leyes de los estados de Florida y Texas que pretendían prohibir que las plataformas supriman posteos de sus usuarios.

 

POR JOSÉ ALBARRACÍN

 

La Corte Suprema de los EEUU comenzó a debatir esta semana dos casos cuya resolución podría reformular todo el sistema de libertad de expresión cuando se ejerce a través de las plataformas de internet. Se cuestiona la constitucionalidad de sendas leyes de los estados de Florida y Texas -notoriamente conservadores- que pretendían prohibir a las compañías como Facebook, Tiktok, Youtube o X (ex Twitter) que supriman posteos de sus usuarios. Para resolver el caso, los jueces deberán determinar si la situación de esas plataformas se asimila a los medios de prensa tradicionales como los diarios, o si por el contrario son más parecidas a un centro comercial, o a una compañía telefónica.

 

Diferencia.

 

El detalle no es menor. Si se considera, por caso, que Facebook tiene la misma potestad editorial que un periódico convencional, entonces la Constitución le prohíbe terminantemente al gobierno que interfiera de cualquier manera en sus decisiones sobre lo que publica u omite publicar. Si, por el contrario, se trata de algo parecido a un "shopping center", el estado podría requerirle que no impida el derecho de expresión de sus clientes, como el reparto de panfletos. Finalmente, si la situación es más afín a la de las compañías telefónicas, no hay dudas de que tienen la obligación de transmitir todos los mensajes que canalizan sus usuarios, sin interferencia alguna.

 

Las leyes que ahora se cuestionan -los demandantes son NetChoice y la Computer & Communications Industry Association- tienen un claro origen reaccionario: se sancionaron como respuesta a la política editorial de algunas de esas compañías de internet, y principalmente de Twitter, que decidieron eliminar comentarios del ex presidente Donald Trump en los que éste diseminaba información falsa sobre las elecciones de 2020. Esta información falsa demostró ser particularmente dañina a la luz del motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington.

 

Tanto el gobernador de Florida, Ron De Santis, como el texano Greg Abbott, coincidieron en declarar públicamente que el propósito de estas leyes era proteger la diseminación de los puntos de vista conservadores, en contraposición a lo que entienden sería la ideología reinante en las compañías de internet.

 

Difícil.

 

La verdad es que resulta difícil predecir la solución del caso, a no ser que se considere la abrumadora mayoría reaccionaria de la actual Corte Suprema norteamericana, cortesía del propio Trump. Pero desde un punto de vista estrictamente legal, y por mucho que sea deseable ponerle coto a las noticias falsas, teorías conspirativas y mensajes de odio, no puede asimilarse a Tiktok con un diario tradicional.

 

Las redes sociales no son medios de prensa, en el sentido de que no producen contenido periodístico profesional. Se limitan, en este sentido, a servir de vehículo para los contenidos generados por sus usuarios. Y de paso, piratean y usan sin autorización las noticias que generan los medios tradicionales, no sólo en sus plataformas, sino también en sus servicios de inteligencia artificial. Por otra parte, y a diferencia de un diario de papel, no tienen ninguna limitación de espacio para el material que pueden hacer circular, por lo que no pueden invocar ese argumento para limitar el material publicado.

 

Estas compañías de internet forman parte de lo que se ha dado en denominar "tecno-feudalismo", esto es, un sistema económico en el cual los "señores de internet" perciben una renta por alquilar el espacio virtual de sus plataformas a sus usuarios/vasallos. No viven de la producción, ni de la competencia, ni de la ganancia comercial: viven de alquilar sus feudos.

 

Por otra parte, otorgarle a las grandes compañías multinacionales el mismo derecho a la libertad de expresión que a los ciudadanos de pie, podría derivar en efectos nocivos, como en el caso "Citizens United" donde la Corte norteamericana decidió que las grandes empresas no debían tener limitaciones en sus aportes económicos a los candidatos políticos, porque -según dijeron- el dinero también es una forma de expresión.

 

Democracia.

 

Aquí lo que debería servir de norte es, precisamente, el interés por la vigencia del sistema democrático. No hay dudas de que los ciudadanos tienen derecho a acceder a todos los puntos de vista sobre cada tema del debate público, tal como argumentan los autores de estas leyes. Pero también es cierto que la diseminación de noticias falsas, conspiraciones, expresiones de odio y demás basura informativa, no hace sino contaminar el debate y confundir a los votantes. Ese tipo de contenido, casi siempre de fuentes anónimas o generado por robots, resulta hoy mucho más peligroso para la libre expresión que la tradicional censura gubernamental que tanto preocupaba a la prensa hace pocos años atrás.

 

Es claro de que la prensa, con toda su importancia institucional, no deja de ser una institución de la sociedad civil, y que el gobierno no debería intervenir en su proceso de decisión sobre lo que publica u omite publicar. Pero hasta qué punto Youtube puede ser considerado un órgano de prensa, eso ya es harina de otro costal.

 

Las redes sociales tienen sus términos y condiciones sobre contenidos a publicar, a los que los usuarios adhieren en el momento de comenzar a usar sus servicios. Desde este punto de vista, que el gobierno las obligue a difundir absolutamente todos los comentarios -incluyendo mensajes racistas, antisemitas, promotores de la pedofilia o de que atenten contra la salud pública- parece contrario a derecho. Por otra parte, resulta claro que esos mensajes igualmente se han infiltrado en el debate por internet, afectando seriamente los procesos electorales como el de Argentina.

 

No resulta envidiable la posición de los jueces que deberán resolver este galimatías. Se espera de ellos un fallo ejemplar, que podría influir no sólo en los EEUU sino en todo el mundo. Pero como es sabido, aunque se tengan pocas expectativas sobre la sapiencia de estos jueces en particular, siempre encuentran la forma de defraudarnos.