El hambre no espera

Ante la negativa empresaria de bajar los precios de los alimentos, el gobierno decidió abrir las importaciones. Las organizaciones piqueteras preparan una gran marcha contra el hambre para el próximo lunes 18.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Argentina era conocido como “el granero del mundo”, por su posición de país agroexportador y hoy gran productor de alimentos. Como contracara, el índice de pobreza de su población ha ido en aumento: desde el 35 por ciento del último semestre de 2019 hasta el 49 por ciento que midió en igual período de 2023.

 

Y en los primeros tres meses de gobierno de La Libertad Avanza, la pobreza trepó al 57,4 por ciento, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Para el presidente Javier Milei este último dato sería “un dibujo”. Sin embargo, las estadísticas y las góndolas no mienten.

 

Aumentos.

 

La inflación de diciembre, enero y febrero superó el 60 por ciento, y se agrava en el rubro alimentos, donde algunos productos básicos como el arroz, tuvieron en el último año un aumento del 1000 por ciento. Los alimentos en general tuvieron una suba interanual de entre un 316 y 330 por ciento (de enero 2023 a enero 2024), lo que explica aquellos números de la pobreza que el gobierno intenta minimizar.

 

La decisión de abrir las importaciones de productos alimenticios, está expresando el malestar con los empresarios de esa industria, así como con los dueños de los grandes supermercados, que se niegan a bajar los precios de los productos de la canasta alimentaria, a pesar que reconocen que “se les fue la mano” con los aumentos en los últimos meses.

 

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con representantes de las empresas más importantes de alimentos y consumo masivo del país (Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas; Establecimiento Las Marías, Arcor, Mondelez, Mastellone, Unilever; Nestlé, entre otras). Aunque la calificó de “excelente reunión”, plena de “coincidencias”, no logró un compromiso de reducción de precios, sino solo “promociones” en algunos productos, sin afectar los valores por unidad.

 

Consumo en caída libre.

 

Estas cifras han impactado fuerte en el consumo de las familias, que han dejado de comprar e incluso reducen las cuatro comidas diarias. La pérdida en la capacidad de compra se agrava en los sectores de menores ingresos, porque son los que destinan mayor porcentaje a alimentos.

 

Los supermercados registran una baja importante en sus ventas, así como los comercios minoristas y de cercanía, pero aún así, los precios no bajan. La lógica del “libre mercado” pregonada por Milei, con la eliminación de todo tipo de regulaciones, no estaría funcionando. De hecho, la eximición para las empresas alimenticias de informar la incidencia de los costos de producción en el precio de sus productos, liberó a estos formadores de precios, que se largaron a una carrera desenfrenada que perjudica al público consumidor.

 

El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra – CTA), reveló que en el trimestre noviembre-diciembre 2023-enero 2024, los salarios tuvieron una caída real superior al 20 por ciento, y que “el salario real de enero de 2024 fue equivalente a poco menos de la mitad de lo que era en noviembre de 2015”.

 

Contra el hambre.

 

Ante esta situación, organizaciones piqueteras y movimientos sociales han convocado a una gran jornada “contra el hambre y el ajuste” para el lunes 18 de marzo. La protesta apunta directamente a la política que lleva a cabo el gobierno de Milei y su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

 

Se trata de unas cincuenta organizaciones de diferente orientación social y política, como la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), La Poderosa, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Bloque Piquetero que incluye al Polo Obrero, la Coordinadora por el Cambio Social, entre otras, que han dejado de lado sus diferencias para marchar en unidad, y reclamar por la entrega de alimentos a comedores y merenderos populares y contra la baja de programas sociales.

 

Desde estas organizaciones se denuncia que hay unos 44.000 comedores que han quedado sin ningún tipo de asistencia, y que, para muchas familias, esa constituía su principal comida del día. Aunque mayoritariamente quienes concurren son infancias y adultos mayores, cada vez más asisten mujeres y varones sin trabajo o con escasos ingresos que no les alcanzan para hacer frente a sus requerimientos alimentarios.

 

Estigmatización.

 

También denuncian el proceso de estigmatización llevado adelante por la gestión Milei, contra los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular, evidenciado con el ajuste en el programa Potenciar Trabajo. Expresan que ese plan social constituye un salario que complementa el trabajo que se inventaron millones de personas descartadas del sistema formal. Asimismo, la protesta va dirigida contra la finalización del programa que realizaba obras de integración socio-urbana en barrios populares y villas de emergencia, que carecen de servicios básicos.

 

Se trata, según los convocantes, de un verdadero ataque contra los pobres y excluidos del sistema, en contraposición a “la casta”, a la que tanto denosta de palabra el presidente pero a la que beneficia, por ejemplo, cuando firmó el decreto autorizando aumentos en sus sueldos, aún cuando luego se retractara e hiciera marcha atrás en esa decisión.

 

El cierre de los Centros de Referencia (CDR) también fue un ataque contra estos sectores, porque se trata de oficinas que atendían múltiples reclamos de quienes apenas sobreviven con los escasos montos que significan estos programas sociales.

 

Como contrapartida, a los empresarios que están teniendo enormes márgenes de ganancia con los aumentos escandalosos de precios, no se los castiga ni regula de ninguna forma. No hablemos de la idea de imponerles un impuesto a las grandes fortunas como se hizo en 2020. De eso no se habla. La casta está feliz.