El río y la Corte

La semana que pasó la población pampeana se vio conmocionada por la índole de una noticia que esperaba desde hace mucho tiempo, más de un lustro: la comunicación daba cuenta de que la Corte Suprema de Justicia reactivó el proceso judicial por el cual la provincia de La Pampa solicita la restitución del río Atuel.

Al margen del contento que conlleva la noticia, tiene dos notorios flancos de análisis; el primero es el tiempo que dejó pasar el organismo para pronunciarse en un tema de orden nacional, en el que La Pampa viene reclamando el cumplimiento del fallo sin que la provincia de Mendoza haya dado paso alguno en cuanto a su concreción. Como señalara el diputado Hernán Pérez Araujo: “En un rapto de responsabilidad forzada, la Corte Suprema de Justicia pide una rendición de cuentas: ¿se hizo o no se hizo?, ¿se cumplió o no se cumplió la sentencia de 2020 en la causa del río Atuel? ¿se concretaron o no los acuerdos alcanzados?”.

El otro aspecto llamativo es la perentoriedad de la Corte a las partes ya que la Resolución solicitó que en el término de 20 días informen si se concretó algún acuerdo parcial en el ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI). Asimismo, solicitó se describa cuál fue la actividad desarrollada con posterioridad a la sentencia que emitiera en el año 2020 para el cumplimiento de los objetivos que ordenó.

Lamentablemente la respuesta al segundo párrafo del pedido es negativa: en los seis años transcurridos -que son varios más si se considera ese organismo de su misma constitución- la CIAI no ha concretado absolutamente nada, limitándose a reuniones formales, rechazando los planteos pampeanos y haciendo presentes posibilidades que, en algún futuro muy lejano y condiciones improbables, podían conformar una aproximación concreta al problema, siempre con una indiferencia negativa y silenciosa por parte de la provincia cuyana. Incluso cuando debido a las circunstancias se vio obligada a dejar que pase agua, reiteró su antigua postura de ni siquiera dar aviso a al gobierno pampeano para que tomara las mínimas medidas preventivas para con los pobladores de aguas abajo.

Y ante la evidente actitud mendocina de no entregar el mínimo de agua que le otorgó la Corte ignorando cualquier reclamo, La Pampa dio trascendencia al suceso ante instituciones oficiales y particulares diversas, algunas de ellas de nivel internacional.

Estos detalles y también otros relativos al problema, no pueden haber sido ignorados por la Corte, que había fallado un escurrimiento -provisional- de 3,2 m3/s sobre un río con un caudal medio anual diez veces mayor. Recuérdese que el máximo organismo judicial del país también había ordenado en un loable enfoque global “un programa de monitoreo permanente que permita el control en el tiempo, de la provisión del caudal mínimo fijado y de la evolución de la biota, la salinidad y los niveles freáticos”.

Asimismo es llamativo que “En el caso de no alcanzarse ninguna solución acordada por las tres jurisdicciones, esta Corte definirá el curso de acción a seguir. Instar a las provincias de La Pampa y Mendoza al fortalecimiento institucional del organismo de cuenca, integrando al Estado Nacional, a cuyo fin, deberá considerarse la propuesta realizada al respecto por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación para la conformación de la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIRA), en reemplazo de la actual Comisión”.

O sea que lo del Atuel Inferior pasaría a trasformarse en Interjurisdiccional, lo que no deja de ser un avance hacia la integralidad, pero ¿tantas prevenciones causa la denominación Comité de cuenca?