Jujuy, un laboratorio

Lo que actualmente sucede en Jujuy se muestra similar al estallido social acontecido en Chile a mediados de octubre de 2019, cuando grandes manifestaciones sociales hicieron volar por los aires el relato de una supuesta armonía social. A partir del anuncio gubernamental de un aumento de la tarifa del subterráneo en Santiago, comenzaron diversas protestas sociales en la capital y en varias ciudades del país trasandino. La sociedad no sólo se manifestó contra el aumento del subte, sino que hizo crisis el hartazgo causado por un sistema en decadencia, en el seno de uno de los países más desiguales de la región que funcionó como primer laboratorio neoliberal en América Latina.

 

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy desde el 2015, viene concentrando el poder, digitando la Justicia, persiguiendo y encarcelando líderes sociales como Milagro Sala y otros dirigentes de la Tupac.

 

Jujuy, al igual que Chile en 2019, despertó y está viviendo días de una lucha que nuclea a múltiples sectores: docentes, pueblos originarios, artesanos, trabajadores agrícolas y cientos de agrupaciones. El reclamo comenzó hace más de dos semanas con tres sindicatos docentes en paro y movilización por sueldos dignos. Esta vez Morales no pudo disciplinar a los manifestantes ni con el miedo, las sanciones ni la represión.

 

En el marco de un creciente clima de conflictividad social, en los últimos días se aprobó una reforma constitucional que establece entre sus puntos más polémicos eliminar los comicios de medio término –es decir que haya elecciones solo cada cuatro años–, la "expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta", así como abrir la puerta a la legalización del saqueo de recursos nacionales estratégicos como el litio. La reforma, además, perjudica a los pueblos originarios al establecer que el "derecho a la propiedad privada" posibilita los desalojos de pueblos indígenas que se encuentran en tierras fiscales.

 

Repetidamente se escucha la frase “Jujuy es un laboratorio de la derecha”, una prueba piloto de lo que vendrá. ¿Qué se pretende probar en esa provincia? La imposición de medidas que van en contra de los derechos, como el de huelga, la represión de la protesta social y la capacidad de aguante o sumisión de un pueblo que soporta la impunidad de un poder totalitario, pseudo democrático.

 

Jujuy despertó y hay un resurgimiento de la movilización social. Se produjo un acontecimiento que quebró una situación en la que el abuso de poder gubernamental era la norma naturalizada. Jujuy despertó, pero no es condición suficiente para un optimismo desbordado. Lo propio de un acontecimiento es que no se puede medir su verdadero alcance; Chile algo nos enseñó en ese sentido. El estallido social chileno no fue capaz de traducirse políticamente a favor del progresismo, debilidad que la derecha– que casi siempre tiene un plan B–, aprovechó para avanzar y reorganizarse.

 

El momento instituyente del acontecer es una condición necesaria pero insuficiente para el cambio hegemónico, que no se hace solo con ese tiempo volcánico de irrupción social. Habrá que ver con el suceder de los días cómo se traduce políticamente este proceso que apenas comenzó. Dicho de otro modo, habrá que ver si las fuerzas insurgentes siguen vivas y si son capaces de producir un antagonismo que delimite el conflicto y que afirme el sujeto pueblo.

 

Para concluir, una reflexión. Las propuestas progresistas podrán avanzar en la medida en que se modifique la correlación de fuerzas y se logre imponer un nuevo sentido común. Jujuy es una prueba de que la correlación de fuerzas no es un estado permanente, sino que es variable y contingente, tanto para la derecha como para el campo popular. Nunca está garantizada, por lo que es muy importante recordar que la potencia del campo popular reside exclusivamente en la lucha, la articulación y la organización. (Por Nora Merlín, extractado de El Destape)