Lo que está en juego

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado hace unos días por el presidente Javier Milei incluye 366 artículos que intervienen prácticamente sobre la totalidad de la vida de los argentinos y las argentinas. Días después se sumó el proyecto de Ley “Ómnibus” denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que propone, como uno de sus puntos centrales, delegar amplias facultades legislativas en el Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo prorrogable por dos años más, lo cual supone la virtual eliminación de uno de los poderes del Estado.

 

En ese escenario, luego de la reunión de diputados, senadores y gobernadores de Unión por la Patria, emitimos un comunicado en el que expresamos nuestro rechazo al mega DNU 70/2023 “porque claramente avasalla atribuciones del Congreso y vulnera la división de poderes y el funcionamiento de la República”. Asimismo, consideramos que la denominada ley 'Ómnibus' recientemente ingresada en la Cámara de Diputados “ratifica la pretensión del Presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales”.

 

En efecto, el Gobierno, a través de estas iniciativas, parece vulnerar principios básicos de lo establecido en la Constitución Nacional. La concentración de todo el poder en una persona, grupo u organización, arrogándose las funciones del Parlamento, puede conducir a un diseño institucional alejado de un régimen democrático. De allí, el riesgo que conllevan estas primeras decisiones del nuevo Gobierno que, si lograra avanzar, transformaría al Congreso en una instancia decorativa.

 

Pero no es sólo el deterioro institucional a través de procedimientos que atentan contra la República lo que está en juego. Además, muchas de las medidas propuestas son de una extrema gravedad para las libertades públicas y para un proyecto de desarrollo nacional, inclusivo y soberano.

 

El objetivo general que dice promover el Gobierno es la modernización del Estado y la reducción de la burocracia estatal. Pero, ¿qué tiene que ver con el funcionamiento del Estado una medida como la eliminación de la doble indemnización de las personas trabajadoras de casas particulares con registración no declarada? Otro ejemplo: el cese de la prohibición de la reventa de entradas a espectáculos deportivos o recreativos, ¿en qué se relaciona con el objetivo de mejorar el funcionamiento estatal? La misma pregunta puede aplicarse a la decisión de suprimir la Ley de Alquileres. El listado es interminable.

 

Pero los proyectos son sólo proyectos. Para que se transformen en leyes hay que construir mayorías. Y distintos tipos de mayorías: simples, especiales y extraordinarias, según la importancia de los temas tratados. En la “Ley Ómnibus” enviada por el Ejecutivo hay iniciativas de todo tipo que requieren de distintas mayorías. Por lo tanto, es imposible tratar el proyecto del Ejecutivo si no se lo desglosa y si sus distintas partes no son enviadas a las diversas comisiones que deberían expedirse previamente a que los temas sean tratados en el recinto. Y hoy ni siquiera están constituidas esas comisiones.

 

Seguramente habrá voces que respondan a esta descripción del funcionamiento parlamentario sosteniendo que lentifica la toma de decisiones. La respuesta es lógica: la democracia requiere tiempo. La República y la democracia necesitan de deliberación y de reglas.

 

El intento de tratamiento del aluvión de iniciativas presentadas por el Ejecutivo se produce junto a la búsqueda de desactivar el funcionamiento del Poder Legislativo. Mientras, la sociedad argentina, a través de sus organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales, comienza un proceso de movilización creciente, buscando proteger sus derechos históricos. El paro convocado por la CGT y las CTA es un hito en ese sentido. (Por Carlos Heller, diputado nacional por Unión por la Patria y presidente del Partido Solidario)