Los puertos del agronegocio y la droga

El gobierno nacional incrementa la presencia de gendarmes y fuerzas policiales en Rosario, para combatir el narcotráfico. Sin embargo, poco o nada se hace para atacar de raíz este grave delito.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

La escalada de violencia en Rosario paralizó a esa ciudad durante varios días, luego del asesinato de cuatro trabajadores por parte de las bandas narcos. Se trataría de una represalia por la difusión de videos con imágenes de presos en cuclillas, desnudos, al estilo de lo que ocurre en las cárceles de El Salvador, con las “maras” (pandillas) a las que combate con esos métodos, el presidente Nayib Bukele.

 

El gobernador Pullaro quiso mostrar así que aplica “mano dura” contra los narcos, para lo cual tiene el apoyo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del presidente Javier Milei. Se conformó un Comité de Crisis, y se enviaron más efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, en un operativo “saturación”, que apunta, igual que la difusión de los videos, más a una estrategia “marketinera” que a una real intención de solucionar el problema.

 

Puertos sin control.

 

La ciudad del Monumento tiene el complejo agroexportador más importante del mundo, con 29 terminales portuarias en una extensión de 70 kilómetros, la costa que va desde la localidad de Timbúes hasta Arroyo Seco. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, desde allí se despacha anualmente el 80 por ciento de las exportaciones argentinas de aceites, granos y subproductos, un volumen enorme de dinero que este año moverá una cifra récord de 35.000 millones de dólares.

 

La mayoría de esos puertos están en manos de multinacionales extranjeras vinculadas a las mismas empresas del agronegocio: Cargill, ADM Agro, Bunge, Cofco, Aceitera General Deheza, Vicentin, Dreyfus, Molinos Agro, etc.

 

Como el Estado no controla el comercio exterior y los mecanismos de vigilancia de lo que ingresa y sale por esos puertos son extremadamente laxos, ello configura un escenario propicio para el contrabando, el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos.

 

Es un secreto a voces que una parte importante de la producción agraria se comercializa “en negro” para evitar el pago de impuestos, mediante la evasión, la triangulación y la subfacturación. El sistema funciona con “autodeclaraciones juradas” de las mismas empresas, generándose una masa gigantesca de dinero ilegal que luego termina en el circuito del lavado de dinero a través de financieras ubicadas en el centro de Rosario.

 

Naconalización.

 

Si de verdad hubiera voluntad política para combatir el narcotráfico, hay una medida que beneficiaría al país a dos puntas: atacaría el núcleo del negocio de la droga y redundaría en enormes beneficios para las arcas fiscales. Esa medida es la nacionalización del comercio exterior, comenzando por sus puertos.

 

El gobierno del Frente de Todxs se perdió una gran oportunidad cuando amagó con estatizar Vicentin, la empresa agroexportadora que defraudó al Estado por una deuda de 18.000 millones de pesos que contrajo con el Banco Nación, a pesar de encontrarse en concurso de acreedores, durante el gobierno de Mauricio Macri, y que nunca pagó.

 

Justicia ciega.

 

Respecto al Poder Judicial, para ir a fondo en el combate contra el narcotráfico, debería poner la lupa en la ruta del dinero que mueve ese delito, que necesita ser “lavado” para ingresar al circuito legal. Para ello debería investigar negocios aparentemente legales, que no son precisamente “kiosquitos” sino grandes financieras, bancos y desarrollos inmobiliarios, de los que han crecido mucho en Rosario en los últimos años.

 

De esto se trata más que saturar la ciudad con más personal policial, que está demostrado, no son la solución sino parte del problema. Es sabido que los delitos complejos como el tráfico de drogas, de personas o de armas, no podrían prosperar si no tuvieran complicidad policial, judicial y política.

 

El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, lo dijo hace años: “en Rosario hay un vínculo de hecho entre grupos narcos, financieras y política. La plata grande del narco va directamente a través de los abogados narco a las grandes financieras y de ahí al mundo de la política”.

 

Para la ex ministra de Seguridad Sabina Fréderic, la policía de Santa Fe es una “banda criminal”, que ni siquiera puede administrar con “eficiencia” los territorios donde reinan las bandas narcos.

 

Llegaron los yanquis.

 

Y como si todo esto fuera poco, hace unos días se conoció el convenio firmado por la Administración General de Puertos (AGP) con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU, para “profundizar el intercambio de información entre ambas gestiones, con el eje puesto en la eficiencia y la concreción de nuevas capacitaciones en aspectos de gestión de puertos y vías navegables, mantenimiento de la navegación y equilibrio ambiental, así como desarrollo de infraestructura".

 

Menos soberanía y más injerencia yanqui no serán solución sino parte y agravamiento del problema. Es sabido que en Bolivia hubo grandes avances en materia de lucha contra el narcotráfico, desde que el ex presidente Evo Morales echó a la DEA de ese país.

 

Pobreza.

 

En Rosario se potencian las condiciones que explican el predominio de las bandas narcos, como dueñas de territorios donde las condiciones sociales favorecen el reclutamiento de jóvenes expulsados del sistema educativo y laboral, que encuentran en ese accionar una forma de obtener recursos y también reconocimiento, aunque sea ilegal. La ausencia del Estado en la contención de las necesidades que evidencian amplios sectores sociales, es parte del análisis para entender lo que pasa en Rosario. Hasta las cárceles actúan como “reclutadoras”, cuando se mezclan jóvenes pobres que cometieron delitos menores, con narcos que les ofrecen un mundo de posibilidades que no tendrán cuando salgan con un trabajo que nadie les ofrece, y menos con educación, que ya los ha expulsado. Ese problema merece la atención de las autoridades, más que videos amarillistas para simular que se reprime a los narcos.

 

Las recetas de Milei-Bullrich-Pullaro, apoyadas por otros gobernadores como Llaryora, de Córdoba, no van a solucionar el problema del narcotráfico, ni en Rosario ni en otras ciudades. Para desterrar a los narcos de los territorios, hace falta un cambio profundo en las condiciones sociales, en educación, en políticas de empleo y contención. Hay que reprimir a las bandas narcos, sí, pero también perseguir y condenar a sus cómplices estatales (policías, jueces) y empresarios.

 

La depuración de las fuerzas de seguridad es una deuda pendiente de 40 años de institucionalidad democrática, algo que tampoco figura en los planes de Milei-Bullrich, que muy por el contrario, promueven la formación de los efectivos policiales para la represión de las movilizaciones populares.