Presos por un tuit

El Poder Judicial de Jujuy liberó el lunes a dos hombres que habían sido detenidos por haber publicado en la red social X (antes Twitter), un mensaje alusivo a la esposa del ex gobernador de esa provincia, Gerardo Morales.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Nahuel Morandini, profesor universitario y Roque Villegas, trabajador independiente, permanecieron en prisión durante 57 días, acusados de los delitos de “lesiones psicológicas agravadas” por haber sido proferidas en un contexto de “violencia de género” y, lo más grave, por “supresión de identidad de una menor de 10 años”, este último previsto en el art. 139 del Código Penal. La orden de arresto fue emitida por el juez de la causa, Pablo Pullen Llermanos y el fiscal a cargo de la acusación es Walter Rondón. La prisión preventiva por 60 días fue dictada por el juez de Control Roberto Assef.

 

El lunes pasado fueron liberados, pero la causa sigue y en poco tiempo se convocará a la audiencia oral para la sustanciación del juicio, que definirá la culpabilidad o inocencia de los acusados.

 

Jueces cuestionados.

 

El juez Pullen Llermanos fue acusado en 2021 en un jury de enjuiciamiento, procedimiento para la destitución de magistrados, por mal desempeño en causas de violencia de género que culminaron en femicidios. Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy desestimó ese jury.

 

El Poder Judicial jujeño ha sido duramente cuestionado por su dependencia del Poder Ejecutivo, en particular desde que en 2015, el entonces recién asumido gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, hizo aprobar en la Legislatura la ampliación del STJ -que pasó de cinco a nueve miembros – y fueron designados en esos nuevos cuatro cargos, personas allegadas a su gobierno.

 

Es el mismo Poder Judicial que mantiene presa desde hace más de 8 años a la dirigente de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, por causas que fueron también cuestionadas por su orfandad probatoria, con testigos que fueron luego “premiados” con cargos en la administración pública.

 

Insostenible.La causa judicial no se sostiene bajo ningún punto de vista ni jurídico ni de sentido común. El mensaje que publicó Morandini en la red social, decía textualmente: “Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy”.

 

Se podrá cuestionar el buen gusto de ese mensaje y hasta podría concederse que resulta ofensivo para Tulia Snopek, la esposa de Morales, quien realizó la denuncia que inmediatamente puso en acción a la Justicia penal para detener y acusar a Morandini. Una causa penal requiere que la conducta desplegada por los acusados se encuadre en un delito previsto por el Código Penal, y es más que rebuscado pretender que esos mensajes puedan ser incluidos en los tipos penales que expresa el fiscal.

 

Menos aún se sostiene la detención ordenada por el juez, que se prolongó durante casi dos meses y que incluyó tres días en celdas de aislamiento, a oscuras y comiendo con las manos, tal como denunció la familia de Morandini. Ello constituye un “trato degradante” asimilado a las torturas, prohibidas en nuestra legislación.

 

Según el fiscal, los mensajes de los acusados, provocaron una “catarata” de tuits que han perjudicado a la hija menor de la pareja, porque presuntamente cuestionaban la paternidad de esa niña. Ello no surge del mensaje de Morandini, y forzar una acusación así, es una aberración insostenible. El art. 139 del CP se sancionó para condenar a los responsables de la apropiación de bebés durante la dictadura militar. El mismo expresa: “… Se impondrá prisión de 2 a 6 años: … 2. Al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare”.

 

¿De verdad piensa la fiscalía que el mensaje de Morandini puede encuadrarse en esa conducta delictiva?

 

Persecución.

 

Lo que en realidad queda demostrado una vez más, es el manejo del Poder Judicial en Jujuy para defender las políticas -y ahora la familia – de Morales, quien sigue siendo el verdadero jefe político y un señor feudal en esa provincia.

 

A lo de Milagro Sala se sumó el año pasado la represión contra los y las docentes que salieron a protestar a las calles por aumento salarial y contra los pueblos originarios que rechazaban la reforma constitucional aprobada de apuro por Morales. Una vez más el Poder Judicial avaló la conducta de las fuerzas policiales, enviadas por el Poder Ejecutivo, que actuaron contra los y las manifestantes desplegando golpes, gases y balas de goma. También se denunció la detención arbitraria de personas en sus domicilios, en camionetas sin patente, tal como lo hacían los grupos de tareas de la dictadura.

 

Y ahora, esta nueva “versión” de la persecución judicial y política que sufre la población jujeña que osa no ya salir a manifestar por las calles (o por la vereda como pretende la ministra nacional Patricia Bullrich) sino simplemente emitir mensajes por redes sociales.

 

Violencia digital.

 

En Jujuy gobierna Juntos por el Cambio, el espacio político que posibilitó el triunfo del actual presidente, Javier Milei, quien además de aplicar contra el pueblo una política de “shock” de ajuste, devaluación, depreciación de los salarios y jubilaciones, aumento de tarifas, etc., pasa horas de su “tiempo ocioso” (según él mismo lo admite) en la misma red social que utilizó Morandini.

 

Muchas de las publicaciones de Milei así como sus retuits, son sumamente ofensivos y violentos. Llamó “nido de ratas” al Congreso, escribe de manera sistemática mensajes contra el movimiento de mujeres, los jubilados (a quienes llamó “viejos meados”) y en general, contra todo aquel o aquella que no piensa como él.

 

Repudios.Organismos de Derechos Humanos repudiaron las detenciones de Morandini y Villegas y se pronunciaron contra el accionar de la Justicia jujeña. El Centro de Estudios Legales y Sociales reprobó la utilización de figuras penales para imputar a los acusados, por un posteo, porque “… carece de proporcionalidad o de un fin legítimo, ya que se trata de la restricción de derechos más severa: la privación de libertad”. Para el CELS es un “proceso de criminalización y encarcelamiento” con fines “disciplinantes y amedrentadores sobre toda la sociedad, que verá limitado su ejercicio a la libertad de expresión, dentro o fuera de las redes sociales”.

 

En cambio, las amenazas de muerte que sufriera la diputada provincial por el Frente de Izquierda FITU, Natalia Morales, en diciembre pasado, a través de un correo electrónico, hasta el momento no han tenido la misma inmediata respuesta por parte del Poder Judicial de Jujuy.