Sorprendente postura

La no adhesión al paro general del último miércoles por parte de un grupo de cámaras de comercio de nuestra provincia se tradujo en una publicación de características singulares, tanto en forma como en contenido. En lo que hace a la forma, potenció su postura publicando una página entera en los medios periodísticos de la provincia.

La parte conceptual se abre a la polémica ya que, si bien celebran el debate en el recinto parlamentario –sin advertir que ese acceso al Congreso tuvo irregularidades— “se oponen y rechazan el paro”, esto por encima de un recurso legal todavía sin resolver al momento de concretarse la medida. La afirmación no deja de ser curiosa ya que en el párrafo anterior dicen con toda claridad que el momento se debe “a la falta de diálogo y comprensión por aquellos que nos gobiernan”.

También admiten –y enumeran— los perjuicios que las medidas de recortes en la coparticipación federal podrían ocasionar a nuestra provincia, aunque a semejantes y muy posible perjuicios oponen, apenas, una esperable buena voluntad para evitarlos. Detrás de esa sorprendente, acaso ingenua postura, aparece lo que posiblemente sea el núcleo de esta publicación colectiva: la modificación de las leyes laborales. Los firmantes parecen no advertir que esa modificación, que en su parecer debe ser “consensuada”, está muy lejos de las manifestaciones del Gobierno Nacional y pretende ser más bien una imposición, ignorando a sabiendas el perjuicio que ocasionaría a las clases más desposeídas.

Lo expresado en la publicación en cuanto al respeto a las individualidades comerciales está bien, pero deben reconocer que al respecto no ha habido amenazas implícitas o explícitas. La huelga general no ha sido un brote espontáneo contra un gobierno, sino la obligada respuesta a un ataque por parte del mismo que, en apenas cuarenta días, pretende modificar estructuras imprescindibles al funcionamiento de una Nación, con la debida prioridad para el bienestar de sus habitantes. Si esas entidades, como dicen, respetan el derecho a huelga establecido en la Constitución, no se entiende la oposición y rechazo explícitos que oponen a la medida.

Se diría que esta prevención -porque lo es- contra un movimiento popular, ignora absolutamente la mecánica de la economía de cualquier país donde el mercado, al menos el interno, depende en absoluto del movimiento que la clase obrera dinamiza mayoritariamente con una inversión mensual: la de su sueldo. Esa constante está presente de uno u otro modo en los países más progresistas del planeta, lejos de la llamada “escuela austríaca”, que parece encandilar a las autoridades nacionales.

En definitiva, lo que este grupo de instituciones de raíz comercial califica como “posturas confrontativas” no aparece como tal, ya que apenas se advierte la multiplicidad de componentes políticos e ideológicos presentes en la marcha integrada al paro.