Tiempo de definiciones

Se abre una nueva fase, cuyo rasgo central es la excepcionalidad de un gobierno cuya concepción central es el reemplazo del Estado por el mercado.

 

Eduardo Lucita *

 

Los tiempos políticos se han acelerado. Las medidas para ajustar la economía, un mega decreto y una ley ómnibus son las disposiciones e iniciativas que el gobierno lanzó en solo 20 días. En ese mismo lapso ha tenido respuestas sociales inéditas para un gobierno que recién asume. El conflicto está planteado y se viene un tiempo de definiciones.

 

En nota anterior en esta misma columna afirmé que se abría una nueva fase cuyo rasgo central sería la excepcionalidad de un gobierno cuya concepción central es el reemplazo del Estado por el mercado, entendido como medida de valor de todos los valores, que priorizaría el derecho a la propiedad privada sobre el resto de los derechos. Agrego ahora: formateando al país con ideas de siglos pasados cuando atravesamos el primer cuarto del XXI.

 

También señalé que para alcanzar esos objetivos de largo plazo, que constituirían un cambio epocal, el gobierno de Javier Milei tendría que atravesar el rubicón de la crisis actual, especialmente domar la inflación. En este punto reconozco mi error de apreciación.

 

Todo junto y al mismo tiempo.

 

El gobierno no se plantea avanzar por etapas, sino que ha hecho suya la conclusión del peronismo de 1973: “En Argentina lo que no se hace en los primeros meses, no se hace”. Y lanzó la anunciada política de shock: devaluación, liberalización de precios, ajuste del gasto público -mayor al exigido por el FMI- para cerrar 2024 con déficit primario cero. Una nueva transferencia de ingresos a los más poderosos y un ataque feroz al pueblo trabajador.

 

Cuando todavía se estaban procesando los términos de ese ajuste, un mega decreto y el anuncio de que se prorrogaría el presupuesto 2023 sacudieron el escenario político. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) modifica y deroga cientos de leyes, desregula totalmente la actividad económica, avanza en la reforma del Estado y en la privatización de las empresas estatales, mientras que la prórroga presupuestaria licua los gastos estatales y aumenta los ingresos vía inflación.

 

Si a esto le agregamos el pedido a que el Parlamento Nacional le ceda por dos años las funciones legislativas, que podrían prorrogarse por dos años más, sumado al protocolo antipiquetes, queda en evidencia que el ejecutivo y particularmente el Presidente de la Nación -aprovechando el desprestigio del Congreso y de los políticos y la balcanización de la cámara de diputados- están dispuestos a dejar de lado al Parlamento y concentrar la suma del poder público ejerciendo la represión y la violencia cuando lo consideren necesario.

 

Un capítulo aparte merece la reforma laboral, que ataca tanto a los trabajadores como a los dirigentes. Condiciona el derecho de huelga, rebaja las indemnizaciones y alarga los períodos de prueba. Ataca a los sindicatos al anular la cuota solidaria, deja librada a la competencia las obras sociales gremiales y cuestiona el principio de ultraactividad. En síntesis, prácticamente anula la Ley de Contratos de Trabajo, que rige desde la época del primer peronismo. Busca así imponer una relación de fuerzas duradera en favor del capital.

 

Cuando todavía no se había completado el análisis de los 366 artículos que contiene el DNU, un conjunto de leyes agrupadas en la llamada Ley Ómnibus fue enviado al parlamento. Esos proyectos revierten la exención en ganancias, sancionan un nuevo blanqueo de capitales e impulsan una reforma electoral de amplio alcance con eje en las elecciones distritales. Si se aprueba, desfinanciaría la actividad electoral de los partidos y abriría las puertas a la privatización de la política, haciendo casi nula la participación de los pequeños partidos. Contiene además una trampa, en su artículo 654 ratifica el mega decreto. De este modo, el gobierno se aseguraría la aprobación del mismo por otra vía, si se hace lugar a alguno de los amparos judiciales presentados. La arremetida del gobierno tiene desconcertada a la oposición sistémica, particularmente al peronismo que parece estar en estado catatónico.

 

Si se tiene en cuenta la permanente amenaza del Presidente de recurrir a la consulta popular si el parlamento o la justicia rechazan sus iniciativas, queda clara la deriva autoritaria del gobierno. Ante una situación de crisis excepcional, según la descripción del presidente, se justificaría un régimen de excepción. En el horizonte se dibuja un bonapartismo “sui géneris”.

 

Del otro lado.

 

Más allá de la anomia que muestra la dirigencia política tradicional, la ciudadanía ha comenzado a moverse con autonomía. Se ha despertado un estado deliberativo y una politización creciente que recorre transversalmente a la sociedad.

 

Todo comenzó con la convocatoria de la izquierda y movimientos sociales afines a concentrarse en la histórica Plaza de Mayo, se logró rebasar el protocolo antipiquetes y realizar el acto superando el miedo y las intimidaciones impuestas por la ministra de Seguridad. En paralelo, el gobierno dio a conocer el mega decreto, la reacción no se hizo esperar, los cacerolazos inundaron toda la ciudad y se replicaron en el interior del país. La convocatoria de la CGT el pasado 27 frente a los tribunales para presentar un recurso de amparo por la reforma laboral incluida en el DNU, de la que participó también toda la izquierda anticapitalista, fue más masiva de lo esperado. Otra vez ese mismo día el ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley Ómnibus, casi una provocación. Todo presionó sobre los dirigentes sindicales para decretar un paro con concentración ante el Congreso de la Nación el próximo 24 de enero (a solo 44 días de asumir, todo un récord!!!)

 

No cabe duda: es un punto de partida tan necesario como efectivo para dar inicio a un plan de lucha nacional para revertir el ajuste, bajar el DNU e impedir toda reforma regresiva, que de pasar abrirá un horizonte de dimensiones desconocidas.

 

Los trabajadores, los sectores populares, la clase media empobrecida, los pequeños empresarios se han dado ya a la tarea de impulsar convocatorias abiertas de discusión y deliberación en busca de la más amplia unidad de acción para impulsar el paro y un plan de lucha de largo alcance.

 

Es que hay una convicción que recorre a todos los sectores: el futuro está en peligro y los próximos meses son decisivos. La moneda está en el aire.

 

* Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).