El Club Santa Rosa formalizó denuncia contra el fideicomiso

El presidente del club Atlético Santa Rosa, Bruno Ramírez, presentó ayer por la mañana en la sede del Mateo Calderón, a la abogada Mariana Barbitta, que será la representante legal de la institución, e intimará a los integrantes del fideicomiso (el abogado José Luis Moslares, el contador Leopoldo Bonaveri y el profesor de Educación Física, Hugo Zorzi) que “tenían la obligación de trasladar tierras y escriturarlas a nombre del club y no lo hicieron”, dijo la letrada. Y agregó que vinculado a esto, el fideicomiso contrató a Federico Luis Moslares y Laura Cagliolo -hoy jueza civil-, ambos ligados familiarmente a José Luis Moslares, quienes aseguró la abogada “han trabajado para generar honorarios. Llama la atención que grupos familiares estén unidos en el mismo equipo. Cuando un abogado es nombrado en el órgano fiduciario y contrata a un estudio de su familia, llama la atención”.

 

Ramírez señaló que “el club hace más de 20 años que está con una problemática que no puede terminar de resolver, que tiene que ver en su momento con la enajenación de parte del patrimonio de la institución, y lo que creemos que legítimamente es parte del club y hoy no está en manos del club Santa Rosa”, dijo.

 

La abogada señaló que hay varias cuestiones por discutir, pero la primera es el porqué las 33 hectáreas que el fideicomiso debía escriturar a nombre del club todavía no pasaron a manos de la institución. “Es un patrimonio que debe estar en el club, y no hay discusión. Este club tiene que estar sostenido por su patrimonio, y debe ser garantizado a los fines de un objetivo social”.

 

Ejecución de honorarios.

 

Barbitta acotó que el 14 de febrero pasado hubo un expediente en el cual Federico Moslares quiso ejecutar los honorarios contra el ex protesorero del club. “A primera vista uno pensaría que es lógico que un abogado quiera ejecutar sus honorarios, pero esto está atravesado por una vinculación que nosotros advertimos como sospechosa, porque son los mismos nombres que integran el fideicomiso”.

 

Asimismo, dijo que “José Luis Moslares, el director de orquesta del órgano fiduciario, todo el mundo sabe que está vinculado a All Boys, que está en la vereda de enfrente de Atlético Santa Rosa. Y genera honorarios profesionales para quedárselos e incrementar su patrimonio”. Añadió que parecería que “es un lobo al cuidado de ovejas”.

 

Respecto a estas cuestiones, la abogada dijo que se pueden dilucidar “a nivel ético y moral, o a través de una acción judicial”. Respecto al plano ético, dijo que “hay un Código de Etica ante el Colegio de Abogados que indica que no puede haber dos personas de la misma familia, actuando en distintos roles”. Respecto a la cuestión jurídica, señaló que “puede haber una cuestión penal y también una civil, por daños y perjuicios. También una eventual causa judicial por administración fraudulenta. En este club ya hubo condenas a tres directivos”, detalló en relación a Miguel Ángel “Huevo” Gómez (era el presidente); Jorge “Toro” Sánchez prosecretario entonces; y también contra quien era el protesorero.

 

Analizar a todos.

 

Ramírez aseguró que “le pedimos al equipo de la doctora analizar el comportamiento y el desempeño de todos los involucrados, de los tres integrantes del fideicomiso, de los abogados que contrataron Moslares y Cagliolo, y de los funcionarios judiciales que redactaron algunos de los fallos, que nosotros sin ser abogados creemos que perjudican al club”.

 

“Hoy el club no tiene lo que le corresponde. Al órgano fiduciario en 2016 se lo dio por extinto, aun sin haber inscripto la tierra a nombre del club. Al día de hoy, yo le pedí al estudio que haga una mensura de cuánto es ese daño, ya que se han seguido generando honorarios, y más allá de eso, todos los que estamos en el fútbol, en el deporte, en algún club, sabemos el perjuicio social que eso ha significado para el club Santa Rosa en los últimos años”, añadió el presidente.

 

Carta documento.

 

La abogada señaló que el próximo paso inmediato, es una carta documento “para que en 72 horas el órgano fiduciario explique por qué no se escrituró. El órgano está constituido y legitimado, por eso tiene todas las chances y obligación de contestar la carta documento. La decisión de la justicia es que continúa con lo residual, por lo tanto ese órgano fiduciario deberá rendir cuentas”.

 

“A nosotros nos llama mucho la atención que el órgano fiduciario actuó en nombre del Club Santa Rosa, que en ese momento estaba saliendo de la quiebra, tenía muy pocos recursos; sin embargo, este estudio jurídico no renuncia a los honorarios. Nos parece una falta de ética decir que defiendo una institución del medio que hace un trabajo social, cultural y de contención, pero le voy a cobrar 450 mil dólares”, lamentó el presidente.

 

Maniobra espuria.

 

Finalmente, la abogada dijo que “esta es una manera espuria, poco clara, no es criteriosa y se produce a espaldas del propio club”. Asimismo, dijo respecto a Cagliolo -que hoy es jueza civil- que “hemos evaluado la posibilidad de un prevaricato, si bien ella en ese momento era abogada y no jueza como ahora, hay un prevaricato entre abogados y abogadas en el Código Penal, que justamente significa utilizar y representar intereses contrapuestos. Llama la atención que se haya presentado a cobrar honorarios, sabiendo que era pariente del presidente del órgano fiduciario”, dijo en relación a que Cagliolo era la esposa de José Carlos Moslares, familiar de José Luis, el integrante del fideicomiso.

 

Importante trayectoria.

 

Mariana Barbitta es abogada penalista y profesora adjunta de Derecho Penal de la UBA. Desde 2012 preside la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina. Entre otros casos resonantes, Barbitta defendió al ex jefe del Ejército César Milani, y a los 14 tripulantes venezolanos del avión de la empresa Emtrasur, retenido en agosto del año pasado en el aeropuerto de Ezeiza por pedido de Estados Unidos. “Hace casi un año que estoy matriculada en La Pampa”, dijo la mujer que tiene una casa en Bernasconi y anunció que mañana va a integrar uno de los paneles del Congreso de Derecho Penal que se va a inaugurar en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam.