“La vía es la apelación”

La ex defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y abogada Marisa Graham respaldó el fallo de la jueza Laura de Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad de un artículo del nuevo régimen penal juvenil en el caso de un adolescente de 14 años acusado de intentar robar un teléfono celular.

En diálogo con Radio Noticias (FM 99.5), Graham cuestionó tanto las críticas públicas contra la magistrada como el pedido de juicio político impulsado a partir de su decisión. Consideró que el fallo está “sumamente fundado” y que la jueza actuó dentro de las facultades que le corresponden.

“En este caso concreto, lo que hace la jueza es fallar haciendo una interpretación con la cual yo estoy absolutamente de acuerdo”, sostuvo.

Según explicó, De Marinis fundamentó su decisión en principios como la proporcionalidad de la pena, la protección especial de niños, niñas y adolescentes, el trato diferenciado respecto de los adultos y la prohibición de regresividad en materia de derechos.

Graham recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada al ordenamiento argentino, considera niño a toda persona menor de 18 años y establece una protección especial para ese grupo.

Críticas y amenazas.

La exfuncionaria cuestionó especialmente el tratamiento mediático que recibió la magistrada. Señaló que fue insultada públicamente y que, luego de que se difundiera su número telefónico en televisión, comenzó a recibir amenazas.“Ha sido brutalmente violentada la jueza, ha sido insultada”, afirmó.

Para Graham, una resolución judicial con la que no se está de acuerdo debe ser cuestionada mediante los mecanismos previstos por el sistema judicial y no a través de un proceso disciplinario.

“No se le puede hacer juicio político a una jueza o a un juez cuando falla algo que jurídicamente está muy bien fundado”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que los fiscales apelaron la resolución y que ahora será la Cámara correspondiente la que deberá confirmar o revocar el fallo.

“Esa es la vía democrática. No hacerle un juicio político a la jueza”, afirmó. Graham consideró además que avanzar contra un magistrado por el contenido de una sentencia puede generar un efecto disciplinador sobre otros jueces y juezas, que podrían sentirse condicionados a la hora de tomar decisiones que contradigan los criterios de las autoridades de turno.

Cuestionamientos al nuevo régimen.

La exdefensora también cuestionó la reducción de la edad de punibilidad y sostuvo que la nueva legislación puede generar numerosos conflictos judiciales.“Esta norma va a ser un semillero de pleitos”, afirmó, al considerar que existen cuestionamientos de constitucionalidad y de compatibilidad con los tratados internacionales de derechos humanos. Recordó que, cuando se discutió el proyecto de ley, más de 200 especialistas y representantes de distintas instituciones expresaron su oposición. Según señaló, entre quienes cuestionaron la iniciativa estuvieron organismos vinculados a la defensa de derechos, académicos y organizaciones sociales.

Graham también puso como ejemplo a La Pampa y a otras provincias que cuentan con sistemas propios de procedimiento y ejecución penal para adolescentes.

Uno de los principales cuestionamientos de Graham estuvo dirigido a la idea de que reducir la edad de punibilidad pueda traducirse automáticamente en mayor seguridad.

“Bajar la edad a los 14 años no va a resolver lo que uno busca, que es una sociedad menos violenta”, sostuvo.