Trump endurece inmigración legal: exige residencia fuera de EE.UU.

El gobierno de Donald Trump anunció una nueva normativa migratoria que obliga a los solicitantes de residencia permanente a abandonar Estados Unidos y finalizar el trámite desde sus países de origen, una decisión que impactaría sobre miles de inmigrantes y familias trabajadoras.

 

La medida, cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos migratorios, podría generar fuertes consecuencias sociales y laborales, ya que muchas personas se verían forzadas a dejar sus empleos y separarse de sus seres queridos mientras esperan la resolución de sus expedientes, consignó Telesur.

 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) señaló que la disposición apunta a reducir los casos de permanencia irregular en el país tras posibles rechazos de residencia.

 

El proceso para obtener este estatus es notoriamente arduo, extendiéndose por meses o incluso años, contemplando el USCIS únicamente exenciones bajo “circunstancias extraordinarias” para un trámite ya de por sí complejo.

 

Este endurecimiento administrativo, que afecta a la población migrante –la cual en el año fiscal 2024 sumó 1.4 millones de personas beneficiadas con la residencia legal– ha desatado un aluvión de críticas y promesas de impugnaciones judiciales.

 

La representante demócrata Delia C. Ramírez calificó la política como algo “más allá de cruel”, exigiendo el desmantelamiento total del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

 

 

Denuncias.

 

En tanto, el congresista Greg Stanton denunció que la Casa Blanca entorpece a propósito las vías legales, privando al país del desarrollo y las contribuciones económicas de investigadores, médicos e ingenieros.

 

Por su parte, David J. Bier, especialista del Cato Institute, catalogó la orden de ilógica y advirtió que la pérdida de capital humano talentoso socavará directamente la competitividad económica de la nación norteamericana.

 

Telesur indicó que la imposición de esta normativa representa el ejemplo más reciente de la estrategia del Gobierno de Trump para asediar y frenar los flujos migratorios, ensañándose no solo con los sectores indocumentados sino también con los procesos de regularización legal.

 

Bajo la doctrina del chovinismo imperial, la administración ha reducido drásticamente las solicitudes de asilo, eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a sobrevivientes de guerras y catástrofes naturales, bloqueó la admisión de refugiados –salvo para sudafricanos blancos– y restringió severamente el acceso a visados de trabajo y estudio.

 

Asimismo, bajo el pretexto de un tiroteo en Washington que costó la vida a dos guardias nacionales, el régimen ordenó auditar las residencias ya otorgadas a ciudadanos de 19 países catalogados arbitrariamente “de preocupación”.

 

Esta acción se realizó a pesar de que el imputado de dicho suceso ingresó bajo un estatus de asilo en 2021 y no por la vía de la “green card”, evidenciando la arbitrariedad en la aplicación de las medidas restrictivas contra la población migrante.