Saqueos con dos muertos en Jujuy y uno en Entre Ríos

Las protestas policiales se intensificaron ayer en al menos nueve provincias y la tensa jornada dejó como saldo tres muertos, uno en Entre Ríos y dos en Jujuy, como consecuencia de distintos saqueos.
Los conflictos más resonantes se produjeron con policías bonaerenses y entrerrianos, ya que una importante cantidad de uniformados había aceptado las ofertas de los respectivos gobiernos locales, pero grupos internos luego rechazaron todo tipo de ofrecimiento.
En Buenos Aires, sectores de la Policía continuaban con las deliberaciones para ver si se levantaba de forma total la medida. La protesta se había iniciado el domingo en La Plata, con familiares e integrantes de la Guardia de Infantería y Caballería que estaban en franco de servicio.
En la Ciudad de Buenos Aires, si bien no había medidas de fuerza policial, los comerciantes de distintos puntos de la Capital trabajaban con las persianas bajas y se había reforzado la presencia de efectivos en las calles y en las cercanías de los supermercados y centros comerciales.

 

Tres muertos.
En Entre Ríos, policías retirados y en actividad, junto a sus familiares, encabezaron un reclamo en Paraná, Gualeguaychú y Concordia, en esta última se registraron saqueos y hechos de violencia que dejaron como saldo un muerto y 25 heridos.
Si bien el gobernador Sergio Urribarri ofreció $8.500 y los efectivos habían anunciado que aceptaban el acuerdo, finalmente señalaron que el ofrecimiento no llenaba sus expectativas.
También sin acuerdo y con protesta policial, en Jujuy se registraron dos muertos como consecuencia de distintos saqueos en la provincia.

 

Santa Fe.
En Santa Fe, la protesta se extendió a las 19 unidades regionales -había arrancado con las dos de Rosario-, que abarcan un total de 18.000 uniformados que se niegan a recibir órdenes de sus jefes.
Antonio Bonfatti ofreció un sueldo básico de $8.100 pesos a partir de enero para los policías que recién arrancan en el escalafón y se aguardaba la respuesta policial.

 

Chaco y Tucumán.
En Chaco, las protestas se iniciaron el domingo mientras Capitanich se encontrada en la ciudad chaqueña de Sáenz Peña. Allí, los principales focos de conflicto se produjeron con uniformados del Servicio Penitenciario y de la Comisaría 1era. de Resistencia, quienes reclaman un salario de $13.000.
En Tucumán, donde también hubo saqueos, se produjo una protesta de policías frente a la Subjefatura, que piden un mínimo de $12.000, similar al que obtuvieron sus colegas en Córdoba.

 

Corrientes.
En Corrientes, agentes de franco, policías retirados y familiares realizaron una protesta en la sede del Comando de Patrullas de esa provincia, sin acuerdo hasta el momento.
En la ciudad chubutense de Puerto Madryn, los policías se acuartelaron en el comando radioeléctrico, pese a que el fin de semana se había anunciado un incremento escalonado para la fuerza.
El comisario mayor Hugo Herrera, jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn, afirmó que "desde las 7.00 se declaró la medida de fuerza por lo que todas las seccionales están sin agentes, que se movilizaron al comando radioeléctrico".

 

San Luis.
En San Luis, un grupo de policías retirados y sus familiares se sumaron a los reclamos salariales frente al edificio central de la fuerza puntana y amenazaron con sumar a la protesta al personal en actividad. Por último, el gobierno de Misiones dispuso un aumento del 35% para la policía de esa provincia, luego de mantener negociaciones con los efectivos de la fuerza. (NA)

 

Scioli anunció un aumento
El gobernador Daniel Scioli anunció ayer un aumento a 8.500 pesos en el salario mínimo de la Policía bonaerense y pidió a los agentes que están protestando que retornen a sus puestos de trabajo.
"(Los policías) tienen una responsabilidad mayor que la de un trabajador. Y no pueden tener estos individuos en vilo o de rehén a la sociedad", se quejó Scioli en una conferencia que brindó en la Casa de Gobierno, durante la cual, sin embargo, señaló que el "98% de las comisarías" está en funcionamiento.
El mandatario dijo que la suba salarial "no es un ofrecimiento, sino una decisión", que se tomó después de que con el ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados, efectuaran un "relevamiento" de los principales reclamos.
En este sentido, confió en que esa "decisión" derivará "con la buena fe" de los agentes en un levantamiento de la protesta, aunque sostuvo que le llama "mucho la atención" que esta situación se produzca "en la víspera de cumplirse los 30 años de (la restauración de la) democracia". (NA)

 

"La justicia actuará con firmeza"
El ministro de Justicia Julio Alak aseguró ayer que "la justicia actuará con toda firmeza" contra quienes llevan adelante incitaciones a saqueos en redes sociales, y llamó a los efectivos que realizan protestas a que "depongan la actitud", dado que "las medidas de fuerza adoptadas están fuera de la ley".
En una conferencia de prensa realizada en la sede de la cartera que dirige, Alak acompañado del Secretario de Justicia, Julián Alvarez, anunció la apertura de una investigación penal contra quienes promueven o incitan saqueos en las redes sociales.
Al mismo tiempo, el ministro calificó a las protestas policiales como actividades fuera de la ley, ya que según sostuvo "la seguridad es un servicio esencial y ningún ciudadano argentino puede estar privado de este derecho".

 

Redes sociales.
Al inicio de la conferencia de prensa, el Secretario de Justicia aseguró que "desde hace días en las redes sociales se vienen haciendo una serie de convocatorias a realizar saqueos por parte de sectores de distinto signo político".
Acto seguido, Alvarez expuso un conjunto de imágenes en las que exhibió las convocatorias, las cuales indicó "se encuentran relacionadas entre ellas a partir de distintos actores que están convocando a estos actos en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país".
Vinculado a la creación de un "clima de desestabilización", Alvarez calificó como "preocupantes" las declaraciones radiales formuladas por el ex jefe de la policía provincial y actual concejal del Frente Renovador, Salvador Baratta, quien justificó las medidas policiales y deslizó amenazas si no se resuelve el conflicto.
También mostró sorpresa por el hecho de que a días de cumplirse 30 años de democracia, "los sectores políticos que se caracterizan por jactarse de la democracia y de la seguridad como eje de campaña electoral, hoy en su mayoría hacen un silencio total".

 

Alak.
Posteriormente, el Ministro Justicia y Derechos Humanos se refirió tanto a las protestas policiales, como a los saqueos de comercios sucedidos los últimos días.
Alak afirmó que "hemos podido comprobar que los saqueos no han sido espontáneos, sino que fueron organizados. Estos hechos sucedieron de manera simultánea con una medida de fuerza que está fuera de la ley, dado el carácter esencial de la seguridad pública".
"Quien ingresa en una institución policial sabe que no puede recurrir a una medida de fuerza", subrayó Alak, para quien también surgen "claros indicios" del accionar de una organización "delictiva" a partir de la "elección de la época del año".
En lo relativo a las medidas de fuerza impulsadas por efectivos de seguridad provincial, aseguró que "nadie está diciendo que no se van analizar necesidades o demandas, pero el ámbito y el modo no pueden ser la privación de la seguridad a nuestra población, por lo que vamos a efectuar las denuncias penales correspondientes".
Con respecto a los asaltos a comercios, el ministro destacó que "no obedecen a necesidades alimentarias y suceden en momentos en los que Argentina tiene una tasa de desocupación más baja de su historia, por lo tanto no obedece a necesidades sociales".

 

Delitos.
Alak resaltó que los delitos cometidos durante los últimos días "atentan no sólo contra la seguridad, sino también contra la Constitución Nacional".
Entre los delitos mencionó "la alteración del orden público, los robos agravados, extorsiones y amenazas, la intimidación pública y la incitación a la violencia colectiva". Posteriormente, Alak confirmó que se aunarán esfuerzos en distintos estamentos y distritos a fin de acelerar las investigaciones sobre los hechos delictivos.

 

Gils Carbó.
De esta manera, anunció que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ordenó a los fiscales federales avanzar en las investigaciones para la imputación, procesamiento y detención de quienes hayan estado involucrados en esas acciones.
También aseguró que la Procuradora General de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, dictó una resolución para que los 720 fiscales dispongan el seguimiento de las actividades vinculadas a los saqueos y al incumplimiento de la prestación de la seguridad pública. (Télam)

 

Oposición rompe el silencio
Los diputados electos opositores Sergio Massa (Frente Renovador), Julio Cobos (UCR) y Francisco De Narváez (Unión Celeste y Blanco) reclamaron a los policías que levanten el autoacuartelamiento, luego de días en que mantuvieron silencio sobre el conflicto que se inició en Córdoba.
"El gran desafío es que haya tranquilidad y paz, que funcionen normalmente las instituciones, que nadie abuse de su posición para exigir en un reclamo salarial y, que sobre todas las cosas, todos seamos responsables en este momento particular donde todos debemos poner lo mejor de sí para funcionar bien y enfrentar a los que quieran generar violencia en este contexto", dijo Massa, a través de un comunicado de prensa.
Por su parte, mediante su cuenta en la red social Twitter, De Narváez les pidió "a los policías bonaerenses que reclaman mejoras que mantengan la calma y utilicen métodos pacíficos de protesta".
Y expresó: "Queremos que los reclamos policiales se canalicen a través del diálogo, sin cortes de calles y que la protesta policial se efectúe de manera que los efectivos no dejen de prestar el servicio de seguridad a la sociedad".
En el mismo sentido, en radio Mitre, Cobos remarcó que "tratándose de una fuerza militarizada, no puede realizar este tipo de medidas, dejar de proteger a la ciudadanía, porque es el escudo para nuestra vida, nuestros bienes".
Sin embargo, según el ex vicepresidente, "acá no hay sedición; no saben cómo expresarse ante la posibilidad de tener un poder adquisitivo razonable". (Télam)

 

Un pedido de bancarios
Los secretarios general y de Prensa de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe, respectivamente, aseguraron ayer que "el derecho de todos los trabajadores a un salario digno y a la sindicalización, que el gremio respalda, no puede confundirse con amotinamientos que arriesguen la seguridad pública y la democracia" argentinas. Un comunicado de prensa de la organización gremial subrayó que "el derecho a un salario digno y a la sindicalización alcanza sin duda a los trabajadores que integran la policía".