Adorni debe justificar sus bienes

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni deberá justificar en un plazo de 15 días el origen y la evolución de parte de su patrimonio y el de su grupo familiar, a raíz de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La intimación fue presentada ayer por la Fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita ante el juez Ariel Lijo y está contenida en un dictamen de 207 fojas.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, en la que se atribuyó a Adorni la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito debido a gastos que, según la presentación, serían “prima facie desproporcionados respecto de sus ingresos legítimos como funcionario público”. La denuncia tuvo luego dos ampliaciones, realizadas por Pagano y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.

Según publicó Ambito, tras analizar documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de informes sobre activos virtuales y testimonios, la Fiscalía concluyó que existían inconsistencias que justificaban el requerimiento. Según el dictamen, el análisis de la prueba permitió estructurar una intimación en 20 puntos concretos que Adorni deberá responder.

Ingresos y gastos.

Uno de los principales datos que surge de la investigación es la diferencia entre los ingresos comprobados del matrimonio y los gastos realizados durante el período bajo análisis.

La Fiscalía estableció que entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, cuando renunció al cargo, el ex funcionario percibió 35 haberes, a los que se sumaron los ingresos comprobados de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.

El total de ingresos ascendieron a $229.752.283,20. Sin embargo, durante el mismo período el grupo familiar afrontó gastos por $272.820.832,20, entre seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito.

La diferencia detectada por la Fiscalía es de $43.068.549. El dictamen señala que esos gastos, confrontados con los ingresos lícitos comprobados, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.

Cabe destacar, que la investigación también reconstruyó desembolsos por U$S402.578,12, destinados, entre otras cosas, a viajes, alquileres, la compra y refacción integral del lote 380 del Country Indio Cuá, la adquisición del departamento de Miró 550 y el mobiliario de esos inmuebles.

Dentro de los 20 puntos que Manuel Adorni deberá justificar se encuentran: los dólares en efectivo, los préstamos de dos familiares, la compra de un Jeep, el lote del Country Indio Cuá, la remodelación por u$s245.000, los muebles del departamento de la calle Miró 550, el departamento de Miró 550, ingresos exentos, herencias, dinero en efectivo para gastos cotidianos, pagos realizados por terceros, las criptomonedas, movimientos bancarios y financieros, comprobantes y facturas que no pudieron ser conciliados, las deudas con el Banco Galicia, los honorarios de la escribana, los consumos con tarjetas de terceros, una facturación de más de $4 millones de una concesionaria, acreditaciones no salariales en la cuenta sueldo, las mejoras del inmueble de Miró 550 y las mejoras del Country Indio Cuá.

Fiscalía.

Además de esos 20 puntos, el dictamen enumera una serie de inconsistencias que llevaron a formular la intimación. Entre ellas aparecen los préstamos familiares cuya “concertación, efectiva entrega y evolución” no habrían sido documentadas; deudas con el Banco Galicia que figuraban en una declaración y luego fueron omitidas; la falta de presentación en tiempo y forma de anexos reservados de la esposa; y la evolución de determinados gastos, que —según la Fiscalía— pasaron de estar en cero a incrementarse aproximadamente un 119% hacia fines de 2024.

También se analizaron operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, declaraciones patrimoniales, vehículos, consumos con tarjetas, viajes, operaciones de cambio y movimientos en plataformas de activos virtuales. La investigación incluyó información de bancos, registros de la propiedad, ARCA, ANSES, CNV, BCRA, plataformas como Binance, Lemon, Buenbit y SatoshiTango, entre otras cosas.

La Fiscalía puso el foco en la operatoria con criptoactivos, incluido un capital informado por Adorni ante una billetera virtual al validar su identidad que, según el dictamen, “no” fue exteriorizado en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.