El Gobierno apelará resolución por 5 millones de kilos de alimentos guardados

El Gobierno nacional apelará a la resolución del juez federal Sebastián Casanello que ordenó al Ministerio de Capital Humano un informe sobre los 5 millones de alimentos incautados en depósitos y distribuirlos para ayuda social de modo inmediato. Afirmaron que la decisión de retener los alimentos es una “política pública”.

En un comunicado de la cartera que conduce Sandra Pettovello se advirtió que "el 60% de los productos es yerba mate" y que "corresponden a paquetes pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría". Por otra parte, Adorni confirmó que se vendrá una nueva tanda de despidos en el Estado y cómo continúa el gabinete.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de confirmar la postura del gobierno de Javier Milei respecto a la resolución de la Justicia sobre los alimentos guardados y afirmó que si bien “siempre fueron respetuosos con la Justicia, no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que están a nuestro alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo”. Y confirmó: “Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública”.

En este marco, justificó que “estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes” y apuntó: "No es algo que ocurre sólo en la Argentina.... Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock”. 

Adorni sostuvo que “de los 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones corresponden a yerba mate que fue comprada por el gobierno anterior”. Y enfatizó que “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. No hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que esté en riesgo de vencerse”. “A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios y con todo un esquema en la Argentina, donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal, que se sienten dolidos porque se terminó el usufructo personal que tenían”, argumentó sobre los motivos de las denuncias.

La cartera que conduce Pettovello resaltó que "el pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes" e insistió con la línea discursiva y las denuncias de las últimas semanas respecto de comedores inexistentes al afirmar que "no se vana  entregar para que queden en manos de las organizaciones extorsivas".

La denuncia sobre los alimentos comenzó tras la acusación de Juan Grabois sobre los 5 millones de kilos de alimentos que el ministerio de Capital Humano tiene guardados en galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo. La fiscal Ochoa determinó la posible comisión de delitos de acción pública por el hecho por incumplimiento de deberes de funcionario y pidió al juez que dicte una medida cautelar innovativa para ordenar al Ministerio de Capital Humano que entregue los alimentos en el plazo de cinco días. Además, solicitó que se libere una orden de presentación con allanamiento en ambos galpones. 

Ante este pedido, el juez Sebastián Casanello en su resolución, liberó una orden de presentación para que las autoridades entreguen el detalle del stock actual de los alimentos almacenados, su fecha de adquisición y expiración. Asimismo, Casanello les dio a las autoridades un plazo de 72 horas para presentar un plan de distribución de dichos alimentos guardados.

Vale destacar que estas actuaciones son en el marco de la causa por la denuncia penal contra la ministra Sandra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad realizada por Juan Grabois el pasado 3 de febrero, luego de que el gobierno cortara la asistencia alimentaria a comedores comunitarios. (El Destape)