La Justicia investiga modus operandi

Sobre el filo del comienzo del fin de semana el juez federal, Sebastián Casanello, ordenó el allanamiento de la secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero por una causa que involucra al funcionario y al diputado nacional, Pablo Ansaloni por presuntas maniobras para quedarse con el control de la obra social Osprera de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

 

Desde la muerte del histórico líder sindical, Gerónimo “Momo” Venegas en 2017 y el fallecimiento de su sucesor, Ramón Ayala, el sindicato que en la actualidad conduce José Voytenco está atravesado por denuncias y contradenuncias con dirigentes libertarios y en gran medida por las finanzas de una de las principales obras sociales del país que atiende a miles de peones rurales y a sus familias.

 

Investigación.

 

La investigación que conduce el fiscal Guillermo Marijuan en el mismo juzgado que investiga las polémicas escuchas del ex titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, es inquietante por los audios que se registraron en la investigación por Osprera y que vuelve a colocar en primer plano de sospecha a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei y a Martín y Lule Menem, dos de sus principales dirigentes políticos.

 

Y, el común denominador que une a las dos causas es la droguería de la familia Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina.

 

En febrero pasado, el secretario general José Voytenco denunció al diputado Pablo Ansaloni, a la sazón dirigente de Uatre que perdió las elecciones celebradas en el gremio en 2022, a Claudio Alberto Aquino, director de asociaciones sindicales de la secretaría de trabajo, y a Marcelo Carlos Petroni, interventor de Osprera, por planear la intervención del gremio y su obra social y quedarse con el control de las organizaciones sindicales.

 

Intervención.

 

Desde la intervención de la obra social a fines del año pasado, Marcelo Petroni firmó transferencia por 7.700 millones de pesos hasta marzo de este año con la droguería Suizo Argentina. Además, la investigación judicial del fiscal documentó reuniones en la secretaría de trabajo y en las oficinas de Osprera de Pablo Ansaloni con funcionarios de la administración Milei para, presuntamente, quedarse con el control absoluto del sindicato y su obra social.

 

En los diálogos de Whatsapp investigados por el fiscal Marijuan se transcribe al interventor Petroni afirmando que “Nadie más que los Menem están impulsando la intervención de Uatre. Me consta".

 

En otro chat, le da una orden a Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en otra empresa investigada, HTech: "avísale a Lule" y "Eso lo tiene que saber Martin y Lule".

 

Reuniones.

 

La trama de poder se extiende a reuniones de alto nivel. Los mensajes recuperados muestran a Petroni coordinando encuentros con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Salud, Mario Lugones, para luego reportar que iría “después con Martin Menem en Casa Rosada”.

 

El documento trata sobre una denuncia penal relacionada con la presunta conformación de un plan criminal para intervenir el sindicato UATRE por parte de varios funcionarios y exfuncionarios.

 

Además de las transcripciones realizadas a los involucrados en la investigación que muestran lazos de contacto con funcionarios de la Casa Rosada, sus puntos principales son los siguientes: Convocatoria a Indagatoria de Imputados. Se requiere la declaración indagatoria de varios funcionarios y exfuncionarios por presunta corrupción en la UATRE.

 

Se convocan a seis personas, incluyendo a Pablo Ansaloni, Julio Cordero y Claudio Aquino. La decisión se basa en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. La causa se inició por una denuncia de José Antonio Voytenco, Secretario General de UATRE.

 

Por otro lado, la denuncia de José Voytenco, que se centra en un plan criminal para tomar control de la UATRE tras la derrota electoral de Ansaloni. Voytenco acusa a varios funcionarios de conformar un plan para intervenir el sindicato. Se menciona la firma de un dictamen que solicitaba la intervención judicial del sindicato. (NA)