La quieren echar del INTA por investigar la presencia de plaguicidas

Virginia Aparicio trabaja desde hace más de dos décadas en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Conicet, y coordinó en Argentina el proyecto internacional Sprint, una investigación financiada por la Unión Europea que estudió la presencia de plaguicidas en distintas matrices ambientales y biológicas.

El proyecto comenzó formalmente en 2020 y Argentina fue el único país sudamericano que participó. En 2021 se realizó un muestreo sobre 73 personas de Balcarce, Necochea, Tres Arroyos, Mar del Plata, Tandil y zonas rurales. Se analizaron muestras de sangre, orina, materia fecal e hisopados, además de alimentos, polvo de viviendas, cultivos, animales, alimento para ganado, suelos y agua superficial.

Los resultados mostraron presencia de múltiples sustancias. En las muestras humanas argentinas se detectaron entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, entre 6 y 13 en orina y hasta 18 en materia fecal. El glifosato apareció en el 86,1% de los participantes argentinos y en el 100% de las muestras de materia fecal analizadas en Buenos Aires. También se detectó clorpirifos en el 37,7% de las muestras argentinas, frente al 3,7% registrado en el grupo europeo.

Investigación frenada.

Los resultados debían ser presentados públicamente en junio de 2023. La reunión fue suspendida por autoridades del INTA y, meses después, el organismo decidió poner fin a la participación argentina en Sprint. El 7 de diciembre de ese año, el entonces presidente del instituto, Mariano Garmendia, firmó la resolución que formalizó la salida del proyecto.

Aparicio sostiene que el conflicto comenzó cuando aparecieron los resultados. En una entrevista publicada por Canal Abierto explicó que el objetivo del proyecto no era solamente medir la presencia de plaguicidas, sino utilizar esa información para trabajar con productores y mejorar las prácticas productivas. “Creo que asustó un poco el hecho de ver toda esa información”, sostuvo la investigadora al referirse a los datos obtenidos.

Después de la salida del INTA del proyecto, a fines de 2024 comenzaron las consultas internas sobre las funciones de Aparicio y en febrero de 2025 fue notificada de un sumario administrativo que alcanzó también a integrantes del equipo.

Según su abogado, Mario Bolla, entre las acusaciones figura un supuesto ocultamiento de información a las autoridades y un supuesto perjuicio económico para el Estado. La defensa rechaza ambos cargos y sostiene que Aparicio comunicó las acciones del proyecto a sus superiores y que Sprint fue financiado con fondos europeos.

Pedido de exoneración.

El expediente terminó con un pedido de exoneración para Aparicio, la máxima sanción disciplinaria dentro del empleo público nacional. Según la propia investigadora, el Consejo Directivo del INTA ya habría tratado el sumario y ratificado la medida, aunque aguardaba la notificación formal. 

La científica cuestiona el alcance de la sanción y advierte que no se trata solamente de perder su puesto de trabajo. “Significa quitarme la identidad científica”, afirmó Aparicio, quien explicó que una exoneración le impediría volver a trabajar en organismos de la Administración Pública Nacional durante al menos cinco años.

El caso generó pronunciamientos de organizaciones gremiales y científicas, que cuestionaron el proceso y reclamaron que no avance la exoneración. Apinta, el gremio del INTA, sostuvo que la investigación administrativa afecta la libertad científica y cuestionó que se sancione a quienes participaron de un proyecto que había atravesado las instancias institucionales correspondientes.

Aparicio, por su parte, reivindica el carácter público de su trayectoria y de la investigación realizada. En medio del conflicto, sostiene que el debate excede su situación personal y alcanza al rol que deben cumplir los organismos estatales de ciencia: producir información, hacerla pública y permitir que sus resultados sean discutidos.

La investigación Sprint continuó a nivel internacional aun después de la salida argentina del INTA. Sus resultados volvieron a colocar en el centro de la discusión la exposición a plaguicidas y, al mismo tiempo, abrieron un conflicto dentro del propio organismo que ahora puede terminar con la expulsión de la científica que coordinó el estudio en Argentina.