Llega Georgieva: El FMI exige que el tributo provincial sea reemplazado por un IVA dual
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) hizo eje en la visita que desde mañana realizará la titular del Fondo Monetario Internacional al país. Además de la mirada sobre el cumplimiento de las metas, la burocracia del organismo exige reformas tributarias que impactan en las provincias.
La llegada a la Argentina de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, prevista para hoy, se produce en un momento clave de la relación entre el organismo y el gobierno de Javier Milei. Más allá del fuerte respaldo político que representa la presencia de la titular del Fondo, la agenda estará marcada por una cuestión central: el cumplimiento de las metas del programa Extended Fund Facility (EFF) 2025 y las reformas estructurales comprometidas para los próximos meses.
En este segundo aspecto aparecen exigencias que podrían tener un impacto profundo en las provincias -y obviamente en La Pampa- sobre todo si se tiene en cuenta que el organismo y el propio gobierno nacional, como buen alumno, tienen en la mira el impuesto a los Ingresos Brutos, la principal fuente de recaudación de las provincias, en un contexto donde Nación ha estrangulado las transferencias no automáticas de Nación a los distritos, además de provocar una caída en la coparticipación.
Informe
Según el informe elaborado por el CEPA, el Gobierno incumplió por primera vez la meta acordada con el FMI al cierre del primer semestre de 2026. En junio registró un déficit primario de 696.843 millones de pesos y acumuló un superávit de 6,3 billones, unos 573.974 millones por debajo del objetivo establecido para esa fecha. El desvío resulta aún más significativo si se considera que en mayo el propio Fondo había flexibilizado la meta en 1,6 billones de pesos, reduciendo la exigencia original de 8,5 a 6,9 billones.
Pero hay más dificultades en el horizonte. Para diciembre, el acuerdo exige alcanzar un superávit primario de 16,3 billones de pesos. Esto implica generar otros 10 billones durante el segundo semestre. Sin embargo, la proyección realizada por CEPA, basada en la estacionalidad del resultado fiscal de los últimos años, estima que el Gobierno podría cerrar el año con un superávit de apenas 10,5 billones, muy por debajo de la meta comprometida.
El informe sostiene que, dado que durante los primeros años de gestión de La Libertad Avanza dos tercios del superávit se concentraron en la primera mitad del año, alcanzar el objetivo pactado con el Fondo aparece como un escenario “sumamente improbable”.
Financiamiento
Otro punto que asoma como fuente de discusión entre el organismo y el equipo económico es la estrategia de financiamiento. El Gobierno prevé colocar deuda en mercados internacionales por 4.000 millones de dólares durante 2026, de los cuales ya habría obtenido alrededor de 3.200 millones mediante préstamos garantizados por organismos multilaterales.
Sin embargo, el FMI proyecta necesidades de financiamiento superiores y estima emisiones adicionales por 1.433 millones de dólares para lo que resta del año. Las diferencias se profundizan hacia 2027: mientras el Fondo contempla emisiones por hasta 8.000 millones de dólares, el programa financiero oficial no prevé nuevas colocaciones externas.
El contraste refleja dos diagnósticos distintos. Para el FMI, el regreso al mercado internacional de crédito constituye un paso necesario para consolidar el programa económico. En cambio, el ministro Luis Caputo apuesta a que evitar nuevas emisiones contribuya a reducir el riesgo país y permita recuperar el acceso al financiamiento privado en mejores condiciones. Según el análisis de CEPA, una de las preocupaciones del Fondo sería el incremento de la denominada deuda senior, cuya prioridad de cobro podría dificultar futuras emisiones dirigidas a acreedores privados.
Reformas
La agenda también incluye una serie de reformas estructurales comprometidas con el organismo. Entre ellas figura una reforma tributaria integral que debería presentarse antes de fin de año. El FMI plantea eliminar exenciones impositivas, ampliar el universo alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, modificar el régimen del Monotributo y reemplazar Ingresos Brutos por un esquema de IVA dual administrado por las provincias.
Además, el Gobierno deberá implementar un registro de riesgos de cumplimiento tributario, avanzar en recomendaciones vinculadas al combate del lavado de dinero y preparar una futura reforma previsional, prevista para 2027. A esto se suma la posible modificación de la Carta Orgánica del Banco Central con el objetivo de fortalecer su independencia institucional.
El reemplazo de IIBB por el IVA provincial aparece como el tema que mayor impacto podría tener en nuestra provincia y en el resto de los distritos. Ingresos Brutos representa una de las principales fuentes de recaudación de las provincias. Si ese impuesto fuera reemplazado por un IVA provincial, habría que rediseñar completamente el esquema de financiamiento provincial.
La discusión no sería sólo tributaria, sino también de autonomía fiscal, porque modificaría la forma en que la provincia obtiene recursos propios.
Además, una ampliación del Impuesto a las Ganancias implicaría que más trabajadores pampeanos comenzarían a tributar ese impuesto.
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