El presidente de la SRA Nicolás Pino respaldó la extranjerización de tierras

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, volvió a respaldar la reforma de la Ley de Tierras Rurales impulsada por el Gobierno nacional y afirmó que “no tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”. “No se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado”, agregó, en defensa de una iniciativa que busca eliminar las restricciones a la adquisición de campos por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
Las declaraciones fueron realizadas el mismo día en que funcionarios nacionales se reunieron en Casa Rosada para terminar de definir la redacción del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuya aprobación fue postergada en cuatro oportunidades por la falta de votos en el Senado.
La iniciativa, elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, modifica la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011. La normativa vigente no prohíbe la compra de campos por parte de extranjeros, sino que establece límites para evitar la concentración: la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento o municipio, mientras que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese porcentaje.
La reforma impulsada por el oficialismo elimina esos topes para personas físicas y jurídicas extranjeras y sólo mantiene la exigencia de una autorización conjunta de la Nación y de la provincia cuando la compradora sea una empresa con participación de Estados extranjeros.

“No podes prohibir”.
El respaldo de Pino se apoya en el derecho de los propietarios a disponer libremente de sus inmuebles. “No le podés prohibir a nadie que pueda vender su tierra”, señaló días atrás, al tiempo que sostuvo que “la Argentina también fue hecha por extranjeros”, en referencia a las corrientes inmigratorias de los siglos XIX y XX.
Sin embargo, ese argumento esquiva el principal eje de la discusión. La ley vigente nunca impidió que un propietario vendiera un campo a un extranjero, sino que reguló la concentración de tierras rurales en manos foráneas por razones de soberanía y de administración de recursos estratégicos. El proyecto oficial elimina precisamente esos límites.
Durante la misma entrevista, el titular de la Sociedad Rural también planteó que “hay que tener cuidado con las zonas de frontera”, uno de los puntos que mayor preocupación genera entre los sectores que rechazan la reforma. El proyecto elaborado por Sturzenegger elimina las restricciones especiales para la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera, un aspecto cuestionado por organizaciones campesinas, especialistas en derecho agrario, sectores de la oposición y algunos gobernadores.
Desde la Casa Rosada sostienen que la apertura apunta exclusivamente a inversores privados, no a Estados extranjeros, y que permitirá atraer inversiones y otorgar mayor seguridad jurídica. No obstante, el capítulo referido a la extranjerización de la tierra continúa siendo el principal obstáculo para la sanción de la iniciativa.

Resistencia.
El Diario.Ar reflejó que la resistencia ya excede al kirchnerismo y la izquierda. Gobernadores y sectores de la oposición dialoguista reclaman mantener herramientas para que las provincias conserven capacidad de intervención sobre el uso y la titularidad de las tierras rurales. Incluso dentro del oficialismo surgieron diferencias, reflejadas en el cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, crítica de algunos aspectos del proyecto, y la ministra Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la reforma.
Con el tratamiento previsto para el próximo 6 de agosto, el Gobierno volvió a convocar a una mesa de negociación integrada por Bullrich, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, equipos de Sturzenegger, autoridades de las comisiones del Senado y representantes de bloques federales para intentar destrabar el proyecto. Mientras tanto, desde el oficialismo insisten en que esta vez lograrán reunir los votos necesarios para avanzar con una de las reformas más controvertidas del paquete de desregulación sobre la propiedad de la tierra.