Piden presupuestos de 2027
El Gobierno de Javier Milei volvió a provocar a las universidades y les dio 15 días para presentar sus planes de trabajo de 2027 y justificar allí los presupuestos de gastos.
La medida fue anunciada ayer a través de la Resolución 311/2026 publicada en el Boletín Oficial que expresa los lineamientos que deben cumplir las casas de altos estudios para formular, ejecutar y seguir sus planes de funcionamiento para el año próximo.
La fecha en que vence el plazo para la entrega de esa requisitoria será el 31 de octubre de 2026, a través del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (Sisac).
Cabe destacar, que corresponde a una normativa que está en manos de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), a través del cual ejecuta una auditoría interna de las universidades nacionales.
Según publicó Página 12, con esta maniobra política disfrazada de transparencia, el Gobierno retoma su campaña de poner en tela de juicio el gasto universitario. Ya lo había hecho en 2024 a meses de haber asumido, cuando el propio Milei calificó de “chorros” a los rectores.
“Hay un conjunto de delincuentes que no quieren ser auditados. Los chorros están en peligro”, dijo el Presidente cuando arrancó el reclamo universitario.
A esa acusación, le siguieron más cuestionamientos fogueados a través de una campaña mediática. La sociedad apoyó sucesivamente el reclamo educativo aunque la ofensiva del Gobierno no se detuvo.
La nueva decisión de obligar formalmente a las universidades a presentar y justificar sus planes y gastos para 2027 va de la mano con el incumplimiento del fallo que lo obliga a cumplir con la ley de financiamiento.
Los puntos que la Sigen le exige cumplir a los rectores tienen que ver con registros de actividades futuras, recomendaciones y eventuales correcciones.
Según las condiciones impuestas por ese organismo, cada universidad deberá ajustar sus proyectos a la dimensión, estructura, dispersión territorial y actividades de la institución. La prioridad es entregar presupuesto y finanzas, compras y contrataciones, transferencias y convenios, patrimonio e infraestructura, personal y haberes.
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