Régimen para medianas empresas tuvo media sanción

El Senado aprobó un proyecto que establece un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) con el objetivo de generar beneficios fiscales para medianas empresas que realicen inversiones productivas superiores a los US$12 millones durante los primeros dos años.

La iniciativa impulsada por el senador Eduardo Vichi fue aprobada por 60 contra 2 votos que fueron aportados por La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut, Independencia, Primero los Salteños y Convicción Federal. Solo votaron en contra los senadores de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano.

El proyecto que fue girado a la Cámara de Diputados crea un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes y busca generar beneficios fiscales para medianas empresas que realicen inversiones productivas superiores a los US$12 millones durante los primeros dos años.

Incentivos.

La iniciativa funciona como un complemento del esquema de incentivos para grandes inversiones que impulsa el Gobierno y comenzó a cosechar respaldo transversal durante su tratamiento en comisión.

El régimen establece beneficios como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA.

A su vez, excluye de los beneficios a las inversiones financieras y de portfolio, así como a los bienes de cambio.

Define como inversiones productivas la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el Impuesto a las Ganancias, así como la realización de obras destinadas directamente a actividades productivas.

También a propuesta del senador radical Maximiliano Abad se incorporó a la actividad pesquera sea incluida en el Régimen de Incentivo a las Inversiones Relevantes (RIIR) sin un monto mínimo de inversión e incluyó al ganado, a la retención de terneras en el contexto del Súper Niño, en beneficio de productores rurales.

Carbono.

Luego sobre la noche, el Senado aprobó el proyecto del marco normativo regulatorio para el Mercado de Carbono. En el tablero se leyeron 59 votos, pero desde la secretaría confirmaron que fueron 60 los senadores que apoyaron el proyecto, informó Clarín.

El senador pampeano por el peronismo, Daniel Bensusán, dijo que iba a acompañer en general el proyecto del mercado de carbono "porque es un principio para un desarrollo de todas las provincias".

"Queremos que haya un mercado de carbono nacional, pero que sea federal. El Gobierno debe convocar a todas las provincias", afirmó.

El proyecto aprobado crea un marco regulatorio para el mercado de carbono en la Argentina, con el objetivo de promover proyectos que reduzcan o capturen emisiones de gases de efecto invernadero y permitir la comercialización de los créditos de carbono que esos emprendimientos generen. Además, establece reglas para que esos activos puedan negociarse tanto en mercados nacionales como internacionales, garantizando su trazabilidad y evitando la doble contabilización de una misma reducción de emisiones.

La iniciativa crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), una plataforma pública donde deberán inscribirse los proyectos de carbono desarrollados en el país. También reconoce a los créditos de carbono como bienes con entidad jurídica propia y determina que las provincias podrán desarrollar programas jurisdiccionales vinculados a la mitigación del cambio climático, respetando el dominio provincial sobre los recursos naturales.

Salud mental.

Al cierre de esta edición, se debatía en la Cámara alta la reforma de la ley de Salud Mental, que permite las internaciones “involuntarias”, elimina los manicomios y amplía las adicciones que se tratarán como enfermedades mentales, como la ludopatía.

Según publicó Perfil, el proyecto de ley de Salud Mental enviado por el Gobierno recibió sustanciales modificaciones, ya que sin esos cambios no se podía avanzar en esa iniciativa, que era rechazada por las bancadas aliadas de la LLA y de los gobiernos provinciales.

Los principales cambios son que las internaciones involuntarias las puede disponer un médico, sin necesidad de que sea un psiquiatra; se establece un mecanismo de asistencia financiera con las provincias; se mantiene la eliminación de los manicomios y se incorporan las adicciones en general.