Sturzengger y Bullrich acuerdan cambios
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acordaron mantener los cambios que consensuaron los senadores libertarios y las bancadas dialoguistas, sobre la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros.
Bullrich informó a los periodistas acreditados en el Senado que el ministro acepto las reformas incluidas en el proyecto sobre el tema tierras con lo cual "el 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados".
La senadora y el ministro mantuvieron una reunión que mantuvieron ayer a la tarde en el Senado, de la cual también participó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.
Diferencias.
Uno de los puntos que había generado malestar entre Bullrich y el ministro es el referido a las potestades que tendrán las provincias para aprobar una venta a un inversor extranjero, donde se deja abierta la posibilidad que puedan dictar sus propias normas.
Sobre esta posibilidad que las legislaturas dicten sus propias leyes: Bullrich dijo que " las provincias mantienen facultades para legislar, aunque no creemos que vayan a sacar leyes propias.
Señaló que Sturzenegger "tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho, y, le explicamos que tenían que ver con una mirada federal del uso de la tierra, sumando a las provincias en decisiones sobre zonas fronterizas para facilitar inversiones”.
Dijo que "es un proyecto consensuado entre todos los bloques, y no pone en peligro la soberanía, ya que la propiedad de la tierra no afecta la soberanía nacional; las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros".
Las diferencias en el oficialismo y la ausencia de algunos aliados que iban a votar el proyecto obligaron al Gobierno a postergar por cuarta vez el debate de esa iniciativa en la sesión del pasado 16 de julio, que tiene como eje central la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.
Bullrich.
Según publicó Ambito, Bullrich expresó que se tuvieron en cuenta aportes de gobernadores y senadores dialoguistas y manifestó su optimismo sobre la aprobación del texto. "La idea original es la misma", dijo y profundizó: "Que un Estado extranjero no puede, de ninguna manera, comprar ni un milímetro de tierra argentina. La soberanía está absolutamente resguardada".
Tras el encuentro aclaró que avanzarán en permitir la compra de tierras a ciudadanos extranjeros, ya que, según dijo, están amparados por el concepto de propiedad que define la Constitución. "Un extranjero que vive en argentina tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades que un nacional: puede comprar tierras, departamentos, una fábrica", dijo.
Consultada sobre si se regulará la cantidad de hectáreas que podrán adquirir, Bullrich fue tajante: "No puede tener limitaciones, porque no está dentro del sentido de lo que la Argentina plantea como concepto: no hay limitaciones en la cantidad de departamentos que uno puede tener y tampoco debería haber en la cantidad de hectáreas. Eso es un concepto de propiedad y no de soberanía. La soberanía es defender lo estratégico de una Nación".
Venta de tierras.
La última versión del dictamen fija que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites.
En ejercicio de sus competencias, cada provincia podrá establecer el régimen jurídico aplicable a tal efecto.
Se prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros y de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, toda adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros deberá ser inscripta en el Registro Nacional de Tierras Rurales previsto en el artículo 14 de la presente ley.
La adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por extranjeros deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa.
Por último, se elimina el artículo del silencio administrativo por el cual, si no había un pronunciamiento de la provincia o la Nación en un plazo de seis meses, la venta queda consagrada automáticamente.
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