Mujeres encadenadas reclaman inocencia de detenidos
Redacción 08/02/2011 - 01.37.hs
Cuatro mujeres se encadenaron durante la mañana de ayer en el frente del Juzgado Federal de Santa Rosa, en la avenida Roca, en reclamo de la libertad de dos familiares que están involucrados en la causa donde se investiga a la banda de René Aguirre, el llamado "pez gordo" de la droga en La Pampa.
La esposa, una hermana y la madre de Manuel Alejandro Gil, y la mujer de Roberto Ramón Alvarez encabezaron la protesta junto a otras personas. Ambos están procesados como "partícipes necesarios" en la organización que traficaba estupefacientes y que fue desbaratada a fines de diciembre, y permanecen detenidos en la Unidad Penal 4.
Gil es el propietario del lavadero que alquilaba Aguirre, y que según la policía servía como pantalla para las actividades delictivas. Alvarez era empleado del taller mecánico que funcionaba en el mismo lugar, según explicaron las mujeres a la prensa. "Son inocentes y no tienen nada que ver", se quejaron.
El objetivo era hablar con el juez Pedro Vicente Zabala. Anunciaron que permanecerían encadenadas hasta recibir una respuesta, pero todo quedó desactivado cuando Cristina, la hermana de Gil, se descompuso y tuvo que ser asistida por el Servicio de Emergencias. También hubo un pedido del defensor oficial que representa a los acusados para que depongan la protesta.
"Sufrimos mucho, tengo una hija chiquita que se enferma todas las noches por el padre. Lo necesitamos, él es inocente, solamente porque le alquilamos un lavadero a una persona nos quiere involucrar en una banda y pedimos justicia", señaló Natalia, esposa de Gil. Este fue trasladado por un móvil del Servicio Penitenciario para que su defensor le haga conocer el estado de la causa.
También anunciaron que comenzarían una huelga de hambre seca, al igual que sus familiares detenidos. El principal Ramiro Alvarez Peña, de la Policía Federal, ofició de intermediario entre las mujeres y el magistrado. Pero Zabala les anunció que al menos ayer no las iba a recibir aunque podría hacerlo hoy.
Todos los procesamientos, de las once personas involucradas en la banda de Aguirre, están apelados ante la Cámara Federal de Bahía Blanca. Pero esa resolución demoraría entre 60 y 90 días desde el momento que fueron presentadas.
La esposa, una hermana y la madre de Manuel Alejandro Gil, y la mujer de Roberto Ramón Alvarez encabezaron la protesta junto a otras personas. Ambos están procesados como "partícipes necesarios" en la organización que traficaba estupefacientes y que fue desbaratada a fines de diciembre, y permanecen detenidos en la Unidad Penal 4.
Gil es el propietario del lavadero que alquilaba Aguirre, y que según la policía servía como pantalla para las actividades delictivas. Alvarez era empleado del taller mecánico que funcionaba en el mismo lugar, según explicaron las mujeres a la prensa. "Son inocentes y no tienen nada que ver", se quejaron.
El objetivo era hablar con el juez Pedro Vicente Zabala. Anunciaron que permanecerían encadenadas hasta recibir una respuesta, pero todo quedó desactivado cuando Cristina, la hermana de Gil, se descompuso y tuvo que ser asistida por el Servicio de Emergencias. También hubo un pedido del defensor oficial que representa a los acusados para que depongan la protesta.
"Sufrimos mucho, tengo una hija chiquita que se enferma todas las noches por el padre. Lo necesitamos, él es inocente, solamente porque le alquilamos un lavadero a una persona nos quiere involucrar en una banda y pedimos justicia", señaló Natalia, esposa de Gil. Este fue trasladado por un móvil del Servicio Penitenciario para que su defensor le haga conocer el estado de la causa.
También anunciaron que comenzarían una huelga de hambre seca, al igual que sus familiares detenidos. El principal Ramiro Alvarez Peña, de la Policía Federal, ofició de intermediario entre las mujeres y el magistrado. Pero Zabala les anunció que al menos ayer no las iba a recibir aunque podría hacerlo hoy.
Todos los procesamientos, de las once personas involucradas en la banda de Aguirre, están apelados ante la Cámara Federal de Bahía Blanca. Pero esa resolución demoraría entre 60 y 90 días desde el momento que fueron presentadas.
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