"Los resultados deben ser vinculantes"

Al igual que hizo la provincia de Mendoza con el proyecto de represa Portezuelo del Viento, la provincia de San Juan justificó su proyecto de represa hidroeléctrica El Tambolar con un estudio de impacto ambiental que se limitó a su territorio provincial, como si las consecuencias de embalsar un río se atuvieran a fronteras políticas. Por ello, en el recurso de amparo que el jueves presentó ante la Corte Suprema de Justicia, el gobierno pampeano pidió, entre otros reclamos, que se realice un estudio de impacto ambiental que comprenda toda la cuenca -cuyo tramo inferior se extiende en gran parte del territorio pampeano- y que sus resultados sean de carácter vinculante.
En declaraciones que ayer transmitió la Dirección de Prensa de Casa de Gobierno, el procurador pampeano Hernán Pérez Araujo señaló que La Pampa llegó a la instancia judicial "luego de agotar todas las instancias de negociación administrativas y políticas mediante cartas y notas enviadas por el gobernador Carlos Verna y una reunión mantenida en la Comisión del Desaguadero el 23 de agosto, donde se nos manifestó que la obra era provincial, de San Juan, y que el estudio de impacto ambiental había sido determinado por la Ley de San Juan dentro de territorio de dicha provincia".
"Ante la imposibilidad de conformar un comité de cuenca y agotadas las instancias de negociación, La Pampa presentó, en el día de ayer, una demanda de amparo ambiental", recordó el procurador de Rentas de la Provincia, afectado por el gobernador Verna a dedicarse de lleno a temas hídricos y ambientales. Fue en su condición de procurador y por este conocimiento, que Pérez Araujo suscribió la demanda ambiental junto al gobernador Carlos Verna y el fiscal de Estado pampeano, José Alejandro Vanini.

Estudios regionales.
Uno de los objetos centrales de la demanda es, precisamente, "que se realicen los estudios de impacto ambiental regional de toda la cuenca con las respectivas audiencias públicas interprovinciales y que los resultados se sometan a consideración vinculante al resto de las provincias de la cuenca", señaló.
"En ese caso también hemos pedido que se fije un caudal hídrico apto para sostener el ecosistema en La Pampa y en toda la cuenca, cuestión que tampoco ha hecho San Juan. Además, se exige que se cumpla con la Ley General de Ambiente, la Ley de Gestión Ambiental de Aguas y la Ley de Obras Hidráulicas, son todas leyes nacionales que no han sido aplicadas por Nación y que son exigidas por los estudios ambientales, como también para las audiencias públicas a realizarse en el Congreso de la Nación".
Hasta tanto se logre todo esto, lo que ha hecho La Pampa fue presentar una Demanda de Amparo Ambiental con medida cautelar, solicitando a la Corte Suprema "que se paralice la obra, y todos los trámites tendientes a su realización, hasta tanto se cumplan con todos estos requisitos exigidos por la normativa", indicó.

Política de apropiación.
En relación a las políticas mantenidas por Nación y provincias sobre cuencas interprovinciales que atraviesan territorio pampeano, Araujo sostuvo: "Es una política de apropiación y despojo que han tenido siempre, son coincidentes. En la reunión del Sistema de Desaguadero que tuvimos el 23 de agosto las posturas de Nación y Mendoza fueron al unísono, plantearon lo mismo, que no es necesario crear un comité, y que la cuenca no existe como tal, que son ríos que esporádicamente desembocan en el Desaguadero y esporádicamente llegan a La Pampa".
Esta conexión esporádica no es natural sino "por acción de provincias aguas arriba, que han instalado todas sus represas en estos ríos", contrastó Pérez Araujo.
"De realizarse "El Tambolar" sería muy complicado para el destino del río Salado, entonces estamos pidiendo que se fije un caudal ambiental. La UNLPam se encuentra trabajando en los términos de referencia para contratar la realización de un estudio integral similar al que se hizo sobre la cuenca del río Atuel, pero sobre la cuenca del Salado en La Pampa", concluyó.