Alpachiri propone su propio RIGI

El intendente de Alpachiri, Iván Fuhr, elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el denominado “RIGI Alpachirense”, un régimen de incentivos destinado a favorecer la radicación y expansión de plantas de acopio de cereales, cooperativas agropecuarias y ferias de comercialización ganadera en la localidad.

La propuesta contempla una serie de beneficios económicos y fiscales con los que el municipio busca estimular nuevas inversiones, generar puestos de trabajo y promover la incorporación de infraestructura y tecnología. En los fundamentos, el Ejecutivo plantea que la llegada de nuevos emprendimientos permitiría incrementar la capacidad de almacenamiento y comercialización y fortalecer el perfil productivo y logístico de Alpachiri.

Uno de los principales instrumentos previstos es un esquema de subsidios municipales para las guías de cereales y de hacienda. En el caso de las plantas de acopio incorporadas al régimen, las guías de cereales tendrían un costo de 0,04 Unidades Físicas de Granos (UFG), mientras que la Municipalidad absorbería la diferencia respecto del valor vigente.

Para las ferias ganaderas se propone fijar las guías de hacienda en 0,5 Unidades Fijas Semovientes (UFS). El mismo valor regiría para las guías de ingreso de hacienda destinada exclusivamente a remates feriales físicos realizados en Alpachiri. De acuerdo con el proyecto, esto significaría una reducción cercana al 68 por ciento frente al valor general vigente.

El régimen alcanzaría tanto a establecimientos ya instalados como a aquellos que decidan radicarse en la localidad. Entre los requisitos se establece contar con habilitación municipal, mantener regularizada la situación tributaria y cumplir con las normas ambientales, sanitarias y de seguridad.

Además, las empresas y entidades beneficiarias deberán presentar un plan de inversión o desarrollo que contemple obras de ampliación, modernización, construcción o incorporación de infraestructura. También deberán mantener o incrementar los puestos de trabajo registrados en la localidad y priorizar la contratación de mano de obra local cuando existan igualdad de condiciones.

El beneficio tendría una duración de 15 años, condicionada al mantenimiento de los requisitos establecidos. Los beneficiarios deberán presentar anualmente una declaración jurada con información sobre las inversiones realizadas, el personal empleado y las mejoras incorporadas.

La iniciativa también prevé que el municipio pueda suspender o retirar los beneficios en caso de incumplimientos vinculados con las inversiones comprometidas, la continuidad de las actividades o el mantenimiento del empleo.