ATE y UPCN pidieron que no se responsabilice a trabajadores por decisiones de gestión

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de La Pampa reclamó que las trabajadoras de carrera del área de Niñez y Familia no sean responsabilizadas por decisiones institucionales y de gestión que corresponden a las autoridades jerárquicas. El planteo fue presentado ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que analiza presuntas irregularidades en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y es presidida por la diputada Sandra Fonseca. 

La presentación, realizada junto a UPCN La Pampa, expresa “el respaldo de ambas organizaciones a las profesionales del equipo técnico de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia que fueron convocadas por la comisión”. Además, reclama que “se preserven sus derechos laborales y su integridad psicofísica, así como la identidad de los niños involucrados en el caso”.

Desde ATE señalaron que las trabajadoras convocadas son personal de carrera comprendido en la Ley 643 y que desarrollan funciones técnico-profesionales bajo dependencia jerárquica. En ese sentido, sostuvieron que “las responsabilidades por las decisiones institucionales corresponden a quienes ejercen funciones de conducción y no a quienes cumplen tareas técnicas”.

El sindicato consideró inadmisible que las empleadas sean sometidas a un “escrutinio político y mediático” por informes elaborados en el marco de sus competencias profesionales. Según advirtieron, “esa situación puede constituir una forma de presión institucional y generar riesgos psicosociales que el Estado tiene la obligación de prevenir, de acuerdo con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Argentina mediante la Ley 27.580”.

Identidad del niño.

Otro de los puntos planteados por los gremios se relaciona con la protección de la identidad del niño involucrado. ATE advirtió que “la exposición pública de las integrantes del equipo interviniente podría permitir su identificación indirecta y reclamó el cumplimiento de la normativa vigente en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Entre los pedidos elevados a la comisión, el gremio solicitó que “se deje sin efecto la convocatoria a las trabajadoras y que no se dispongan nuevas citaciones al personal de la Ley 643 por cuestiones vinculadas con decisiones de gestión. Y que los requerimientos de información se canalicen a través de los funcionarios responsables del área”.

Además, reclamó que “las organizaciones sindicales sean notificadas previamente ante futuras convocatorias y que se garantice a las trabajadoras la posibilidad de concurrir con representación gremial y patrocinio letrado”. Por último, solicitó evitar la difusión de nombres o datos que permitan identificar a las profesionales y, por su intermedio, al niño involucrado. “No vamos a permitir que nuestras compañeras sean expuestas ni utilizadas como variable de ajuste de una disputa política que les es ajena”, sostuvo ATE, que aseguró que acompañará a las trabajadoras en las instancias necesarias para defender sus derechos laborales y su integridad.