Bonino defendió accionar de equipos técnicos

Desde la comisión investigadora intentaron interpelar a empleados del área, más allá de no estar habilitados para hacerlo por la Constitución de La Pampa, ya que los diputados se apegaron a su Artículo 68° para crear la comisión, que los habilita a interpelar a los ministros del Poder Ejecutivo y solicitarles informes escritos al resto de los funcionarios.El subsecretario Juan Pablo Bonino encabezó la delegación que llegó a Diputados a las 9:00 de este martes, horario en el que estaban citados los empleados del área. A pesar de no tener las facultades para interpelar a funcionarios con rango menor al de ministros, los funcionarios del área se acercaron a dialogar con quienes integran la comisión. Bonino destacó en ese marco que "venimos a dialogar con las legisladoras de la comisión temas vinculados al informe escrito que presentamos hace algunos días. Fue un trabajo completo y detallado sobre el procedimiento de adopción que rige en La Pampa, en el marco de las leyes que lo regulan, tanto para el caso en particular, como para todos". En ese sentido, dijo que "nuestras acciones en el área tienen como principal objetivo garantizar los derechos de nuestras infancias y adolescencias, en el marco de las leyes vigentes. Ese es el punto de partida para desarrollar políticas de Estado, y de ahí no nos movemos". Asumir responsabilidades. Bonino resaltó también que son los funcionarios ministeriales quienes deben asumir la responsabilidad de responder las preguntas que puedan hacer las diputadas de la comisión. "Los equipos técnicos actúan bajo relación de dependencia y cumplen las directivas de sus superiores. Además, las y los trabajadores están alcanzados por el secreto propio de sus disciplinas y por el deber de confidencialidad que imponen las leyes. Parte de esas intervenciones está sujeta a control judicial, quedando fuera del ámbito de la comisión", sostuvo. El subsecretario explicó que, aunque los equipos técnicos también habían sido convocados, resolvieron concurrir los responsables políticos, técnicos y jerárquicos del área. Señaló que los empleados tienen un régimen disciplinario propio y que sus intervenciones constan en los expedientes judiciales, por lo que consideró que debían ser los funcionarios quienes respondieran ante las legisladoras. En este sentido, agregó que "más allá de todos estos detalles, estamos conformes y apoyamos el trabajo realizado por nuestros equipos. Fue profesional, responsable y eficiente, en un marco de absoluta transparencia".

Formas del procedimiento.Consultado sobre los cuestionamientos de la familia de contención por las formas en que se llevó adelante el procedimiento, Bonino aseguró que el organismo intentó acordar que la entrega se realizara de manera adecuada. Sin embargo, la otra parte no cumplió con lo acordado y eso obligó a tomar otras decisiones. Sobre ese momento, aclaró que hubo asistencia policial, pero que no se utilizó la fuerza pública. Según explicó, “la intervención de los equipos profesionales de la Policía y del equipo EDAI, especializado en el abordaje de crisis, permitió concretar el procedimiento ‘sin un grito, sin un golpe’, y sin poner en grave riesgo la integridad psicofísica del niño”. Situación de adoptabilidad. Bonino también se refirió al tiempo transcurrido entre la adopción de la medida excepcional y la declaración de la situación de adoptabilidad. Según indicó, en este caso pasaron cuatro meses entre ambas instancias, un plazo que utilizó para defender la actuación del organismo y diferenciarla de situaciones en las que un niño permanece durante años con una familia de contención. El funcionario sostuvo que la familia conocía el carácter temporario de su tarea y la situación jurídica del bebé. También reivindicó el trabajo de los equipos técnicos y afirmó que el procedimiento se desarrolló de acuerdo con las normas vigentes y las indicaciones de los organismos jurisdiccionales. Al ser consultado sobre la posibilidad de que una familia de contención decida adoptar al niño que tiene bajo su cuidado, Bonino afirmó que ambos programas son incompatibles. Sostuvo que “el Código Civil establece la inscripción en el registro correspondiente como requisito para adoptar y prohíbe las entregas directas. Habilitar ese cambio de condición implicaría apartarse de las reglas que rigen el sistema de adopción”. Finalmente, reiteró que “nuestra órbita de trabajo gira en base al derecho superior de las y los niños, esto no está sujeto a opiniones, sino que hay leyes que indican el cómo, y así lo hemos hecho. Las necesidades afectivas, económicas, sociales o políticas de los adultos se deben debatir en otro terreno. El nuestro es reconocer a las niñas y niños como sujetos de derechos y cumplir con nuestras obligaciones como Estado actuante”.

Al mediodía tampoco.

Luego de que la comisión investigadora se negara a recibir al equipo de funcionarios de Niñez y Adolescencia a las 9 de la mañana, cuando habían convocado a empleados del área, se volvió a dar un conflicto al mediodía, momento para el que sí estaba convocado el equipo de funcionarios.

A las 12 cuando llegó el momento en que habían sido convocados los funcionarios de Niñez y Adolescencia, encabezados por el subsecretario Juan Pablo Bonino, la comisión investigadora pretendió que entraran de a uno a ser interpelados, y se negaron a recibirlos a todos juntos. Entendiendo que el trabajo se desarrollaba en conjunto, el equipo decidió entrar todos juntos. Como no se los permitieron desde la comisión, se retiraron y finalmente tampoco se concretó la reunión.