Con alta adhesión el paro docente desafió a Milei

Como estaba previsto, el paro docente tuvo un alto acatamiento y alcanzó un 95 % en La Pampa mientras que en algunas escuelas llegó el 100 %, según la Utelpa. La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) denunció presiones del Gobierno nacional. “Creemos que hay un atentado muy fuerte contra el derecho a la huelga”, afirmó la secretaria general de la central, Sonia Alesso.

En Santa Rosa, la manifestación tuvo lugar en el centro de la capital. Las y los docentes se movilizaron con carteles que decían: “La educación pública se defiende”; “Los docentes trabajamos y somos pobres”; “El aula resiste, el bolsillo no”; “Esenciales para el paro, invisibles para el sueldo. No al doble discurso”.

En diálogo con Radio Noticias, la secretaria general electa de Utelpa, Claudia Calderón, aseguró que el acatamiento del paro fue del 95 % en general, aunque en algunas escuelas fue del 100 %. También enumeró por qué los docentes realizaron la medida de fuerza: “Es por la desaparición por completo de la paritaria nacional, lo que le quita la capacidad de negociación a la Central, sobre todo con un piso salarial para mantener el salario docente en un mínimo que le permita a los compañeros llegar a fin de mes. En el caso provincial, nosotros tenemos que mejorar el salario en otras condiciones ya que la paritaria está abierta. A su vez, reclamamos la devolución del Fonid, porque ellos hablan de esencialidad en la educación y que los docentes debemos estar en la escuela, pero incumplen la Ley de Financiamiento educativo, donde hoy un docente está perdiendo alrededor de 300.000 pesos porque el Gobierno nacional no hace el aporte que le corresponde”.

Esencial.La jornada de paro docente nacional quedó atravesada por una fuerte disputa entre los sindicatos y el Gobierno, que desplegó controles para relevar el nivel de adhesión en las escuelas y cuestionó la medida de fuerza. El Ministerio de Capital Humano realizó desde las 8.30 de la mañana inspecciones para verificar que se garantizara al menos el 75 % de la prestación habitual del servicio educativo, como establece el artículo 101 de la ley de reforma laboral.

En este contexto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, señaló: "Si no se cumple el 75 % de presentismo habrá un proceso para determinar sanciones, aunque no estamos pensando en aplicarlas sobre los docentes. Los gremios son los encargados de cumplir con la ley".

El anuncio del Gobierno nacional generó enojo en todos los sindicatos de docentes del país. Claudia Calderón afirmó que ello “es una manera de amedrentar y tratar de bajarle el precio al paro y a la movilización en cada una de las provincias. Lo que pretenden es que aquellas provincias que responden al Gobierno nacional actúen con poder policía que no lo tienen”.

Recordó que en 2024 Nación intentó lo mismo y la Ctera realizó una presentación judicial. “Tenemos dos fallos a favor nuestro que inhabilitan el punto de la reforma laboral que tiene que ver con la esencialidad y con el obligarnos a garantizar un porcentaje de trabajadores que no pueden hacer huelga”.

La representante de Utelpa aclaró que el Gobierno provincial “garantizó que no va a pasar a mayores el control en las escuelas porque no tienen poder de policía. Nosotros asesoramos a los directores y directoras, aunque también está la postura provincial de que no se cumpla nada que esté por fuera de la ley y de lo que le compete a la provincia”. Según pudo saber este diario, hubo inspecciones de Nación en al menos dos escuelas pampeanas.

Presión.

Por su parte, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, aseguró en el canal Gelatina que la protesta tuvo un alto nivel de acatamiento en todo el país y denunció una escalada de presión oficial sobre los trabajadores de la educación.

“El Gobierno presiona a los docentes de una forma que nunca habíamos visto”, afirmó. La dirigente gremial sostuvo que la administración nacional busca desalentar la participación en la huelga mediante mecanismos de seguimiento de la asistencia. “Creemos que hay un atentado muy fuerte contra el derecho a la huelga y a la libertad sindical. Vamos a llevar adelante acciones legales a nivel nacional e internacional”, afirmó.

“El gobierno no quiere discutir mejoras salariales, ni inversión educativa”, lamentó y cuestionó el nivel de recursos destinados al sistema educativo. “Es la menor inversión educativa en los últimos 30 años. Estamos peor que en los años 90. Este gobierno desde su asunción no construyó una escuela y lo único que ha hecho es desfinanciar al sistema educativo”, aseguró.

La dirigente también hizo hincapié en la situación económica de los trabajadores del sector. “El endeudamiento de las y los docentes es realmente brutal, tenemos compañeros que no pueden pagar los servicios o el alquiler”, señaló.