Conflicto por el Atuel: “La Corte tendrá que resolverlo en su momento”

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el uruguayo Ricardo César Pérez Manrique, brindó este lunes una charla en la Universidad Nacional de La Pampa en la que estuvieron funcionarios provinciales, representantes del Poder Judicial, estudiantes universitarios y público en general.

Pérez Manrique es juez de la Corte IDH desde 2019 y fue su presidente en el período 2022-2023. Anteriormente fue juez y presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay y ocupó, en nombre de su país, la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, integrada por 23 países de América y Europa.

La visita del magistrado fue organizada por el Poder Judicial y el disertante estuvo acompañado por la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Verónica Campo, y el rector Francisco Marull. Previo a ello, Pérez Manrique brindó una conferencia de prensa a los medios pampeanos donde explicó los alcances de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su posible participación en el conflicto que La Pampa mantiene con Mendoza y el Gobierno nacional por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

- Desde La Pampa se hizo una presentación sobre la problemática del río Atuel. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio lugar a esa presentación en 2024 y solicitó información al Gobierno nacional. ¿La Corte puede expedirse sobre esta situación?

- Si la Comisión recibió el caso y le pide información al Gobierno argentino, es porque lo ha admitido y ha creado un caso o ha reconocido la existencia de un caso. La Comisión tiene una doble tarea en el momento de recibir una denuncia y procesarla: por un lado determinar si es posible o no un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y las provincias; o que el trámite siga adelante si entiende que es responsabilidad del Estado, entonces la Corte tendrá que resolverlo en su momento. Los casos en la Comisión están un tiempo y, si pasan a la Corte, la misma debe dictar sentencia en 22 o 23 meses, salvo circunstancias muy excepcionales. Nosotros recibimos un expediente ya está todo procesado y el informe de la Comisión es una suerte de acusación fiscal.

- En la Legislatura provincial se está debatiendo la adhesión al Régimen Penal Juvenil porque Argentina bajó la edad de punibilidad de los delitos a 14 años. ¿Qué mirada tiene usted sobre este tema y qué mirada tiene la Corte?

- La opinión de la Corte no sé cuál es porque nunca se ha planteado un caso, pese a que la Corte tiene algún pronunciamiento, sobre todo vinculado con el caso Maldonado, vinculado con el tema de las prisiones perpetuas a personas que cometieron delitos teniendo menos de 18 años de edad. Pero nunca ha enjuiciado directamente el sistema penal vigente en Argentina como tal. Si Argentina se estaría inclinando hacia un sistema que varía radicalmente el enfoque de la organización del sistema penal adolescente yo no puedo dar una opinión.

- ¿Sobre qué país reciben más denuncias por violaciones de derechos humanos?

- En este momento no recuerdo si hay países que tienen más casos que otros, pero a a veces también depende de las circunstancias y de los períodos de tiempo. Hay países que tienen muy pocos casos y otros que tienen más, pero eso no quiere decir que haya un ranking de países más violadores de los derechos humanos que otros. Por ejemplo, ahora están saliendo muchas sentencias respecto de algunos países que están teniendo serios problemas de democracia. En el caso de Nicaragua, la Corte ha declarado que es un Estado que se encuentra en una situación de desacato permanente por incumplir sus decisiones. Lamentablemente se van acumulando casos de Nicaragua y de Venezuela también. No son los únicos países, pero allí ha habido un incremento en los últimos tiempos.