“El medicamento no es una mercancía”

La Federación Nacional Mercantil Mutualista de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios manifestó su profunda preocupación ante el proyecto de desregulación de la actividad farmacéutica que sería presentado en los próximos días ante el Honorable Senado de la Nación para su tratamiento.

 

A través de un comunicado de prensa titulado “El medicamento no es una mercancía: Es un bien social y una responsabilidad indelegable del Estado”, las autoridades alertaron sobre los cambios que propone el gobierno de Javier Milei. La iniciativa busca flexibilizar la comercialización de medicamentos, habilitar nuevos canales de venta, digitalizar procedimientos y modificar la organización de las farmacias y droguerías.

 

El texto de la Federación Nacional Mercantil Mutualista lleva la firma del presidente Rodrigo Genoni; el secretario de Prensa y Difusión, Angel Martínez; y el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, Armando Cavalieri. Sostuvieron que los cambios “implican un cambio de enorme trascendencia para el sistema farmacéutico argentino” y que el debate trasciende la organización de las farmacias ya que “pone en discusión el papel que debe asumir el Estado para garantizar el derecho a la salud y el acceso seguro a los tratamientos farmacológicos”.

 

“El medicamento no es un producto de consumo común. Es un bien social de interés sanitario cuya utilización requiere controles, asesoramiento profesional y un marco regulatorio que garantice su calidad, trazabilidad y uso racional”, expresaron y opinaron que “cada decisión vinculada a su dispensación impacta directamente en la seguridad de las personas. La evidencia sanitaria es contundente. La automedicación, el uso inadecuado de medicamentos, las interacciones farmacológicas, las reacciones adversas, la resistencia antimicrobiana y la demora en diagnósticos oportunos constituyen problemas de salud pública reconocidos en todo el mundo”.

 

Rol sanitario.

 

En este contexto, explicaron que “la farmacia cumple una función sanitaria esencial dentro de la red de atención, donde el profesional farmacéutico brinda orientación, previene riesgos y promueve el uso seguro de los tratamientos. Por ello, corresponde al Estado establecer, regular y fiscalizar las condiciones en las que se desarrolla esta actividad”.

 

Desde el organismo señalaron que “las reformas propuestas trasladan progresivamente decisiones sanitarias hacia una lógica predominantemente comercial. La ampliación de los canales de comercialización, la incorporación de plataformas digitales como intermediarias, la flexibilización de los mecanismos de expendio y la integración vertical entre distribución y venta al público modifican el modelo sanitario vigente y generan condiciones para que intereses económicos prevalezcan sobre criterios de salud pública”.

 

Advirtieron que el proyecto de Nación “favorece una mayor concentración del mercado farmacéutico. La posibilidad de operar bajo diversas figuras societarias y la creciente participación de grandes operadores con mayor capacidad financiera, tecnológica y logística profundizan las asimetrías competitivas, afectando especialmente a las farmacias mutuales, cooperativas, sindicales y a aquellas que garantizan la prestación del servicio en pequeñas localidades”.

 

“Estas instituciones cumplen una función social indispensable. En numerosas comunidades son el único punto de acceso cercano a medicamentos y atención farmacéutica profesional, asegurando la continuidad del servicio incluso donde la rentabilidad económica resulta insuficiente para otros actores del mercado. Preservar su sostenibilidad significa garantizar igualdad de acceso para toda la población, independientemente del lugar donde viva”, agregaron.

 

Desde la Federación sostuvieron que la modernización normativa “debe orientarse a fortalecer el sistema sanitario, ampliar el acceso de la población a los medicamentos y mejorar la calidad de las prestaciones, sin debilitar los mecanismos de control ni disminuir la responsabilidad del Estado como garante del derecho a la salud”.

 

“Las plataformas digitales y las herramientas de comercio electrónico pueden representar avances valiosos cuando funcionan como instrumentos al servicio del sistema sanitario. Su utilización, sin embargo, debe desarrollarse bajo la autorización de la autoridad sanitaria competente y la supervisión permanente del director técnico farmacéutico, garantizando la trazabilidad del medicamento, la seguridad del paciente y el estricto cumplimiento de las normas sanitarias vigentes. La innovación debe fortalecer el sistema de salud, nunca reemplazar los controles que protegen a la población”, desarrollaron.

 

Por último, afirmaron que “las provincias deben conservar plenamente sus facultades constitucionales para ejercer el poder de policía sanitaria, regulando la habilitación, el funcionamiento y la fiscalización de las farmacias de acuerdo con las necesidades y realidades de cada jurisdicción”.