Expedientes por unos guantes: la FIA se enojó con la burocracia boba

Una denuncia por la pérdida de unos guantes que dio lugar a una investigación, motivó un fuerte reto de la FIA a los funcionarios que denuncian naderías de cosas perdidas o gastadas por su uso.

La Fiscalía de Investigaciones administrativas parece haber perdido la paciencia con algunos funcionarios que denuncian sin respetar el rol que la Constitución de la Provincia le asigna al organismo ni el criterio de “significación económica” del bien perdido sujeto de investigación.



En su última resolución publicada en el Boletín Oficial, el organismo de control de los funcionarios y sus conductas, se explaya sobre la pertinencia de las denuncias a partir de un expediente iniciado en el Hospital Evita por la pérdida de un par de guantes anticorte nivel de protección 5 marca Gikea.



La resolución que le da inicio al enojo de la FIA lleva el numero 118/26 del Ministerio de Salud que ordena “la instrucción de un Sumario Administrativo, a efectos que se investigue la desaparición de un par de guantes” a partir del cual el organismo de control “ordena promover una Investigación legal, formal y documentada de las causales que originaron las presentes actuaciones”

Iniciado el expediente, el instructor concluye que al no poder determinarse quien era el responsable de ese par de guantes, se debía archivar las actuaciones y notificar a la dirección de Bienes Patrimoniales que dé de baja el par de guantes.



A partir de allí, la fiscal adjunta de la FIA, Gabriela Cristina Tabernero, realiza una serie de consideraciones recordando que la función del organismo es investigar la conducta de los funcionarios y no buscar guantes perdidos que no se sabe si se perdieron, se gastaron o alguien se los llevó. 



Por tal motivo recuerda el “Instructivo para sumario por faltante de bienes sin denuncia penal” y el mismo instructivo para cuando se haga denuncia penal por el faltante.



La resolución le recuerda a los funcionarios que “la intervención de esta Fiscalía” solo procederá “cuando existan sospechas fundadas de una conducta irregular o ilícita de algún agente o funcionario en el ejercicio de sus funciones o en vinculación con las mismas y dentro del tiempo que habilite su investigación”.



Recuerda además que debe tenerse en cuenta además “la significación económica del bien/es y dentro de los parámetros técnicos de vida útil, debiendo en estos casos, el organismo de origen cumplimentar de manera previa, los criterios de intervención fijados en la presente resolución”. O sea, en criollo: estamos para investigar a funcionarios y no para buscar guantes.