Impulsan pago estatal de deudas alimentarias

El bloque del Frejupa, con la autoría de la diputada y ex secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, impulsa en la Cámara de Diputados de La Pampa un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Garantía y Recupero de Cuotas Alimentarias de Niñas, Niños y Adolescentes.

La propuesta pretende dar una respuesta concreta e inmediata a una problemática social recurrente: los tiempos y la complejidad de las ejecuciones judiciales frente a progenitores incumplidores. Según destacan los fundamentos del proyecto, las necesidades alimentarias, educativas y de desarrollo de los menores son “actuales, permanentes e impostergables”, por lo que no pueden quedar supeditadas a la demora de las tramitaciones en los tribunales.

En cuanto al funcionamiento del Sistema Provincial de Garantía y Recupero de Cuotas Alimentarias de Niñas, Niños y Adolescentes, el proyecto establece que el Estado provincial garantizará el pago de la cuota alimentaria -tanto provisoria como definitiva- fijada mediante resolución judicial o acuerdo homologado, cuando se verifique una mora total o parcial de 60 días corridos contados a partir del primer incumplimiento.

Verificado el plazo, el juez o jueza de la causa dispondrá la incorporación de la niña, niño o adolescente al Sistema y notificará por vía electrónica a la autoridad de aplicación. A partir de allí, la Provincia abonará el monto o la diferencia pendiente correspondiente al período de mora y continuará depositando la prestación con la periodicidad fijada por la Justicia mientras se mantenga la situación de incumplimiento.

Asimismo, la normativa aclara expresamente que la intervención estatal no implica una condonación ni una reducción de la cuota, ni tampoco exime al progenitor de sus responsabilidades. Las sumas abonadas por el Estado tendrán carácter de anticipo, habilitando de inmediato las acciones de recupero.

Recupero.

Para evitar que el incumplimiento represente un costo para las arcas públicas o un beneficio para el infractor, la iniciativa crea el Sistema Provincial de Recupero Alimentario. Mediante una Orden Judicial de Recupero, la Justicia podrá trabar medidas sobre un abanico actualizado de activos financieros.

Entre las herramientas previstas, el proyecto autoriza la retención sobre acreditaciones en cuentas bancarias, cuentas de pago, billeteras virtuales y demás instrumentos financieros a nombre del obligado alimentario, dentro de los límites legales (quedando excluidos conceptos inembargables o transferencias entre cuentas de un mismo titular). También se contempla la interoperabilidad entre el Poder Judicial, dependencias provinciales, entidades bancarias y organismos nacionales para identificar empleos, bienes, créditos y actividad económica del deudor.

El cobro de la garantía por parte del Estado cesará únicamente cuando el deudor acredite el cumplimiento íntegro y en término de tres cuotas consecutivas o cuando cese la obligación judicial.

Financiamiento.

El proyecto de Robledo establece que el sustento económico del sistema estará a cargo del nuevo Fondo Provincial de Garantía Alimentaria, que poseerá carácter específico y rotatorio. Su financiamiento provendrá de: una proporción de las utilidades de los juegos de azar administrados por Dafas (Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social) correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social; la totalidad de los fondos e intereses recuperados de los progenitores incumplidores, los cuales reingresarán de forma automática al esquema; partidas presupuestarias provinciales que garantizarán la continuidad del servicio ante eventuales insuficiencias transitorias.

El proyecto precisa que este sistema será complementario y no sustituirá al actual Registro Provincial de Deudores Alimentarios (Ley 2.201). Mientras este último aplica sanciones administrativas y restricciones, la nueva ley enfoca su objetivo en asegurar la subsistencia diaria de los menores y evitar la sobrecarga económica y el desgaste de quien ejerce el cuidado cotidiano. El proyecto, para ser debatido en comisión, ingresará a la Cámara de Diputados el próximo jueves 29 de octubre.