Jury contra el fiscal Mendiara: diputados conformaron Sala Acusadora

La Cámara de Diputados de la provincia conformó este jueves la Sala Acusadora de Juicio Político, que quedó integrada por Martín Balsa, Daniel Lovera, León Nicanoff, Javier Torroba, Celeste Rivas y Sandra Fonseca. Como suplentes quedaron Espartaco Marín, Federico Ortiz, Noelia Viara e Hipólito Altolaguirre.

 

La conformación de dicha Sala es gravitante en estas horas porque el miércoles se elevó un pedido de un jury enjuiciamiento al fiscal general de General Acha, Sebastián Mendiara, envuelto en un escándalo por incidentes con agentes policiales en Victorica.

 

La Sala Acusadora es una de las salas que forman parte del procedimiento de juicio político. Se encarga de acusar a los funcionarios públicos que cometen actos u omisiones que perjudiquen a los intereses de la sociedad.

 

En la sesión de ayer, además, fueron designados los integrantes del Consejo de la Magistratura, quienes obtuvieron su aprobación por mayoría: Hernán Pérez Araujo como titular, Marcela Páez como primera suplente y Federico Ortiz como segundo suplente.

 

En la primera sesión ordinaria del período legislativo 2025, presidida por Hernán Pérez Araujo en reemplazo de la vicegobernadora Alicia Mayoral, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo, fue aprobada por unanimidad, con la abstención del bloque PRO-MID, la declaración que manifiesta el rechazo al veto presidencial a las leyes de Financiamiento Universitario y Movilidad Jubilatoria. Además, fueron condenados los hechos de violencia sucedidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el último miércoles.

 

Previamente, se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del trágico temporal ocurrido en Bahía Blanca.

 

En tanto, obtuvo su aprobación por unanimidad la ley que crea el Programa Provincial de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia.

 

A su vez, la resolución que declara de interés cultural y legislativo a la Escuela Integral de Tambores y al festival Cultura a Toda Marcha de Santa Rosa obtuvo su aprobación por unanimidad, con la abstención del bloque CO.

 

Por último, la resolución unificada por la que se solicita al Poder Ejecutivo un informe respecto a los casos de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) en La Pampa fue aprobada por unanimidad.

 

Rechazo.

 

El diputado Javier Torroba, de la UCR, expresó su rechazo al veto presidencial sobre las leyes de Financiamiento Universitario y Movilidad Jubilatoria.

 

“El veto presidencial a estas leyes es una falta de respeto al Congreso y a la sociedad. No podemos permitir que decisiones fundamentales para la educación y los jubilados sean desestimadas de manera arbitraria”, sostuvo el legislador.

 

Torroba destacó la importancia de garantizar el financiamiento adecuado para las universidades públicas, asegurando su funcionamiento y el acceso a la educación superior de miles de estudiantes. “La universidad pública es un pilar del desarrollo y la igualdad de oportunidades. Sin financiamiento, se compromete el futuro de generaciones enteras”, advirtió.

 

Asimismo, el diputado cuestionó el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que buscaba actualizar los haberes de los jubilados para proteger su poder adquisitivo frente a la inflación. “No se puede seguir ajustando sobre los que más lo necesitan. Los jubilados no pueden ser la variable de ajuste de un modelo económico que solo genera más desigualdad”, afirmó.

 

Por otro lado, Torroba hizo un llamado a la defensa de los valores democráticos y al respeto por el rol del Congreso: “El Congreso expresó la voluntad del pueblo al sancionar estas leyes. Vetarlas sin una alternativa real es desconocer la legitimidad del Poder Legislativo. Desde la UCR, seguiremos trabajando para que estas políticas se concreten y para frenar cualquier intento de avasallar los derechos de los argentinos”.

 

Inversión.

 

Marcela Páez, del bloque Frejupa, también expresó su firme rechazo a los vetos presidenciales y sostuvo que ambas medidas afectan derechos fundamentales y profundizan la crisis social.

 

“El financiamiento universitario es una inversión y no un gasto. La ley sancionada por el Congreso era una herramienta clave para recomponer el presupuesto de las universidades nacionales, que hoy enfrentan una emergencia presupuestaria. Su impacto fiscal era mínimo y simplemente garantizaba que los recursos asignados se ajustaran a la inflación acumulada”, explicó la diputada.

 

Asimismo, Páez subrayó que la falta de financiamiento compromete el derecho a la educación y el trabajo de quienes forman parte del sistema universitario: “Defendemos el acceso a la educación pública y creemos en su poder transformador. Lucharemos con una resistencia democrática y pacífica por la educación que queremos y el país que anhelamos”.

 

Páez destacó que la norma establecía que el haber mínimo no podía ser inferior a la canasta básica del adulto mayor, garantizando así una mejor calidad de vida para jubilados y jubiladas. “Este gobierno dice que no hay plata, pero aprobó una reducción de impuestos para las personas más ricas del país. Mientras tanto, millones de jubilados deben elegir entre alimentarse o comprar sus medicamentos”, denunció.

 

Además, la legisladora recordó que en la última sesión especial, 153 diputados votaron a favor de insistir con la ley, mientras que 87 lo hicieron en contra y 8 se abstuvieron. “Estos 87 diputados, a quienes el presidente llama ‘héroes’, son los que le negaron a nuestros jubilados una vida digna. Rechazamos estos vetos porque representan el resultado de una decisión política que nada tiene que ver con la república y el bienestar de los argentinos”, concluyó.

 

Repudio a la violencia

 

En la Legislatura, la diputada María Luz Alonso (Frejupa) repudió los hechos de violencia del miércoles en el Congreso. “La represión no soluciona conflictos. La represión no entrega paz social. La represión nunca es la salida”, dijo y manifestó su preocupación por el estado de salud del foto-reportero Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido mientras cumplía con su labor. “Queremos elevar una plegaria, pidiendo la pronta recuperación de ese foto-reportero que está luchando por su vida, donde su único pecado fue ir a hacer su trabajo”, sostuvo. Alonso destacó la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de la democracia.

 

Por su parte, el diputado Hipólito Altolaguirre (UCR), también expresó su repudio a los hechos de violencia que se generaron en las inmediaciones del Congreso y realizó un llamado a la reflexión.

 

“Vimos una manifestación de nuestros mayores, pero a la que concurrieron barras de los clubes, lo cual ya con anterioridad iba marcando lo que podía pasar. Vemos como resultado compatriotas afectados, policías heridos, el fotógrafo que mencionaba la diputada. También vemos la destrucción de bienes del Estado, que son de todos los argentinos, no de uno ni de otro”, señaló.

 

“Quienes vimos las imágenes lo hicimos con vergüenza, viendo cómo legisladores se empujaban y se arrojaban vasos de agua. Me trajo a la memoria una frase de Juan Carlos Pugliese: ‘Lo honorable es la Cámara, pero a veces no sus miembros’”, agregó. Los restantes jefes de bloque también condenaron los hechos de violencia ocurridos el miércoles.

 

Otra denuncia contra Mendiara.

 

Alejandro Sebastián Mendiara, fiscal en General Acha, quedó en el ojo de la tormenta esta semana a partir de sus conductas y por eso ya tiene un pedido de un jury de enjuiciamiento a raíz de un incidente que protagonizó el fin de semana en Victorica, a la salida de un boliche nocturno. Y ahora se conoció otra denuncia en su contra, también por problemas con efectivos policiales a partir de que el hijo menor del funcionario judicial fue demorado.

 

El hecho ocurrió en Acha a fines del año pasado cuando policías de esa ciudad acudieron “a un llamado al 101 por dos personas que estaban en actitud sospechosa y demoran a dos NN dentro del patio de una escuela tras su persecución, tratándose uno de ellos del hijo del fiscal Mendiara. Al ser menor es puesto en conocimiento el progenitor, quien ofuscado se dirige a la Unidad Regional 3 y allí increpó e insultó a discreción, ostentando su condición de fiscal”, según la denuncia a la que accedió LA ARENA.

 

En ese mismo escrito los efectivos denuncian que Mendiara “contó con la complicidad del comisario Secundino Aranda, quien les hizo dejar los celulares en la entrada a los efectivos y pasar a una oficina interna donde los increpó e insultó a discreción, ostentando su condición de Fiscal, en presencia del Comisario quien dejó que sucediera diligentemente”.

 

A raíz de este incidente se le inició un sumario a Mendiara aunque aún no se conoce resolución. Vale recordar que el fiscal estuvo en su pueblo natal, Victorica, y allí maltrató verbalmente a dos policías, fue filmado e incluso llamó en plena madrugada al ministro de Seguridad de la provincia, Horacio di Nápoli.