“La CIDH emplazó al Gobierno nacional”

Omar Gebruers es el patrocinante legal de dos crianceras del oeste pampeano cuyas tierras han sido afectadas históricamente por el corte del río Atuel, pero más acá en el tiempo han sido perjudicadas por el incumplimiento por parte de Mendoza y el Estado argentino del fallo dictado en 2020 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de la sentencia que obliga a la provincia de aguas arriba a dejar correr un caudal del río que permita su ingreso al territorio pampeano con un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo.

Por estos días en que la polémica entre La Pampa y Mendoza volvió a agitarse por el Decreto dictado por el presidente Javier Milei referido a las regalías del complejo Los Nihuiles, el abogado santarroseño afirma que no cree en casualidades. Por el contrario, sostiene que la medida decretada por el libertario está ligada al avance que el caso pampeano, tanto el presentado por él, como el llevado adelante desde el Estado provincial, tuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Por qué cree que los temas están relacionados directamente? Gebruers lo explicó de este modo en diálogo con LA ARENA: “A raíz de nuestra presentación, la CIDH decidió emplazar al gobierno argentino para que responda y diera explicaciones sobre el incumplimiento del caudal que estableció la Corte. Le dieron inicialmente tres meses y luego una pequeña prórroga de un mes más que está en curso. Les dijeron que si no respondían iban a tomar medidas. Así que en este momento el gobierno nacional debería estar juntando información para explicar por qué no se está cumpliendo el fallo.”

Contraofensiva.

De acuerdo a la información que maneja Gebruers, si bien su presentación fue realizada en mayo de 2024 y la de Estado provincial en agosto de ese mismo año, también esta última tuvo un avance similar, razón por la cual el emplazamiento a la Cancillería argentina viene por vía doble. “Sabemos que este gobierno no le da mucha importancia a los organismos internacionales, pero lo que sí hay en nuestra presentación es un documento que se emitió en una oficina interna de la Cancillería, que representa al Estado argentino ante los organismos internacionales, donde dice que no cumplir con el fallo del Atuel compromete internacionalmente a la República Argentina, que es lo que sostenemos nosotros”, abundó.

“Lo que sabemos es que en la Cancillería no saben que posición tomar, por eso creo que esto de las regalías es una contraofensiva, con la que buscan embarrar la cancha para no hablar de la escorrentía obligatoria”, añadió.

Por ese motivo, Gebruers reveló que hoy realizó un pedido a la CIDH para que convoque a una reunión de trabajo -una instancia prevista en los reglamentos de ese organismo- en la que participen representantes de la CIDH, de los dos gobiernos provinciales (La Pampa y Mendoza), de la Cancillería y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, además de los propios peticionantes. “Esto para ver si se puede encarrilar más seriamente el tratamiento de todo esto y ver si se puede avanzar”, afirmó.

En su reclamo ante la CIDH, Gebruers representa a Alejandra Domínguez y Elsa Monzón, “dos crianceras caprineras” que resultan “víctimas damnificadas” por la falta de escurrimiento del río. Ambas residen en el oeste pampeano, son ribereñas del cauce seco y están dedicadas a la cría de chivas.