La Pampa le pidió a la Corte Suprema suspender la nueva Ley de Glaciares

El gobernador Sergio Ziliotto, junto con la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientalistas, solicitó una medida cautelar para frenar la aplicación de la Ley 27.804. Advirtieron sobre los riesgos para los ríos Colorado, Atuel y Salado-Chadileuvú-Curacó y reclamaron que se mantenga vigente el régimen anterior de protección de glaciares.

La Provincia de La Pampa solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspenda de manera cautelar los efectos de la nueva Ley de Glaciares y preserve la vigencia del régimen de protección establecido por la Ley 26.639, mientras se resuelve la causa judicial que cuestiona la reforma.

La presentación fue realizada por el gobernador Sergio Ziliotto, la fiscal de Estado Romina Schmidt, representantes legales de la Provincia, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Francisco Marull, y autoridades de la Fundación Chadileuvú (Fuchad) y de la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos.

Según informó el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, el escrito solicita que el máximo tribunal dicte una medida cautelar interina hasta que se pronuncie sobre el fondo de la controversia. Como alternativa, plantea que se suspenda la aplicación de la nueva normativa en lo referido a actividades que puedan afectar los glaciares, el ambiente periglacial y los sistemas hídricos interjurisdiccionales con incidencia directa sobre La Pampa.

Entre las cuencas señaladas en la presentación se encuentran las de los ríos Colorado y Atuel, además de la subcuenca Salado-Chadileuvú-Curacó.

Los riesgos para los recursos hídricos pampeanos.

Gil Domínguez afirmó que uno de los principales argumentos de la presentación es que los glaciares y el ambiente periglacial cumplen funciones fundamentales para la regulación de los recursos hídricos. Su afectación, sostienen los demandantes, puede tener consecuencias que excedan los límites de la provincia donde se encuentran esas formaciones naturales.

El escrito incorpora antecedentes técnicos y científicos sobre la función de almacenamiento, infiltración y regulación del agua que cumple la criosfera en la cuenca alta del río Colorado, así como su vulnerabilidad frente a los cambios en las precipitaciones níveas y los procesos de deshielo.

También menciona los posibles efectos sobre el abastecimiento de agua, la organización territorial y las actividades económicas y sociales de La Pampa.

En ese contexto, los representantes provinciales y las organizaciones que acompañan el reclamo sostienen que la reducción de las restricciones legales puede habilitar decisiones administrativas capaces de comprometer recursos hídricos compartidos.

Cuestionamientos a la reforma.

La presentación cuestiona que la nueva legislación modifique el alcance de la protección especial de los glaciares y del ambiente periglacial, al trasladar determinadas decisiones a evaluaciones técnico-científicas y a las autoridades competentes en cada jurisdicción.

Según el planteo, el régimen anterior establecía prohibiciones legales específicas para determinadas actividades potencialmente perjudiciales, mientras que la reforma introduce criterios vinculados con la existencia de alteraciones relevantes y su evaluación ambiental.

Los demandantes consideran que una evaluación de impacto ambiental no equivale a una prohibición legal y advierten que el cambio podría reducir el nivel de protección que anteriormente garantizaba la legislación nacional.

El escrito también invoca los principios de prevención y precaución ambiental, así como el principio de no regresión, para sostener que una disminución de los niveles de protección existentes requiere un examen constitucional riguroso.

En esa línea, argumenta que el dominio de los recursos naturales por parte de las provincias no puede interpretarse de manera aislada cuando las consecuencias ambientales de las decisiones adoptadas en un territorio pueden afectar a otras jurisdicciones.