La UCR promueve una audiencia para postergar la RTO: "No es el momento oportuno"

Los concejales radicales de Santa Rosa están recolectando firmas entre los vecinos y vecinas para “peticionar la convocatoria a una audiencia pública para suspender la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) por un plazo prudencial, que podría ser mientras se mantenga la emergencia sanitaria en nuestra ciudad”. El edil Diego Camargo (UCR) recordó que “en noviembre de 2023, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para reglamentar la RTO establecida en la Ley Nacional de Tránsito para todos los vehículos que circulen por Santa Rosa, radicados aquí o no”.

En diálogo con Radio Noticias (FM 99.5), explicó que la medida “dispuso un plazo de diez meses, que se cumplirán el 1º de octubre, para que los controles de tránsito comiencen a exigir este requisito, pero nosotros consideramos que no es el momento oportuno, por el estado de las calles y por la delicada situación económica que atraviesa el país”.

A nivel provincial, la Legislatura de La Pampa, al igual que Santa Cruz y Entre Ríos, nunca adhirió formalmente a esta condición. Sin embargo, “los municipios gozan de autonomía y el intendente Luciano di Nápoli pretende exigirla en el ámbito de Santa Rosa, por lo cual, a partir de octubre, los conductores que sean detenidos por un control de tránsito deberán presentar el comprobante de la RTO y tener vigente esa habilitación”.

“Un pedido de la ciudadanía”.

Los miembros del bloque de la UCR, consideran que “si en todo este tiempo no se había exigido, ahora no resulta el momento más oportuno por dos razones fundamentales: hay una infraestructura vial muy deteriorada, si bien han mejorado algunas calles todavía falta mucho, y con una crisis económica muy delicada”. En este contexto, Camargo advirtió que “no es solamente una postura nuestra, y pedimos una audiencia pública para demostrar que no estamos ante una lucha entre oficialismo y oposición, frente a un pedido de la ciudadanía, que no encuentra oportuna la exigencia”.

Y aclaró que “por eso no pedimos una derogación sino una suspensión mientras esté vigente la emergencia sanitaria”. Al describir la situación económica señaló que “hay una gran cantidad de despidos, una paralización de obra pública y otras políticas del gobierno nacional que producen consecuencias” y se preguntó si “¿las numerosas personas que hacen changas con su vehículo, fleteros, albañiles, gasistas, electricistas, están en condiciones de superar con éxito la RTO o deberán enfrentar un nuevo perjuicio?.

En cuanto a la emergencia sanitaria, comentó que “los arreglos en las redes de agua potable y cloacas provocan impedimentos en el tránsito de la ciudad, y para nosotros es un contrasentido aplicar esta medida ahora”.

Camargo recordó que “hay tres opciones para petición de audiencias públicas: asuntos de convocatoria obligatoria (éste no es el caso); propuesta de un tercio de los concejales (tenemos el número) y un pedido avalado por el 0,5% de los empadronados de la ciudad”. Eligieron esta última “para mostrar que no es un capricho opositor sino un reclamo de la ciudadanía”. En todo caso, “el intendente o la presidenta del CD decidirán si convocan o no. Que haya una discusión pública y después el Departamento Ejecutivo evaluará si abre la convocatoria o no, y si la propuesta es sometida a votación en el CD, los concejales oficialistas deberán decidir si apoyan la discusión pública o le hacen de paraguas protector al intendente para que insista con su postura de no dar marcha atrás, tal cual ya lo expresó públicamente”.

“El conflicto del Emshu”.

En un comunicado de prensa difundido recientemente el Comité Capital de la UCR expresó su preocupación y denunció que “el Emshu está siendo desmantelado”. Consultado sobre esa denuncia, Camargo aclaró que no integra ese organismo partidario, pero comentó que “la basura queda sin levantar en muchos barrios, y aunque aparentemente habría un comienzo de solución del conflicto, solicitamos que el municipio solucione rápidamente el problema”.

Según Camargo, “ambas partes, gobierno y empleados, pueden tener sus razones, pero ése no es el asunto”. Y aclaró que los concejales son “representantes de los vecinos, quienes están siendo rehenes y pagan las consecuencias. Por eso creemos que el conflicto debe ser solucionado con urgencia”, alertó.

El sistema municipal de barrido de calles y recolección de residuos “es un servicio estrella, cuya operatividad es incuestionable, fue creado durante la gestión de Francisco Torroba y los intendentes que siguieron lo han sabido llevar adelante, incluyendo la primera gestión de Di Nápoli” añadió.

En la actualidad “estamos viendo falta de funcionamiento: los empleados dicen que no tienen herramientas de trabajo, que los camiones no pasan la RTO, que cambian los supervisores y una serie de denuncias que atentan contra su normal funcionamiento”. Y aclaró que “si molesta el término desmantelar pueden usar otro que les guste, no digo que el Directorio del Ente haya planeado deliberadamente desmantelarlo, pero hay un claro déficit en esta gestión que provoca un perjuicio a un servicio que siempre fue de excelencia, y debe solucionarse en forma urgente”, concluyó.