Le devolverán lo cobrado de más a un ahorrista pampeano

En el marco del amparo colectivo contra las subas abusivas en las cuotas, una reliquidación particular determinó un saldo importante a favor del suscriptor. Ante la falta de pago, la Justicia trabó el embargo sobre los fondos de la empresa.



Un nuevo y trascendente capítulo judicial en la controversia por los incrementos desmedidos en los planes de ahorro automotor sumó una resolución inédita en la provincia. La Justicia dispuso un embargo ejecutivo por un monto superior a los 9 millones de pesos contra una firma administradora de planes de ahorro, con el objetivo de resarcir a un ahorrista pampeano tras detectarse un abultado saldo a su favor.



El diputado provincial Espartaco Marín (Frejupa) celebró el fallo que ordena el resarcimiento: “Miren si no sigue sirviendo el amparo colectivo que presentamos para defender a los ahorristas en La Pampa”, comentó.

Amparo que sirve.



Cabe recordar que el legislador impulsó desde 2019 un amparo colectivo en La Pampa para frenar los aumentos desmedidos en las cuotas de planes de ahorro de autos. La Justicia ha dictado fallos que ordenaron retrotraer y recalcular los valores atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Miren si no sigue sirviendo el amparo colectivo que presentamos para defender a los ahorristas en La Pampa”, comentó el legislador.



En este caso al que se hace referencia, la medida se originó a partir de una reliquidación efectuada a título privado bajo el paraguas del amparo colectivo que tiempo atrás frenó las subas indiscriminadas en las cuotas. La acción judicial estableció la obligación de reajustar los valores cobrados y reordenar los cuadros de pago de cada uno de los damnificados.

Son 9 millones de pesos.



Si bien en la mayoría de las revisiones contables los reajustes derivan en una reducción razonable de la deuda que la administradora pretendía cobrarle al cliente, esta vez arrojó un resultado diametralmente opuesto: tras el recálculo conforme a los parámetros fijados por la Justicia, la empresa no solo dejó de ser acreedora, sino que pasó a ser deudora por una suma que supera holgadamente los $9.000.000.

La disparidad evidencia el grado de sobrefacturación y distorsión en los montos solicitados originalmente por la firma automotriz durante el período en que no se aplicaron los topes judiciales.

Ejecución del embargo.

Frente a la liquidación firme y con el patrocinio del abogado impulsor de la medida —Franco Catalani—, se solicitó la ejecución de la sentencia para garantizar el cobro del saldo adeudado al consumidor. Como respuesta, la autoridad judicial ordenó la traba de embargo preventivo sobre las cuentas bancarias de la administradora del plan hasta cubrir la totalidad del dinero.

Este antecedente sienta un importante precedente para cientos de suscriptores en La Pampa que continúan revisando la evolución de sus contratos, demostrando que el amparo colectivo no solo opera como un freno preventivo ante cuotas abusivas, sino también como una herramienta eficaz para la restitución de cobros indebidos.