“No puede haber impunidad”

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), liderada por Julio Piumato, encabezó el miércoles una movilización en Plaza Lavalle, frente a la sede del Consejo de la Magistratura de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, para protestar contra el fallo del Jury que absolvió al juez Pablo Ramiro Díaz Lacava.

La protesta se desató de inmediato tras conocerse que el Jury de Enjuiciamiento había rechazado por unanimidad la destitución del juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Ramiro Díaz Lacava, ordenando su reincorporación en el cargo.

Numerosas personas ocuparon la plaza e hicieron oír su reclamo. También portaron pancartas y carteles en los que reflejaron el malestar generalizado, principalmente de empleados judiciales y sus representantes, expresiones que hoy siguen como pasacalles y carteles fijados en la zona de ingreso al edificio del Consejo de la Magistratura.

La UEJN denunció, a través de un comunicado, que la resolución del tribunal de enjuiciamiento "ignora la Constitución y el Convenio 190 de la OIT". El gremio judicial expresa que “básicamente, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluyendo la perspectiva de género, en los lugares de trabajo y hasta en los espacios de descanso, los desplazamientos por motivos laborales y las comunicaciones digitales relacionadas con el trabajo”.

“Fallo incoherente”.

Desde la UEJN señalaron “la incoherencia de que en el fallo dan por probado un cuadro de situación gravísimo, como que tiró un cascote por la ventana de la oficina de sus colaboradores, que golpeó muebles, que gritó, amenazó y encerró a su personal en reiteradas oportunidades”. Y que el Consejo de la Magistratura calificó a estas conductas como violencia y acoso laboral, y violencia contra la mujer. Consideraron que el Jury “redujo a fricciones de superintendencia y desajuste interpersonal o un estilo de conducción, que para la UEJN es inaceptable e indefendible”.

“Exigirle a un trabajador o trabajadora que dialogue y medie con quien la está sometiendo a violencia desconoce la asimetría de poder que existe entre un juez y su personal”, sostuvieron.

Finalmente, el documento cerró advirtiendo: “no vamos a permitir que se naturalice como ‘desajuste interpersonal’ lo que en ejercicio es violencia laboral que ocurre puertas adentro de los propios tribunales”. Y pidieron que Díaz Lacava sea juzgado “con la misma exigencia con la que se juzga a cualquier otro ciudadano y haciendo valer lo dispuesto por el vigente Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ¡En la Justicia no puede haber impunidad”, concluyeron.