Piden presencia en la Legislatura
Una iniciativa legislativa propone citar a las autoridades de la Dirección de Niñez a la Cámara de Diputados para que informen sobre los programas de protección y las familias de contención. La idea es conocer en detalle sobre la aplicación de las medidas excepcionales de protección, los dispositivos de cuidado alternativo, los procesos de revinculación familiar y el funcionamiento del Programa de Familias de Contención.
El proyecto de la diputada provincial Gisela Cuadrado (UCR) apunta “a transparentar los criterios, protocolos y mecanismos técnicos empleados por el organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Se quiere saber sobre la continuidad, modificación o finalización de sus intervenciones en menores”.
El proyecto legislativo exige un desglose minucioso de la situación actual del área previendo interrogar a los funcionarios sobre la cantidad exacta de niñas, niños y adolescentes bajo medidas excepcionales de resguardo y cuántos de ellos han sido separados de sus familias de origen.
Asimismo, se solicitarán precisiones sobre los protocolos de seguimiento y los tiempos promedio que demandan las revinculaciones familiares, junto con los mecanismos para garantizar el contacto de los menores con sus progenitores y referentes afectivos.
Recursos humanos.
Otro de los ejes centrales del cuestionario apunta a los recursos humanos estatales, exigiendo datos sobre la conformación, integración técnica y disponibilidad real de los equipos interdisciplinarios (psicólogos, abogados y trabajadores sociales) encargados de abordar estas complejas realidades tutelares.
Además Cuadrado quiere saber sobre la estructura orgánica, las facultades y el marco normativo de este sistema de acogimiento temporal, requiriendo los protocolos utilizados para definir el ingreso, permanencia y egreso de los niños de los hogares solidarios.
La legisladora plantea un debate sustancial sobre la faz humana de estas políticas: solicita conocer de qué manera el Estado evalúa, documenta y pondera el vínculo afectivo construido entre los menores y las familias de acogimiento durante el período de convivencia, además de auditar los mecanismos administrativos utilizados para comunicar a las familias involucradas cualquier resolución que implique modificaciones estructurales en la vida del niño.
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