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Universidades: denuncia penal y multas a Santilli

Redacción 15/10/2026 - 00.35.hs

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 11 a cargo del juez Martín Cormick resolvió ayer este miércoles aplicar multas diarias de $100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete por el incumplimiento de una orden judicial en la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional, por la ley de Financiamiento Universitario.

 

En la resolución el juez sostuvo que, ante el “incumplimiento verificado”, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre y avanzar con la aplicación de astreintes.

 

Según publicó Ambito, la sanción económica se fijó en una primera etapa y podrá modificarse tanto el monto como los funcionarios alcanzados, según advirtió el magistrado.

 

La causa está vinculada con el reclamo contra el Estado nacional por el cumplimiento del Decreto 759/2025, en el marco del conflicto por el financiamiento universitario.

 

Denuncia.

 

Por otra parte, el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el incumplimiento de una medida cautelar que ordenó al gobierno nacional aplicar la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.

 

La presentación, radicada en los tribunales federales de Retiro, apunta a determinar si los funcionarios incurrieron en el delito de desobediencia, además de otras posibles figuras penales.

 

La denuncia sostiene que el Poder Ejecutivo se niega a cumplir con la orden judicial que dispuso garantizar la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles, en el marco de la Ley 27.795.

 

Solano pidió que la investigación alcance a Milei, Caputo y a cualquier otro funcionario que pudiera haber intervenido, por acción u omisión, en el incumplimiento de la resolución. Como posibles figuras penales, invocó los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal, vinculados con la desobediencia a la autoridad y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

 

En el escrito presentado el denunciante calificó los hechos como de “suma gravedad institucional” y afirmó que el Gobierno mantiene una conducta deliberada frente a una orden judicial que fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y cuyo recurso extraordinario fue desestimado por la Corte Suprema.

 

Marcha Federal.

 

La quinta Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo hoy en inmediaciones del Congreso de la Nación, con el objetivo de continuar con el reclamo de la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento, ratificada cinco veces en el parlamento.

 

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), aseguró que el Gobierno “acumula una deuda salarial del 32%” con los docentes, a pesar de que este miércoles haya sido sancionado económicamente por la Justicia por el incumplimiento sistemático de la normativa.

 

"El cargo testigo que tenemos, que es el de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva, percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111. El nivel de asfixia salarial al que nos están sometiendo llegó a un límite insostenible. Nos deben un 32% de aumento salarial fijado por ley y la pérdida del poder adquisitivo destruye el ingreso de miles de docentes que todos los días sostienen las aulas y los laboratorios de la universidad pública", señaló Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.

 

También se plegan a la Marcha Federal Universitaria distintas organizaciones políticas y gremiales, como las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la CGT, La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), entre otros.

 

Por su parte, la CGT expresó que la universidad pública "es una conquista histórica del pueblo argentino" y una herramienta "indispensable" para el desarrollo de una Nación "soberana, con igualdad de oportunidades, movilidad social ascendente y trabajo digno".

 

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