Hoy como ayer

Si un vecino toma un taxi y en un control de tránsito la policía municipal le impide al chofer seguir el viaje porque comprueba que no tiene licencia de conducir, ¿de quién es la culpa?, ¿de la municipalidad?
El caso y la respuesta correcta a la pregunta sirven de ejemplo para poner en su lugar el conflicto con el monopólico Grupo Clarin que está a punto de entrar en una etapa de definiciones. Una etapa en la cual, como en un control de tránsito, la autoridad comunal está a punto de privar a la empresa del uso de las columnas impidiéndole utilizar el cableado ilegalmente tendido para sus fines comerciales, esto es, para la transmisión de señales de TV.
Se trata de un procedimiento de rutina en el quehacer diario de toda autoridad municipal. Todos los días, en toda La Pampa -y, desde luego en la Argentina y el mundo, sobre todo en el llamado "primer mundo" tan admirado por Clarín, que los utiliza siempre como ejemplo a seguir por el nuestro- inspectores municipales labran actas de comprobación de infracciones e impiden el uso de automóviles, motos, negocios, empresas, actividades comerciales cuya situación sea irregular.
La empresa de cable que está a punto de ser privada del uso de un tendido que realizó sin cumplir las normas municipales, no pudo demostrar que tiene hoy una licencia para prestar el servicio de acuerdo con las disposiciones vigentes y, por eso, la municipalidad no la autorizó a realizarlo pese a que, en un primer momento le había extendido un permiso precario que luego revocó.
(La ausencia de una licencia hace incluso dudoso que la cablera pueda prestar el servicio aún con el tendido viejo.)
La empresa desobedeció esa orden municipal y siguió colocando los cables en las columnas de la Cooperativa Popular de Electricidad como si, en vez de una persona jurídica más se tratara de algún ente supraestatal no alcanzado, como el común de los vecinos y firmas que operan en la ciudad, por las disposiciones que Santa Rosa, a través de sus representantes, ha dictado.
Desde luego, tiene antecedentes para obrar así. Se dice -y no se preocupan en desmentirlo- que sus directivos se jactan de que ninguna gobierno aguanta tres tapas de ese diario contrarias (que es lo mismo que decir que han derrocado o ayudado a derrocar gobiernos democráticos).
Pero aunque eso no fuera cierto, el poder que este grupo tiene y la forma en que lo utiliza y ejerce está a la vista. En estos días el país asiste al despliegue de todo su poder para mantener el privilegio que la justicia argentina le concede a la directora de ese grupo acusada de dos adopciones ilegales y con la sospecha firme de que se trata de hijos de desaparecidos. Que no esté detenida y que haya podido demorar casi una década la prueba de ADN luego de las mentiras comprobadas que esgrimió para justificar como se hizo con esos niños, es una prueba de que tanto ella como el grupo que dirige se coloca siempre por encima de la ley.
Tanto que logró en el pasado reciente que el gobierno le sancione una ley, como la mal llamada de Bienes Culturales, que tenía como único fin evitar la posibilidad de que uno de sus acreedores se quedara con el paquete accionario mayoritario a través del procedimiento, legal entonces, del cram down.
Con semejante pedigrí, es razonable suponer que este grupo, -acostumbrado a torcerle el brazo a los gobiernos democráticos tanto como a negociar con los gobiernos militares, vg° su participación en Papel Prensa- subestima a los santarroseños desafiando a su municipalidad y a su cooperativa. Lo hace porque ignora -no le interesa- la historia de la ciudad y de sus luchas contra monopolios llamados Sudam cuando la concesión, Camuzzi cuando la turbina, Telefónica cuando se creó CPETel...
Que amenace con juicios -y que los anticipe favorables alardeando así su obsceno poder- no hace más que reafirmar en la conciencia, cada vez más indignada, de la población la necesidad de resistir su embestida.