Agua que no has de beber

Por Javier Mariano García Guerrero

 

Extranjerizar el agua y entregar su planificación y reglamentación a corporaciones extranjeras convierte a los ciudadanos en rehenes de su propio territorio

 

Mientras el discurso presidencial promueve la mercantilización absoluta de la naturaleza, los gobernadores colaboracionistas transfieren el control de los recursos hídricos a agencias estatales sionistas. La firma de convenios entre una decena de provincias —Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Santa Fe— con la compañía estatal israelí Mekorot para el diseño de sus Planes Maestros de Gestión Hídrica no es un simple asesoramiento técnico. Es la cesión del bien común más crítico a una agencia invasora que ha convertido la gestión de la escasez de agua en un instrumento geopolítico y económico de exterminio y extorsión.

 

El agua no es una mercancía. La resolución 64/292 de la Asamblea General de la ONU (2010) estableció que el acceso al agua potable limpia y al saneamiento es un derecho humano esencial

 

La Observación General N.º 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (2002) determinó que el agua debe ser tratada como un bien social y cultural, no como un bien económico. Fijando 3 tres principios jurídicos incompatibles con la lógica extractiva:

 

- Inalienabilidad: El agua no puede ser enajenada, privatizada ni sometida a las leyes de la oferta y la demanda.

 

- Asequibilidad Económica: Los costos directos e indirectos del agua no pueden comprometer ni poner en peligro la satisfacción de otras necesidades básicas

 

- Principio de No Retroceso y Progresividad: Constituye delito adoptar medidas que reduzcan el nivel de acceso al agua ya alcanzado por las poblaciones.

 

La lógica Mileísta que sostiene que si un río vale cero por la abundancia del agua cualquiera puede contaminarlo, y que la solución es que "alguien se apropie del río" para que nazca el negocio, no es una ocurrencia local. Es la traslación explícita de las directrices fijadas por el Banco Mundial y FMI, quienes exigen la "eficiencia tarifaria" como condición para el financiamiento, promoviendo la creación de mercados de derechos de agua ( Water Rights en California o el Código de Aguas de Chile) y la cotización del recurso en mercados de futuros como Wall Street (índice Nasdaq Veles California Water Index - NQH2O).

 

Este modelo asigna el agua a través de la disposición a pagar, desplazando a las comunidades agrícolas familiares y originarias en favor del gran capital agroindustrial, la minería y el fracking. La historia demuestra las consecuencias devastadoras de esta lógica.

 

Guerra del agua.

 

En la "Guerra del Agua" en Bolivia (2000), la privatización exigida por el Banco Mundial llegó al extremo de penalizar el acopio de agua de lluvia por parte de los campesinos, bajo la premisa de que las precipitaciones eran propiedad de la concesionaria transnacional Aguas del Tunari. Solo la sublevación popular la detuvo.

 

En distritos semiáridos de California, el costo del agua para riego en los mercados bursátiles durante ciclos de sequía extrema ha rozado los US$ 1.000 a US$ 1.200 por acre-pie (US$ 1,00 por metro3), forzando el remate de tierras agrícolas medianas.

 

En la cuenca del Murray-Darling en Australia, la especulación en los mercados de agua elevó los costos de riego a picos de US$ 0,60 a US$ 0,90 por metro cúbico, expulsando a miles de pequeños productores.

 

La tecnología israelí se basa en la desalinización por ósmosis inversa, un proceso altamente intensivo en energía cuyo costo de producción llega a US$ 1,00 por metro cúbico sin contemplar la infraestructura de transporte ni los márgenes corporativos. Pretender aplicar la matriz tarifaria y la lógica de escasez de un país desértico en la geografía argentina es un despropósito hidrológico y financiero.

 

Solo la cuenca del Río de la Plata y los ríos patagónicos vuelcan al Atlántico 2.500 M de metros cúbicos de agua dulce al día, equivalente al consumo de provincias enteras por segundo por falta de infraestructura federal que mejore el acceso de la población y su impacto en la salud pública. Contrariamente la estrategia de privatización busca valorizar el agua subterránea y de cabecera mediante la imposición de tarifas de mercado del mercado globalizado bajo el pretexto de la "escasez" en beneficio de las empresas del RIGI. Relatores Especiales de la ONU sobre el Derecho Humano al Agua e informes de Amnistía Internacional han documentado el rol de la empresa estatal sionista en la gestión asimétrica del agua en los Territorios Palestinos Ocupados, violando abiertamente el principio de asequibilidad y no discriminación al restringir el suministro de las comunidades locales mientras garantiza el abastecimiento ilimitado a los asentamientos coloniales.

 

Al entregarle la planificación a Mekorot mediante contrataciones directas y con una marcada opacidad, las provincias argentinas están cediendo:

 

1.El mapeo detallado de los acuíferos subterráneos, caudales de ríos y dinámicas de recarga.

 

2. La definición estratégica de qué sectores recibirán agua y a qué costo, condicionando la matriz productiva por las próximas décadas.

 

3. Vulneración constitucional: Avance sin licitaciones públicas transparentes, omitiendo la participación ciudadana y la obligación constitucional de la Consulta Previa, Libre e Informada (art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional y Convenio 169 de la OIT) a las comunidades originarias sobre cuyos territorios se asientan las cuencas.

 

Cuando una nación entrega la cartografía, el diagnóstico, la auditoría y la tarifa de sus recursos a agencias y modelos financieros extranjeros, no está modernizando su gestión: está firmando su acta de capitulación ecológica y geopolítica. La defensa del suelo y del agua como bienes comunes inalienables no es una discusión técnica sobre eficiencia; es la decisión soberana de evitar que la Argentina sea balcanizada y reducida a un mero mapa de concesiones y enclaves al servicio del capital transnacional.

 

* Disertante del Congreso del Programa Aguas II del Instituto Latitud del Parque Tecnológico LATU Montevideo. Uruguay.