De la estafa de LIBRA nadie se libra

En “El mercader de Venecia” de Shakespeare, un mercader asume una deuda con Shylock, un prestamista que impone una cláusula (en letra pequeña) punitiva en lugar del cobro de intereses adicionales por mora: si la deuda no se saldara en tres meses, el mercader deberá pagar con “una libra de su propia carne”

Un naufragio hunde en la bancarrota al mercader. Shylock exige la ejecución de la cláusula resarcitoria. El juez que concede la validez del contrato y la legalidad formal del reclamo, aunque introduce una interpretación tan literalista como inapelable: el contrato otorgaba únicamente “carne”, pero no autoriza la extracción de “una sola gota de sangre”. La libra debía ser amputada con precisión: si el acreedor cortaba más o menos de una libra, perdería la totalidad de sus bienes y sería ejecutado por atentar contra la vida de otro ciudadano. Atrapado en su propio dogmatismo. Shylock se vio obligado a desistir del cobro.

Los honorarios profesionales promedio de un abogado defensor en un juicio ejecutivo superan el monto promedio de las deudas existentes. Desprovistos de liquidez inmediata tras el colapso del salario, el empleo y la actividad los deudores deben aguardar los extensos tiempos procesales, afrontando de inmediato la parálisis financiera, los embargos preventivos, la inhabilitación crediticia y el secuestro directo de sus haberes por vía de descuento automático.

La usura dejó de ser una desviación individual para convertirse en un dispositivo sistémico de apropiación desde el establecimiento de “Ley de Entidades Financieras (N.º 21.526), de la dictadura cívico-militar, concebida para desmantelar el aparato productivo nacional y transferir la riqueza colectiva hacia el sector financiero especulativo sin afrontar riesgos climáticos o comerciales.

La estrategia del “endeudamiento masivo, tanto externo como interno” con prácticas usurarias, autopréstamos nacionalizados y liberación de flujo de capitales “golondrina”, permitió que manipulando en forma combinada el tipo de cambio, la fijación de tasas usurarias y un déficit fiscal financiado con deuda, se garantizara la inviabilidad estructural del pago, la fuga de rentas y el lavado de activos.

El negocio dejó de ser el cobro del capital original para pasar a ser el secuestro perpetuo del flujo de caja del país y de sus ciudadanos. La incapacidad de pago, provocada por el diseño macroeconómico, se convirtió en la excusa perfecta para saquear las empresas estatales, rematar el patrimonio nacional, obtener concesiones inéditas y someter al pueblo trabajador a una servidumbre por deudas de la que aún no ha logrado emanciparse.

La irrupción de las “criptomonedas” se fundó en su capacidad de eludir toda regulación estatal, evadir controles de lavado de activos y burlar la supervisión de organismos internacionales como la SEC o la CNV. Sin encaje bancario, sin contralor de idoneidad y operando en zonas grises de jurisdicción difusa, las finanzas desreguladas han perfeccionado la metodología del despojo.

La criptomoneda ($LIBRA) fue una maniobra donde miles de inversores perdieron mas del 90% de miles de millones de dólares en minutos. La participación de Milei en la maniobra es investigada por presunta asociación ilícita, negociación incompatible y estafa en tribunales locales e internacionales. La "$LIBRA" del siglo XXI ya no requiere un cuchillo: alcanza con un tuit programado para amputar los ahorros de toda una sociedad.

Las maniobras especulativas y las estafas siguen vigentes mediante:

-Contratos leoninos y opacidad punitiva: La manipulación de la Tasa Nominal Anual (TNA) para ocultar el Costo Financiero Total (CFT), añadiendo comisiones administrativas inventadas, seguros obligatorios y penalizaciones que multiplican la deuda en plazos breves.

-Anatocismo y capitalización caníbal: La aplicación de intereses sobre intereses no pagados genera una progresión matemática exponencial que torna objetivamente imposible la cancelación, independientemente de los esfuerzos del deudor.

-Crédito predatorio y despojo patrimonial: Otorgamiento masivo de financiamiento a sectores vulnerables sin verificación de capacidad real de pago, a cambio del secuestro directo de saldos salariales o ejecuciones inmediatas.

En Europa se han establecido marcos regulatorios para frenar la usura:

-Si un contrato financiero excede en un porcentaje determinado la tasa media del mercado, la cláusula es declarada nula de pleno derecho o reducida de oficio, erradicando el margen de ganancia predatoria.

-Ante situaciones de insolvencia sobrevenida de buena fe, las personas físicas disponen de la “Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI)”, cancelando deudas impagables para reincorporar al individuo a la economía formal.

Las cortes internacionales han establecido que la libertad contractual no es un derecho absoluto. Los jueces poseen la facultad procesal imperativa de “morigerar y reducir severamente” las tasas de interés abusivas que atenten contra el orden público económico o lesionen el derecho a la subsistencia digna del deudor

En la Argentina actual, el “destino del endeudamiento” ha dejado de orientarse a la inversión productiva para concentrarse en la compra de alimentos, el pago de tarifas de servicios públicos y la adquisición de medicamentos. El reclamo de la Libra de carne se reedita cotidianamente “entre privados” en el bunker del narco barrial prestamista, en el resumen de la tarjeta de crédito y en las billeteras virtuales.

Sin la derogación o reforma de fondo del andamiaje heredado de la dictadura, sin topes normativos infranqueables a los costos financieros, sin un control estricto sobre las maniobras digitales desreguladas y sin un ejercicio valiente de morigeración judicial de tasas usureras, la economía continuará degradándose hasta convertirse en un simple tribunal de ejecución donde, día tras día, el sistema se cobra impunemente su libra de carne humana.

Ing. Javier Mariano García Guerrero.

Ex Director de la Especialización en Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de la Universidad Nacional de Jujuy.