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Miércoles 18 de marzo 2026

Empetrolados: cuando la macroeconomía define qué país es posible

Por Redacción 18/03/2026 - 20.07.hs

* Ing. Javier Mariano García Guerrero

 

Argentina no tiene un problema de recursos. Tiene un problema de condiciones macroeconómicas y reglas de juego que actualmente no potencian la riqueza geológica: la filtran, encarecen y fragmentan, con regímenes opacos de competencia monopolística contrarios a la integración y el desarrollo regional equilibrado.

 

Rentabilidad o descarte.

 

Con un riesgo país firmemente resistente a la baja y una generalizada percepción de atraso cambiario las tasas en dólares efectivas fijadas por las alternativas a la inversión son cercana al 18 % anual. Bajo estas condiciones el sistema selecciona proyectos de alta rentabilidad inmediata y rápida recuperación del capital, reduciendo la prospección de nuevas áreas, la innovación tecnológica y el desarrollo de las maduras.

 

Esto explica el vigente Plan 4x4 de YPF: concentrar más del 70 % de la inversión en Vaca Muerta y abandonar áreas convencionales, como las de La Pampa a empresas tapón que retrasen con una recuperación secundaria teórica, los reclamos de los gobiernos provinciales y los superficiarios damnificados.

 

No es solo una decisión empresaria caprichosa, es una consecuencia del sistema de incentivos vigente. El problema es lo que queda afuera y detrás: un costoso sistema de prebendas y subsidios (inversión en infraestructuras públicas de servicios esenciales, desgravaciones, salarios de funcionarios desplazados, etc.), oportunamente concedidos sin reintegro, desempleo de personal calificado y radicado y balcanización del territorio concentrando la actividad rentística en islas donde capturan rentas ocasionalmente extraordinarias como capitales golondrina.

 

El impacto no es solo sectorial, ni abstracto, deja atrás asimetrías regionales, agujeros fiscales, problemas sociales como el desarraigo y los problemas sanitarios, ambientales y de ciudades fantasmas.

 

El auge petrolero, aunque inicialmente se presenta como un espejismo de prosperidad, suele arrastrar consigo una sombra de degradación social que devora la estructura de las comunidades. La llegada masiva de capital y trabajadores transitorios fomenta un ecosistema de explotación y descontrol, donde la prostitución y la ludopatía se convierten en los escapes inmediatos ante la soledad y la presión del enclave extractivo. En este entorno de "dinero fácil", las adicciones proliferan como una epidemia silenciosa, dejando tras de sí un rastro de muertes violentas o por sobredosis que las estadísticas oficiales a veces ignoran. Cuando el recurso se agota y las empresas se retiran, la efervescencia se apaga abruptamente, transformando estos focos de bonanza en ciudades fantasma. Lo que queda no es solo infraestructura en ruinas, sino una población diezmada y traumatizada, víctima de un ciclo de auge y caída que prioriza el crudo sobre la dignidad humana.

 

Provincias ricas, Estados frágiles.

 

La renta hidrocaburífera no estabiliza. Expone. Nueve de las diez provincias petroleras están fuertemente endeudadas y se han tornado aún mas vulnerables:

 

• Neuquén y Chubut: más del 70 % de la producción nacional, pero deudas equivalentes al 70 %–100 % de sus ingresos.

 

• Santa Cruz: pobreza superior al 40 %, con fuerte dependencia de regalías.

 

• Caída de ingresos públicos del 30 % en varias jurisdicciones.

 

Obligaciones diluidas.

 

La Ley 17.319 obliga a invertir y desarrollar los yacimientos. Sin embargo, hasta el 60 % de las inversiones comprometidas no se ejecutaron en tiempo y forma, sin sanciones proporcionales.

 

El impacto sobre el empleo ya es visible y anticipa una profundización del problema. En la Cuenca del Golfo San Jorge se estiman entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos perdidos como consecuencia de la retracción de inversiones y el abandono de áreas maduras. Se desplaza empleo calificado desde cuencas tradicionales hacia enclaves específicos, reduce la estabilidad del trabajo en áreas convencionales como las de La Pampa y debilita el entramado de pymes proveedoras, con efectos directos sobre el consumo local, la recaudación provincial y la sostenibilidad social de las regiones afectadas.

 

Pasivos ambientales: la deuda invisible.

 

El abandono no es neutro. El cierre de pozos, la remediación de suelos y el tratamiento de aguas contaminadas implican pasivos estimados en USD 3.000 millones, con miles de instalaciones que requerirán intervención progresiva. En Ecuador, la condena contra Chevron por contaminación asciende a USD 9.500 millones y permanece mayormente impaga; en Nigeria, la ONU estimó en al menos USD 1.000 millones iniciales el costo de remediación del Delta del Níger, tras décadas de explotación con controles insuficientes. El patrón es conocido: la renta se captura en el corto plazo, pero los costos ambientales —diferidos y acumulativos— terminan siendo absorbidos por el territorio, el Estado y las generaciones futuras.

 

El patrón es el mismo: la renta se privatiza, el daño se socializa.

 

Cepo, costos y salida encubierta.

 

Las restricciones a utilidades no frenan la salida de divisas, la reconfiguran, a través de transferencias intrafirmas de servicios técnicos, licencias, logística, financiamiento, reducen la base fiscal y limitan el esquema fiscal de participación estatal de la renta. El control de producción, transporte y comercialización en base a declaraciones juradas de las propias empresas presenta profundas incongruencias

 

El dólar que encarece.

 

El atraso cambiario eleva costos internos en dólares: salarios, logística y servicios. El beneficio de precios internacionales altos se diluye.

 

El sistema converge en Vaca Muerta. Pero con baja integración: 40 % a 60 % de la inversión depende de importaciones.

 

En contraste:

 

• Noruega captura más del 70 % de la renta

 

• Brasil alcanza 60–70 % de contenido local en los suministros al sector hidrocarburífero.

 

Argentina produce energía a la que puede acceder sin fletes exagerados, tiene abundancia de materias prímas diversificadas, mano de obra disponible, ¿cuál es el motivo de que no existan integraciones verticales en su vasto territorio para agregar valor y generar empleo regional o estén en crisis? La demolición del modelo federal constitucional, en beneficio de un esquema rentístico extractivo que abastece la fuga de capitales.

 

Exportar no es acumular.

 

El resultado es estructural:

 

• Solo el 40 % de las divisas exportadas ingresan efectivamente.

 

El resto se va en: importaciones, deuda y remesas de utilidades.

 

Se exporta mucho. Se acumula poco.

 

La falta de infraestructura agrega costos:

 

• hasta 20 % del valor del producto en logística

 

Las provincias pierden actividad… y recursos.

 

La ecuación real

 

El modelo combina:

 

• Tasas altas.

 

• Concentración en Vaca Muerta.

 

• Baja integración.

 

• Atraso cambiario.

 

• Incumplimiento de inversiones.

 

• Pasivos ambientales crecientes.

 

El problema no es Vaca Muerta. Es el modelo que la rodea.

 

Porque cuando un país concentra su producción, debilita a sus provincias, no exige inversiones, no remedia daños y no retiene divisas, no está desarrollando su riqueza. Está administrando su deterioro. Y en ese proceso, lo que crece no es el bienestar. Es la deuda financiera, social y ambiental

 

Mientras el relato oficial atribuye la falta de inversiones al “riesgo kuka” y a la incertidumbre política futura, el resultado concreto es otro: un mapa energético cada vez más insular, con enclaves de alta actividad concentrados en Vaca Muerta y vastas regiones productivas que quedan vaciadas de inversión, empleo y desarrollo. No es la incertidumbre lo que está configurando ese territorio fragmentado, sino decisiones presentes que privilegian rentabilidad inmediata sobre integración nacional. El efecto es claro: crecimiento concentrado en pocos puntos, caída de ingresos en las provincias periféricas y economías regionales cada vez más tensionadas.

 

* Ex Director del Plan Integral de Desarrollo de la Provincia de Río Negro del Convenio de la Universidad Nacional de San Martín y la Fundación Proyecto Sur.

 


 

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