Mentalidad egoísta

A través del periodismo mendocino, las últimas semanas se ha vuelto a poner en evidencia la contumacia de aquella provincia al reavivar en el ánimo popular un tema polémico: la posibilidad –necesidad según alegan— de traspasar caudales desde el río Grande a la cuenca del Atuel, donde Mendoza tiene otras posibilidades de desarrollo.

Como elemento motivador del pedido, los políticos cuyanos han usado un proyecto de ley del legislador provincial Germán Gómez, que data del año 2020. En los considerandos del proyecto se invoca “la emergencia hídrica existente en el territorio provincial” por aquellos años y “el derecho que le corresponde a la provincia de Mendoza del aprovechamiento integral del Río Grande" (sic), junto a la utilización del recurso hídrico pertinente, conforme al Convenio Acuerdo de la 6º Conferencia de Gobernadores del Colorado ratificada por ley nacional Nº 21.611”.

En los extensos considerandos del susodicho proyecto de ley se abunda en la indicación de que a la provincia mendocina, de acuerdo con lo resuelto en la Sexta Conferencia de Gobernadores de la cuenca, le corresponden 34 m3/s del caudal del río, pero el escaso conocimiento (o la mala fe) del legislador ignoran que esa cantidad, que se quitaría de la alta cuenca del río, está supeditada a que aguas abajo haya también un trasvase del río Negro al Colorado y hasta que no se efectúe dicha obra Mendoza podrá disponer únicamente de 24 m3/s.

Ese condicionamiento no es caprichoso; está justificado en que si se le quitan 34 m3/s al Colorado en su cuenca superior se producirá un aumento de la salinidad en sus tramos medio e inferior que impediría la agricultura, especialmente en la zona de Pedro Luro, cerca del mar, donde la extensión de cultivos es muy grande. Y tanto que, de no haber pleno acuerdo con las demás provincias copartícipes de la cuenca del río Negro, Buenos Aires cedería “per se” el caudal necesario. Dicho en forma esquemática: para que el río “funcione” el agua que se le extrae en sus nacientes debe compensarse con la que se le aporta en su cuenca media.

Lo notable del caso es que esta particularidad esencial que corrobora el texto de la Sexta Conferencia de Gobernadores no figura para nada en el texto redivivo por Mendoza, pero descalifica sin mayores argumentos al Artículo 3 del acta del mismo acuerdo (al que califica sin más como “una errónea interpretación”) al indicar la alternativa de los caudales a quitarse y aportarse en forma simultánea al río.

Lo consignado en este texto de años atrás y que pretendería impulsar una nueva iniciativa cuyana desconociendo el Tratado, que tiene condición de Ley Nacional, es demostrativo una vez más que Mendoza, o al menos una gran parte de su clase dirigente, piensa con mentalidad egoísta y economicista (tan afines a los tiempos que corren) dejando de lado los conceptos de región y, más importante todavía, de unidad de cuenca. Ignora también que la cesión de aguas por parte de la provincia de Buenos Aires es una salvaguarda de sus intereses en la cuenca baja.

A los pampeanos, que hemos puesto políticamente la otra mejilla durante casi 80 años no debería sorprendernos esta actitud de desprecio para con un acuerdo signado por los cinco gobernadores de la cuenca, resultante de múltiples estudios técnicos. Los siete años haciendo oídos sordos al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para con el caso del río Atuel o la intrascendencia de la Comisión Interprovincial para ese río sobran como argumentos.