Sobran los motivos

Aunque cause sonrisas, el viejo refrán de que “el que se quema con leche cuando ve una vaca llora” bien puede aplicarse a la actitud pampeana frente a la creación por parte del gobierno mendocino de un “Consejo Consultivo Permanente de Asuntos Hídricos Interjurisdiccionales, destinado a coordinar la estrategia institucional de Mendoza frente a conflictos, negociaciones y acuerdos vinculados con el uso y administración de recursos hídricos compartidos con otras provincias”.

Más allá del palabrerío que suele acompañar y disimular ciertas resoluciones gubernamentales (en el presente caso, el texto sostiene que "esa experiencia demuestra la necesidad de contar con un sistema permanente de estudio, definición de estrategias y articulación institucional que garantice la unidad técnica y política de la posición mendocina en todos los ámbitos vinculados con aguas interjurisdiccionales"), La Pampa tiene sobrados motivos para desconfiar de esta nueva herramienta gubernamental cuyana, por caso los largos años que Mendoza llevó sin informar al Coirco de ciertas características ambientales de la cuenca; el funcionamiento de la ineficaz Comisión Interprovincial del Atuel Inferior o, en definitiva, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya lleva seis años ignorado por Mendoza. Todos ellos dan para desconfiar –y mucho— de la relación del nuevo organismo con los conflictos que surgirán con la nueva Ley de Glaciares. ¿Qué pretenderá hacer Mendoza con los glaciares y periglaciares que alimentan al río Grande, el mayor afluente del río Colorado? Seguramente los cuyanos –que reconocen que se trata de “una materia históricamente sensible para Mendoza” prevén que las objeciones por el Colorado incluirán también al resto de las provincias de la cuenca.

“No nos da buena espina”, sostuvo el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa ante el anuncio mendocino. Sus palabras están más que justificadas.