Un giro paradigmático hacia la prevención y la justicia

Las conclusiones técnicas alcanzadas en el panel en Mar del Plata configuran una hoja de ruta disruptiva que abandona el enfoque meramente reactivo.

El reciente Congreso de Seguridad Vial de Mar del Plata, organizado por la Fundación Estrellas Amarillas, ha marcado un hito en el abordaje de la siniestralidad vial en el país. En este marco, el Hackatón legislativo se constituyó como un laboratorio de pensamiento crítico de altísimo nivel. Específicamente, la mesa abocada al subtema "Modificaciones a la legislación actual" logró amalgamar la experiencia territorial, la judicatura, la gestión pública, la academia y el dolor transformado en lucha de los familiares de las víctimas.

Este espacio multidisciplinario contó con los valiosos aportes de destacados especialistas: Sebastián Aldao (asesor y abogado institucional de la Fundación Estrellas Amarillas y miembro del instituto de Seguros de CABA); María Luján Rey (directora general del Observatorio de Víctimas de Delitos de la HCDN); Mario Mobilio (Secretario de Relaciones Institucionales de Fepevina); Miriam Roldán (jueza de Faltas Provincial de Merlo); Ezzi Naidich (Representante de MINU); Ana Egido (Dirección de Fortalecimiento para el Acompañamiento a las Víctimas del Ministerio de Justicia de la Nación); Iván Capellari (abogado y Comisario Inspector de la Policía Caminera de Córdoba); Patricio Ernesto Duimich (Director de Legales para Latinoamérica de Applus Iteuve); y Jorgelina Allegro (Jueza de Faltas Provincial de Mar del Plata).

Las conclusiones técnicas alcanzadas por este panel configuran una hoja de ruta disruptiva que abandona el enfoque meramente reactivo y propone una reforma integral basada en pilares estructurales.

El primer pilar se enfoca en las bases de la sociedad: la educación vial obligatoria. El diagnóstico es unánime: la movilidad segura no puede seguir siendo un taller optativo. La mesa propició una reforma curricular integral del País, con el objetivo de proyectar su posterior articulación federal en los niveles secundarios. La propuesta radica en instituir una materia transversal que conceptualice la calle como un espacio de convivencia. Esto implica educar sobre la vulnerabilidad extrema de peatones, ciclistas y motociclistas, visibilizar el profundo impacto socioeconómico y psicológico del siniestro, e incorporar nociones básicas de mantenimiento técnico preventivo. No se busca formar conductores que aprueben un examen de manejo, sino ciudadanos viales conscientes de su responsabilidad colectiva.

Reformas.

El segundo eje aborda las reformas en materia punitiva y de faltas, detectando los vacíos procesales que hoy garantizan la impunidad en los siniestros. Los expertos postulan la incorporación de agravantes específicas ante la reincidencia o conductas de alto riesgo , tales como la conducción bajo los efectos del alcohol, excesos de velocidad punibles y la ausencia de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Sin embargo, el aporte más sustancial es de índole procesal: se impulsa reformar la Ley de Procedimientos Provincial de Faltas (Ley 13.927) de Buenos Aires. Logrado este objetivo, impulsar al resto de las provincias que adopten medidas similares. Esta modificación busca dotar a los jueces de faltas de herramientas operativas e inmediatas de inhabilitación prolongada, en sintonía con el principio de prevención de daños consagrado en el Código Civil y Comercial de la Nación. El derecho de faltas debe dejar de ser una mera caja recaudadora de multas para convertirse en un dique de contención preventivo.

A nivel de la legislación nacional, la impunidad encuentra un freno contundente en el proyecto de reforma del Código Penal, una iniciativa de enorme envergadura impulsada de forma incansable por la Fundación Estrellas Amarillas y Madres del Dolor. Este texto normativo, nacido originalmente en el Senado bajo el Expediente S-1029/2024, obtuvo media sanción por unanimidad en septiembre de 2025. La propuesta establece un severo endurecimiento de penas para quienes cometan homicidios viales o lesiones graves mediante conductas temerarias. Contempla escalas punitivas rigurosas e incorpora como agravantes expresas la alcoholemia positiva, el uso indebido del teléfono celular, el exceso de velocidad, la violación del semáforo en rojo, el conducir sin licencia habilitante y la reiterancia delictiva.

Pese al consenso unánime alcanzado en la Cámara Alta y tras haber tenido sus primeras reuniones informativas en marzo de 2026, el expediente yace tristemente paralizado a la espera de dictamen y tratamiento en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación. Cada día de dilación burocrática en el Congreso representa una desprotección flagrante para los ciudadanos en la vía pública y un dolor que se prolonga para las familias de las víctimas, que exigen con urgencia que este texto se convierta finalmente en ley nacional antes de perder estado parlamentario.

Viejo paradigma.

Finalmente, el consenso más innovador de este Hackatón radica en el concepto circular de la siniestralidad y la responsabilidad por omisión. La mesa de especialistas coincidió en que es imperioso superar el viejo paradigma que deposita la culpa exclusivamente sobre el eslabón más de la cadena: el conductor. El siniestro vial es un fenómeno sociojurídico y presupuestario. En este sentido, se determinó que la falta de inversión estatal en infraestructura vial críticamente deficiente, cuando existen fondos específicos asignados para tal fin, configura una clara responsabilidad funcional por omisión. La trazabilidad presupuestaria emerge aquí como una herramienta de transparencia y exigibilidad. La verdadera justicia vial debe actuar de forma preventiva mediante una correcta y transparente asignación de recursos antes de que ocurra la tragedia, y no únicamente después de que las vidas se hayan perdido.

Las conclusiones del Congreso de Mar del Plata no constituyen un mero catálogo de buenas intenciones; representan un reclamo técnico y ético urgente. La Fundación Estrellas Amarillas, junto a este comité de expertos, ha trazado una agenda legislativa moderna, rigurosa y humanista. Queda ahora en manos de los legisladores y los decisores políticos transformar estos consensos técnicos en leyes concretas, asumiendo que la seguridad vial es, fundamentalmente, la defensa del derecho más elemental de todos: el derecho a la vida.